ANDALUCÍA

Ciudadanos se desmarca del PSOE: hubo una “responsabilidad política brutal”

Los socialistas se quedan solos y son los únicos que creen que “no hay responsabilidad política”. Se apoyan en los archivos juidiciales en algunas provincias.

Susana Díaz, durante una reunión en el palacio de San Telmo en Sevilla.

Susana Díaz, durante una reunión en el palacio de San Telmo en Sevilla. Julio Muñoz

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La comisión de investigación sobre los fondos de formación en Parlamento andaluz tendrá una semana extra para entregar sus conclusiones. Esta prórroga, acordada por unanimidad, y a petición de Podemos e IU, ha sido aprovechada por los partidos para ir adelantando sus posiciones y ha dejado en evidencia que Ciudadanos se desmarca del PSOE: cree que hay una "responsabilidad política brutal” en este escándalo, mientras los socialistas lo niegan.

El distanciamiento de Ciudadanos, sin embargo, no parece que alcance a la presidenta andaluza, Susana Díaz. Aunque fuera la formación naranja quien propiciara que esta tuviera que pasar por el trance de tener que comparecer en esta comisión, y en plena precampaña de las elecciones del 26-J, han defendido desde el principio que esta no tenía responsabilidad, entre otras cosas, porque cuando llegó al cargo ya se había paralizado la concesión de las subvenciones para la formación (se acaban de reactivar tras un parón de cinco años).

No corren la misma suerte los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Según el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, los cursos de formación se convirtieron en un “laberinto” bajo la presidencia de ambos. “Todos los comparecientes y testigos hablan de un descontrol brutal”, ha dicho en una entrevista en Antena 3, considerando que “algo no han hecho bien” y que “alguna responsabilidad han tenido” los dos.

Con esta declaración, Ciudadanos se aparta del PSOE, que niega que haya responsabilidad política alguna. Los socialistas vienen sosteniendo desde hace tiempo que el caso se está convirtiendo en un bluf, y la prueba de ellos son los archivos de esta causa que está repartida por distintos juzgados de Andalucía, siendo el más importante el archivo de la causa en Jaén, que fue el primero por una causa global en una provincia. El archivo respondió a que no se encontró “irregularidad alguna” en el control que la administración sobre la ejecución de los cursos y porque tampoco se vieron indicios de malversación de fondos públicos.

En el PSOE no han querido entrar a valorar las palabras de Marín. La comisión de investigación está en la recta final y quieren esperar a que llegue el pleno del Parlamento en el se fije un dictamen definitivo. Lo que sí tienen claro, como ha explicado el secretario de Organización, Juan Cornejo, es que “no hay responsabilidad política” y que  tanto en la comisión de investigación de los ERE como en la de la formación “hay quien no prender saber la verdad y que se vean mecanismos para corregir lo que se ha hecho, sino hacer daño al contrario”. Los socialistas se han tomado la molestia de revisar lo que defendió el PP en el pleno en el que se decidió la constitución de esta última comisión de investigación y aseguran que coincide con sus conclusiones. Para los socialistas los populares ya iban con el guión escrito desde el principio.

Ciudadanos, con esta maniobra, también se aparta del PP, con quien acaba de abrir un canal de diálogo para los presupuestos andaluces. Los populares son los que han tomado la delantera desgranando sus conclusiones y no sólo han apuntado ya a la presidenta de la Junta de Andalucía y a sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también ven  responsabilidad política en otros 31 cargos o ex altos cargos de la Junta, entre los que incluye a dos consejeros en activo: la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Empleo, José Sánchez Maldonado.

En el borrador de sus conclusiones, Podemos ve “responsabilidades políticas” en la presidenta de la Junta por “cortar los cursos porque había follón judicial y mediático” cuando “su grupo parlamentario decía que no había delito”; y también en el actual consejero de Empleo por “no colaborar con la comisión y no enviar la documentación” que reclamaban; mientras señala que “la mayoría los responsables políticos ya no están en el Gobierno andaluz”.

Aunque IU no ha adelantado nada de sus conclusiones, porque aún las está “afinando”, en otras ocasiones ya ha puesto el foco en la cúpula de la Consejería de Empleo.

Con estos mimbres, todo apunta a que el PSOE se queda solo y es el único que no ve responsabilidades políticas.

La comisión de investigación de los cursos de formación tiene un mal precedente en la comisión de los ERE. Entonces la composición del Parlamento andaluz era muy distinta: el PSOE gobernaba gracias al apoyo de IU, y el PP estaba solo en la oposición. El PSOE quiso reducir la responsabilidad al nivel de los directores generales; IU quiso apuntar más arriba, a la cúpula de la consejería de Empleo señalando a sus titulares, y el PP quiso caza mayor, pidiendo el señalamiento de Chaves y Griñán.

Los populares no cedieron un ápice en sus pretensiones. Los socialistas tampoco. Aquello quedó en una comisión sin dictamen final.

Bronca por la recusación a la juez Núñez Bolaños

En el caso de los fondos de formación también se está a la espera de que se produzca el anunciado archivo de la pieza política de esta causa por parte de la juez instructora, María Núñez Bolaños. Fue en plena campaña electoral cuando se filtró que esta ultimaba el escrito con el que dará carpetazo al caso. El PP, que está personado como acusación popular, ha presentado un escrito en el que pide la recusación de Núñez Bolaños, para que se abstenga en el recurso sobre su petición de que se le haga entrega de certificación o testimonio de las grabaciones originales de las declaraciones de testigos e imputados para incorporarlas a la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración del futuro archivo.

El PSOE ha criticado la estrategia del PP de “atacar continuamente” a Núñez Bolaños “porque no le gusta lo que escuchan” y ha puesto en tela de juicio algunas coincidencias, tanto en el caso de los ERE como en los cursos de formación. La más reciente: el escrito de la Fiscalía contra Chaves y Griñán (6 y 10 años de inhabilitación, respectivamente, además de 6 años de cárcel para el segundo), justo después de que trascendiera que el Supremo había abierto una causa contra Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia.

Cornejo ha planteado que tal vez en Andalucía se estén “utilizando” los poderes del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, para “atacar” a los socialistas. El principal aludido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz (está personado como acusación en el caso de los ERE), ha exigido a Cornejo una rectificación por “atacar” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha advertido que de no hacerlo defenderá su labor “vía tribunales”, según ha informado a Europa Press.