Elecciones vascas

PSOE, PNV y Podemos asumen la legalidad de la candidatura de Arnaldo Otegi

Al otro lado se sitúan PP, Ciudadanos y UPyD, que la impugnarán por ser una "burla a las víctimas".

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi.

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi.

Los partidos vascos se dividen ante la impugnación de la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari por EH Bildu. Mientras PP, Ciudadanos y UPyD han anunciado que la impugnarán, PNV, Podemos y PSE-EE han afirmado que no se van a unir a esta iniciativa.

Según ha explicado el PSE-EE este jueves, no impugnará la candidatura de Otegi porque, si lo hiciera, echaría gasolina "a la campaña de la izquierda abertzale". "Es un asunto que compete a la Justicia", ha asegurado.

De este modo, los socialistas vascos se unen al PNV y Podemos Euskadi, que ya habían defendido con anterioridad el "derecho" del líder de EH Bildu a concurrir a los comicios vascos, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre.

Al otro lado se sitúan PP, UPyD y Ciudadanos, que impugnarán la candidatura del histórico líder de la izquierda abertzale al entender que es una "burla a las víctimas del terrorismo".

Para el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, la actitud del PSE-EE es "lamentable, aunque nada sorprendente". "Hacer la campaña a Bildu", ha señalado, no es "defender la legalidad vigente" sino, a su juicio, "lo contrario: tener complejos, ceder ante los matones, asumir parte del ideario nacionalista o mirar para otro lado cuando sobre quien pesa una sentencia clara pretende saltársela". "Todo esto sí que es hacer la campaña a los que siguen despreciando a las víctimas", ha afirmado.

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha calificado de "broma de mal gusto" y de "ilegal" que Otegi pretenda ser candidato a lehendakari, ya que "está inhabilitado para el cargo", por lo que su partido también presentaría un recurso.

Durante estos días, Arnaldo Otegi ha desafiado abiertamente a la justicia. El candidato apuntó que "no va a haber tribunal, ni Estado ni Guardia Civil, ni Ejército español que vayan a impedir" que concurra como candidato a lehendakari. Así, aseguró que su postura va a ser "similar" a la que defienden el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tras la advertencia del Tribunal Constitucional por la tramitación de las leyes de la desconexión. El líder de Sortu afirmó que sólo debe "obediencia al pueblo".

Este viernes, el candidato de EH Bildu ha respondido a quienes pretenden que no puede presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas con una frase del poeta chileno Pablo Neruda: "podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera".

Dos días para impugnarla

Otegi está inhabilitado para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo (ser candidato) y ocupar cargos públicos hasta 2021. Las bases de EH Bildu, sin embargo, eligieron el pasado mayo que fuera el líder de Sortu quien encabezara la lista para los comicios vascos.

Queda menos de una semana para que los partidos presenten sus candidaturas. El plazo establecido es entre el 17 y el 22 de agosto. Dos días después, el 24 de agosto, se publicarán las listas presentadas en el Boletín Oficial del País Vasco; entre el 25 y el 26, los repre sentantes territoriales de las candidaturas pueden impugnarlas.

Después, la Junta Electoral Provincial que reciba una impugnación remitirá esa denuncia al representante de la candidatura impugnada. Al presentarse Otegi como cabeza de lista por Gipuzkoa, las impugnaciones se tendrán que presentar ante la Junta Electoral Provincial de este territorio, que daría después traslado a los representantes de la candidatura de EH Bildu. Estos tendrán dos días para alegar lo que consideren pertinente. El 29 de agosto se hará la proclamación definitiva de las listas.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha recordado este jueves que la posición del Ministerio Público sobre este caso compete a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que le corresponde "adoptar las iniciativas legales para el cumplimiento de la pena de inhabilitación".

Inhabilitado para ser candidato

Arnaldo Otegi abandonó la cárcel de Logroño el pasado 1 de marzo después de cumplir seis años y medio de condena por tratar de reconstruir la ilegilazada Batasuna "siguiendo las instrucciones de ETA" a través del proyecto Bateragune. Así lo consideró el Tribunal Supremo, que en 2012 rebajó a Otegi la pena de diez años que antes le había impuesto la Audiencia Nacional.

Arnaldo Otegi a su salida de la cárcel de Logroño.

Arnaldo Otegi a su salida de la cárcel de Logroño.

Lo que sí que mantuvo el alto tribunal fue la pena que le impuso a diez años de "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público", que continúa vigente hasta 2021.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, afirmó que las leyes son "claras" y establecen que si está inhabilitado "no se puede presentar por mucho que diga", aunque explicó que es la Junta Electoral la que tiene que "verificar" si reúne los requisitos para poder presentar su candidatura. Asimismo, para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), las declaraciones de Otegi son "contrarias" a lo dictaminado por una sentencia firme del Tribunal Supremo: "No se puede saltar, ni él ni otra persona, las sentencias firmes irreversibles".

Un precedente: Iker Casanova

Existe un precedente en la izquierda abertzale. Es el del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, que sustituyó en 2014 a la portavoz del grupo en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi. Como en el caso de Otegi, sobre Casanova pesaba una pena de inhabilitación para cargo público (por el caso Ekin).

La sentencia de Casanova, tanto la de la Audiencia Nacional como la posterior revisada del Tribunal Supremo, no especificaba los cargos públicos a los que afectaba dicha inhabilitación, por lo que pudo salvar su puesto.

En el caso de Otegi, es la Junta Electoral y la justicia ordinaria las que deben pronunciarse sobre la posibilidad de presentarse como candidato.