Álvaro Pérez en el TSJ de Valencia.

Álvaro Pérez en el TSJ de Valencia. MANUEL BRUQUE Agencia EFE

España Tribunales

‘El Bigotes’ se querella en el Supremo contra los jueces de la Gürtel valenciana

Un perito certifica que la versión de los magistrados sobre seis correos que recoge la sentencia es "técnicamente imposible".

Daniel Montero Alejandro Requeijo

Querella por prevaricación para los tres jueces de la Gúrtel valenciana. La defensa de Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los principales implicados en el caso, ha acusado a los tres magistrados ante el Tribunal Supremo de utilizar en su sentencia correos electrónicos que, según su denuncia, no estaban en la causa. El escrito de Pérez ante el tribunal refleja que la sentencia del caso, que sirvió para condenar al empresario Francisco Correa y a sus colaboradores a más de 12 años de prisión por cabeza, se sustenta en seis correos electrónicos que los jueces incorporaron pero que no aparecen en el sumario del caso. La querella, presentada la semana pasada y que todavía está pendiente de admisión, se fundamenta en un peritaje informático que refleja textualmente la “imposibilidad técnica” de la versión aportada por los magistrados sobre estos correos y siembra la duda sobre su cadena de custodia.

Así, el escrito presentado ante el alto tribunal la pasada semana pide investigar a los tres miembros del TSJV que juzgaron la rama valenciana de la Gürtel (Pilar de la Oliva como presidenta, Antonio Ferrer y Juan Climent Barberá) por “un delito continuado de prevaricación” y otro “contra la libertad individual” al decretar la prisión de Álvaro Pérez tras una sentencia que recoge los seis correos ahora cuestionados. Además y como medida cautelar, el abogado de Pérez solicita su puesta en libertad inmediata, con el argumento de que su prisión -que todavía no es firme- se dictó sobre pruebas viciadas e improcedentes.

El 10 de febrero de 2017 y tras casi ocho años de instrucción, los tres magistrados condenaron al empresario Francisco Correa y a otras seis personas acusadas de colaborar en una trama para manipular contratos de la Generalitat Valenciana. La sorpresa llegó cuando las defensas tuvieron acceso a la sentencia del caso. No porque las penas alcanzaran los 16 años de prisión, sino porque parte de los principales delitos se sustentaban sobre unos documentos y correos electrónicos desconocidos para los abogados.

Una pericial sobre la mesa

Fue entonces cuando el letrado de Álvaro Pérez solicitó una aclaración. Una explicación formal sobre la ruta de acceso a los citados correos, "no habiendo podido ser localizados en las rutas referenciadas". En su escrito de aclaración, los tres magistrados explicaron que los correos fueron copiados de los ordenadores personales de Isabel Jordán, una de las trabajadoras de Francisco Correa, y analizados con un sistema informático llamado UnDBX.

Es aquí donde la pericial aportada por Álvaro Pérez es especialmente crítica. El dictamen técnico concluye que "es total y absolutamente imposible que los ficheros mencionados se reproduzcan con el literal expresado, ya que de ser extraídos con cualquiera de las versiones existentes de UnDBX, el formato de los archivos es claramente diferente en cuanto a su texto, introduciendo datos de emisor, receptor y códigos alfanuméricos en la descripción del texto". Además y según detecta el perito, "el número de serie del disco duro donde se ha encontrado la información es totalmente diferente al disco duro depositado en la notaría por la señora Jordán".

En total, el trabajo informático enumera 17 presuntas irregularidades en las pruebas cuestionadas, que de confirmarse, pondrían incluso en peligro la autenticidad de la cadena de custodia de los citados correos.  

Petición de declaraciones

Con estos argumentos, el abogado de Álvaro Pérez solicita al Supremo la imputación de los tres magistrados por basarse en unos medios de prueba "completamente contaminados [...] que no aparecían en la causa, que no aparecieron en fase de instrucción, ni fueron objeto de prueba en el plenario" y en los que cabe "perfectamente la existencia de manipulación".

En el escrito, el letrado pide que se tome declaración a los tres jueces en calidad de querellados, y a otras 16 personas entre condenados en la Gürtel valenciana, peritos, agentes de la Policía Nacional y funcionarios del juzgado donde se trabajó con los citados documentos. Además, solicita como medida cautelar que Álvaro Pérez sea puesto en libertad, en una medida que podría arrastrar también a Francisco Correa y Pablo Crespo, los dos principales condenados por el caso.