Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Ángel Medina G.

España SE PRESENTAN EL 31 DE MARZO

Ni una sola ley en cinco meses: Santamaría corteja a Canarias para salvar los Presupuestos

La vicepresidenta se ve con Clavijo con la mirada puesta en el diputado de Nueva Canarias empotrado en el PSOE.

Ana I. Gracia Jorge Sáinz
El Gobierno trabaja contrarreloj para terminar de elaborar los Presupuestos Generales del Estado que llegarán al Consejo de Ministros del 31 de marzo y posteriormente se debatirán en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que no ha conseguido sacar ni un solo proyecto de ley desde que gobierna en minoría, se ha propuesto como objetivo aprobar las cuentas del Estado como condición previa a que la legislatura sea duradera. Si el Parlamento se alía para tumbarlos, nadie en el equipo del presidente descarta que disuelva las Cortes y convoque elecciones.
A priori, el Gobierno apela a la responsabilidad de los demás grupos políticos para intentar sacar adelante unos Presupuestos que darían estabilidad al país. De momento, Ciudadanos ha sido el primer partido político que ha dicho públicamente que está dispuesto a respaldar los Presupuestos. Albert Rivera lo dijo el domingo en Cádiz: si se respetan los compromisos adquiridos, el partido naranja votará sí. El Partido Nacionalista Vasco también tiene apalabrado el voto afirmativo de los cinco diputados que tiene el grupo en el Congreso siempre y cuando el PP tenga atado el voto 176 diputados, el mínimo que necesitan para sacar el proyecto adelante.
Con PP (137 escaños), Ciudadanos (32) y PNV (5), el Gobierno necesitaría arañar dos síes más para poder aprobar los PGE. En el PSOE, en plena guerra por el control del partido, nadie estaría dispuesto a abstenerse para aprobar las cuentas del PP. Sería su tumba. En Unidos Podemos ya han anunciado una enmienda a la totalidad que obligará a cada partido a retratarse. En esa endiablada quiniela, el Ejecutivo mira con mimo hacia Canarias, donde dos partidos cuentan con un asiento en el Parlamento: Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Principio de acuerdo con Coalición Canaria

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha viajado este mismo lunes hasta la isla de Gran Canaria para mantener un encuentro con el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, donde se ha comprometido a cumplir seis de los catorce puntos recogidos en la agenda canaria. Con el voto afirmativo de la diputada de CC en el Parlamento, Ana Oramas, sacar adelante las cuentas del Estado o tumbarlas dependerá de un solo hombre: Pedro Quevedo, el parlamentario de Nueva Canarias que también ha puesto la agenda de su región como condición indispensable para sentarse a negociar.
Ciudadanos confía en lograr medidas que incrementen el gasto social en unos 4.000 millones de euros. Parte de ese trabajo ya se ha realizado en estos meses. La ampliación del permiso de paternidad a un mes, ya vigente, es un ejemplo. Lo más probable es que las cuentas incluyan un complemento salarial para jóvenes, que Toni Roldán ha negociado con la ministra de Economía, Fátima Báñez.
Hay otros puntos que están todavía en el aire, y que aparecen en el pacto de investidura que firmó Mariano Rajoy. Son planes contra la pobreza infantil o inversiones educativas que recogen, por ejemplo, la gratuidad de libros de texto. "Hay que acostumbrarse a la nueva situación. El hecho de que hagan falta acuerdos amplios para aprobar leyes es bueno", dicen desde la dirección de Ciudadanos. "Los partidos tenemos que tener capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos".
Si el Gobierno consigue el apoyo de 176 diputados del Parlamento, dar luz verde a los Presupuestos será el primer hito de gran envergadura de la presente legislatura. Es el único camino que evitaría una nueva cita con las urnas en los próximos meses, ya que el Congreso de los Diputados no ha aprobado una sola ley desde el comienzo de la legislatura hace ocho meses. El Gobierno del PP ha congelado su iniciativa legislativa ante las dificultades que está encontrando para negociar.

La actividad legislativa, reducida a cero

En la legislatura que comenzó tras las elecciones del 26 de junio, el Gobierno ha reducido prácticamente a cero su actividad legislativa. Los diez reales decretos aprobados en casi cinco meses han sido parches fruto de la necesidad. Antes incluso de la investidura, por ejemplo, se modificó la ley electoral para evitar que unas hipotéticas terceras elecciones se celebrasen el día de Navidad.

También se ha aprobado la subida de impuestos, el techo de gasto, la subida del 8% del salario mínimo y otras medidas para cumplir la sentencia de las cláusulas suelo o acabar con las reválidas de la Lomce. Otro real decreto ha sido la prórroga del bono social. La reforma de la estiba, una exigencia de Bruselas, fue finalmente derogada.

Rajoy llevó trece reales decretos al Parlamento sólo en los tres primeros meses del 2012, cuando gobernaba con mayoría absoluta. Uno de ellos, por ejemplo, fue la reforma laboral. Los Presupuestos serán el primer proyecto de ley que Rajoy lleve al Parlamento. También fue la última ley que aprobó el Congreso de la mayoría absoluta del PP en 2015. Sólo ese año, sin contar reales decretos, el Parlamento aprobó casi 50 leyes.

En la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, por citar otro ejemplo, el Congreso aprobó una Ley Orgánica de medidas contra la violencia de Género, cuatro leyes y una decena larga de decretos leyes. Rodríguez Zapatero estaba también en minoría parlamentaria.