Fallecieron dos policías

La Audiencia Nacional avala investigar al embajador de Kabul por homicidio imprudente

Desestima los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado, que pedían archivar la causa sobre el papel de la embajada en el ataque talibán.

Funeral por los dos policías asesinados en Kabul.

Funeral por los dos policías asesinados en Kabul.

“Los querellantes tienen derecho a que se investigue la falta de diligencia atribuida a las autoridades españolas”. De esta forma tan contundente se muestra la Audiencia Nacional en un auto en el que avala la investigación iniciada contra el embajador de Kabul y su ‘número dos’ por sus presuntas negligencias en materia de seguridad antes del atentado talibán de diciembre de 2015 que costó la vida a dos policías que integraban el equipo de seguridad de la embajada.

El pasado 30 de septiembre los familiares de uno de los agentes asesinados y otros siete policías que estaban ese día en la embajada presentaron una querella contra el responsable de la delegación diplomática en la capital afgana, Emilio Pérez de Agreda, y su segundo Oriol Solá Pardel, actualmente en otro destino. Ambos se encuentran formalmente investigados y ya han tenido que prestar declaración por estos hechos. La querella también iba dirigida contra los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente y siete homicidios imprudentes en grado de tentativa.

Fiscalía y Abogacía del Estado

La Fiscalía se opuso a esta investigación al considerar no se puede achacar a los responsables de la embajada responsabilidad en las muertes de los policías y las lesiones de sus compañeros. El Ministerio Público solicitó que se siguiese investigando solo el atentado terrorista llevado a cabo por los talibán (los autores materiales del asalto murieron abatidos en la misma embajada tras 12 horas de asalto). Por su parte, la Abogacía del Estado, en otro escrito, pidió el archivo de la causa.

Ahora la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestima estos recursos y confirma la decisión del juez instructor, Santiago Pedraz, quien decidió investigar las dos vías; tanto el hecho terrorista como las presuntas negligencias de los responsables de la embajada.     

Documentos confidenciales 

El pasado 13 de enero, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva diversos informes confidenciales sobre las medidas en la embajada que demuestran que el Gobierno mintió al asegurar que la seguridad del complejo diplomático era suficiente ante un ataque terrorista. El Ejecutivo mantuvo esta tesis después de que dos agentes españoles murieran en el ataque del 11 de diciembre de 2015 a manos de terroristas.

En un informe emitido el 2 de junio de 2016, seis meses después del atentado, los responsables del Ministerio del Interior mantuvieron que la seguridad de las embajadas españolas en zonas de conflicto son "siempre muy elevadas e intensas" y que la de Kabul lo era "si cabe, mucho más".

Sin embargo, los informes confidenciales elaborados por el equipo de seguridad de la embajada (pertenecientes a la Policía Nacional) a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dice todo lo contrario: que las instalaciones dependientes de Exteriores carecían de "unos parámetros mínimos de seguridad" dada su ubicación y que eran necesarias y "urgentes" varias reformas para garantizar el trabajo de los funcionarios. Nunca se realizaron.

Las cámaras de seguridad

Tras el auto de la Sección Cuarta, fechado el pasado viernes, la causa vuelve al juez Pedraz, que podrá seguir instruyendo. La defensa de los policías había solicitado una serie de diligencias que ahora podrían ser atendidas por el magistrado. Entre otras cosas, las víctimas piden las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad de la embajada los diez días antes del ataque para poder ver qué personas entraron en la legación diplomática. Sospechan que el atentado se pudo planificar desde dentro. “Que se proceda al cotejo de dichas imágenes con la de los autores materiales del atentado terrorista a fin de averiguar si habían accedido con anterioridad a dicha embajada”.

Los policías de la embajada también piden al juez entre las diligencias de investigación que solicite al Ministerio de Exteriores de Francia el contenido de un correo electrónico remitido por la Agregaduría francesa horas antes del atentado en el que advertían del riesgo de ataque inminente. Esa alerta nunca fue comunicada al equipo de seguridad de la embajada.