MÁLAGA

Cortes de la Frontera, el paraíso quebrado del corcho

El pueblo de menos de 4.000 habitantes afronta la ruina total, con sus empleados públicos sin cobrar desde 2015 y un acuerdo con una multinacional que les impide negociar el precio de su mayor tesoro.

Protesta de los funcionarios de Cortes en la Diputación de Málaga.

Protesta de los funcionarios de Cortes en la Diputación de Málaga. Europa Press

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El mayor bosque de alcornocales de toda España alfombra el suelo de Cortes de la Frontera, un pueblo de 3.700 habitantes al oeste de la provincia de Málaga. Pero el corcho que viste esos árboles, y que podría hacer rico al municipio, no llena las arcas municipales, agujereadas por las deudas de anteriores corporaciones. Diez meses llevan sin cobrar sus nóminas los 60 empleados municipales, que parecen protestar en el desierto pese a vivir en la frontera de dos parques naturales.

La asfixia no es nueva. En 2011, cuando el PSOE abandonó la Alcaldía, la deuda del Ayuntamiento alcanzaba los 14 millones de euros. Ya en 2012 los funcionarios del Ayuntamiento se concentraban en la calle tras varios meses sin cobrar sus salarios. Los últimos años han visto como se repetía una situación que el actual equipo de gobierno achaca al sobredimensionamiento de la plantilla municipal durante los años de vacas gordas.

En su etapa dorada, de hecho, el Consistorio llegó a pilotar un cámping, un hotel y un restaurante de titularidad pública, y a promover la construcción de un gran teatro y de una residencia, todo con fondos públicos. El flujo de excursionistas era continuo. No en vano el municipio se yergue en plena Serranía de Ronda, junto al parque natural de Grazalema y al de los Alcornocales, en un enclave de enorme belleza y atractivo para el turismo, que atrajo en su día a una importante cadena hotelera, que arrendó durante años el hotel municipal, convirtiendo el establecimiento en un gran negocio para el Ayuntamiento.

Hoy, el viento silba entre la herrumbre de los barrotes y levanta los matojos recrecidos del abandonado jardín del hotel. El restaurante y el cámping permanecen vacíos. Igual que el enorme teatro o que la residencia que se había proyectado. El Consistorio tendrá incluso que devolver las subvenciones recibidas para su construcción, al no concluir las obras en el plazo previsto. Una losa más para las agónicas cuentas municipales.

El periodo 2011-2015 no trajo la recuperación al municipio. Pese a las penurias y para sonrojo general, el nuevo alcalde, el andalucista Antonio Granero, decidió por decreto, dos años después de llegar al cargo, subirse el sueldo: pasaría de cobrar 900 a embolsarse 2.500 euros netos al mes. Eso sí, la subida tendría carácter retroactivo. El pueblo se amotinó, y unas 500 personas se echaron a la calle pidiendo su dimisión. Entre los manifestantes había incluso algunos antiguos componentes de su candidatura. Su partido le abrió expediente de expulsión, y meses más tarde, el PSOE lo llevó a los tribunales por irregularidades en la contratación de personal y en la recogida del corcho.

El corcho. El material que rebanan con esmero enjambres de artesanos desde el tronco de los alcornoques había sido el sostén económico del municipio desde tiempo inmemorial. Su comercialización podría haber amortiguado el golpe y salvado al municipio del desastre. Pero el pueblo hipotecó en 2014 su gallina de los huevos de oro.

La deuda era por entonces tal que, para aliviarla, el equipo de gobierno negoció un mal acuerdo con una multinacional, un contrato por cinco años en condiciones muy beneficiosas para la empresa, a cambio de ingresar el primer año un adelanto de 1,5 millones de euros. Atados de pies y manos, los corcheros no pueden ahora subir ni un céntimo el precio del precioso material, mientras contemplan cómo crecen los precios en los municipios vecinos. Se calcula que Cortes no obtendrá beneficios del corcho al menos en una década.

EL DOBLE DE EMPLEADOS MUNICIPALES

En el primer semestre del año 2015, y en un último intento por ganar las elecciones, el equipo de gobierno de Granero llegó a doblar el número de empleados municipales. No les sirvió de nada; las elecciones municipales no las ganó ningún partido político, sino una plataforma de vecinos preocupados por la situación, y que decidió saltar a la palestra de la mano de un profesor jubilado, el hoy alcalde José Damián García, que vive ahora dedicado a lograr una salida para la paupérrima situación del municipio. La solución, sin embargo, no llega.

El equipo de gobierno ha planteado incluso la subida de algunos impuestos para llenar las arcas municipales y poder pagar a empleados y proveedores. La impopular medida está haciendo surgir ya las primeras críticas en el pueblo. “¿Con qué pagaremos si no cobramos?”, se quejan algunos de los trabajadores municipales, que incluso sugieren que se les condonen esos impuestos reduciendo el montante de las nóminas pendientes.

Hace unos días los empleados municipales volvían a manifestarse a las puertas del Consistorio. “No llegamos a fin de mes, sobrevivimos a base de pedir y pedir a la familia, y poco pueden darnos ya más”, se quejaba Cristóbal, un carpintero de 47 años que, este año, ha tenido que decirla a su hija que no podría estudiar en la Universidad.

GALIMATÍAS JURÍDICO

El principal problema para que Cortes perciba ayudas directas de otras administraciones es que legalmente esas subvenciones no se pueden otorgar si su finalidad es el pago de las nóminas de la administración local. Por eso las gestiones del alcalde han sido un clamar en el desierto.

Los trabajadores, sin embargo, no entienden que no se atienda una situación que consideran “grave y extraordinaria”, y proponen desde vender patrimonio municipal hasta negociar con otras administraciones el pago de determinados impuestos y deudas. "Si esto fuera Marbella no estábamos aquí. Pero esto es Cortes de la Frontera", se quejan.

Por si fuera poco, el actual equipo de gobierno deberá afrontar ahora el pago de las indemnizaciones por despido ligadas a los recortes de personal que emprendieron a partir de 2015. Porque junto a las plazas amortizadas, se acometieron despidos, que la Justicia ha declarado ahora improcedentes. “Esto no se arregla en cuatro años”, señalan desde el equipo de gobierno.

Mientras, los empleados municipales, que llevan sin cobrar desde diciembre de 2015, acuden cada mañana al trabajo y siguen haciendo labores administrativas, de albañilería o de policía local. Siguen haciendo que su pueblo funcione.