CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA

La Fiscalía pide el archivo de la pieza política de los cursos de formación

Susana Díaz se congratula porque se “desmonta la gran farsa” del PP con este caso.

Susana Díaz, frente al Parlamento de Andalucía.

Susana Díaz, frente al Parlamento de Andalucía. EFE

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El anunciado archivo de la pieza política de los cursos de formación está cada vez más cerca. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez del caso, María Núñez Bolaños, el sobreseimiento de la pieza que afecta a 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, vinculados todos ellos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y entre los que se encuentra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados provinciales. La razón: no queda acreditada la comisión de delito alguno.

La Fiscalía argumenta en su escrito que de la investigación de la Guardia Civil no se puede identificar “a un grupo de beneficiarios favorecidos por órganos superiores” por afinidad política u otros motivos. Con esto, se desmonta la teoría de la anterior instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, de que desde la Consejería de Empleo se daba la orden a las delegaciones provinciales para que no se controlara los fondos destinados a la formación o para que se dictaran resoluciones de exceptuación o exoneración para seguir concediendo ayudas (no ve delito de prevaricación), favoreciendo así “una red de clientelismo político”.

Pese a ello, la Fiscalía no pasa por alto que no hay determinados empresarios y personas beneficiarias de subvenciones cercanas a la Junta, como el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda (su entramado empresarial constituye por sí solo una de las nueve piezas en las que ha sido dividida esta macrocausa) o del ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco (dimitió de su cargo al trascender que al empresa de su mujer había recibido fondos para la formación), aunque puntualiza que en las líneas de investigación abiertas, en los informes sólo se les menciona de forma “esporádica”.

A la vista de esta petición de la Fiscalía, se prevé que en breve Núñez Bolaños dicte el ya anunciado auto en el que archivará esta pieza, al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas. Este no sería el primer archivo, pero sí el más importante por ser el que señalaba a la cúpula de la Consejería de Empleo. Ha habido otros archivos parciales de esta causa, que está repartida en 16 juzgados, y un archivo global en la provincia de Jaén.

El caso también se desinfló después de que el Tribunal de Cuentas llegara el pasado es de junio a la conclusión de que no había ni ilícito contable ni menoscabo de fondos públicos tras analizar el informe de la Cámara de Cuentas andaluza en el que detectó presuntas irregularidades contables en la fiscalización del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de los ejercicios 2009-2010 y el seguimiento de las recomendaciones de 2014. La resolución allanó el camino para el probable archivo de la pieza política.

La petición de la Fiscalía llega menos de 24 horas después de que los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz presentaran sus conclusiones en la comisión de investigación por los fondos de formación. Salvo el PSOE, que niega existencia de trama alguna y que no existe tal caso, todos los partidos han visto distintos grados de responsabilidad política.

PP, Podemos e IU han coincidido en elevar la responsabilidad política a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a pesar de que ella no estaba en el Gobierno cuando se produjeron estos hechos, pero sí por la paralización de los cursos hasta este año. Aunque Ciudadanos (C's) sí le ha exculpado, coincide con las otras cuatro formaciones en que los ex presidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán como los máximos responsables políticos.

Como principal beneficiaria del paso dado por la Fiscalía, Susana Díaz se ha congratulado porque con este escrito se “desmonta una gran farsa” del PP, que “sólo pretendía hacer daño a gente honrada y honesta”, ha subrayado.

De nuevo los ERE

Fue precisamente el ex consejero de Empleo Antonio Fernández quien en esta comisión de investigación anunció que el caso de los fondos de formación era un bluf. A pesar del paso hacia el archivo de esta causa, Fernández se ha visto hoy de nuevo señalado por el caso de los ERE. El juez de refuerzo del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha procesado a un total de doce personas, entre ellas, seis ex altos cargos de la Junta como Fernández, o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en relación a la ayuda sociolaboral concedida a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el auto, el magistrado ha determinado la posible existencia de un delito continuado de prevaricación y con un delito continuado de malversación en el procedimiento de ayuda de la Consejería de Empleo con ocasión del ERE en la empresa Acyco. Para el juez, la investigación de los hechos demuestra que “autoridades o funcionarios han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos”.

La empresa Acyco solicitó una ayuda para afrontar un ERE, y tal y como recoge el auto, el pago de las prejubilaciones se articuló mediante tres pólizas y en una de ellas estaban incluidos dos intrusos, es decir, dos personas que carecían noeran trabajadores de la empresa. El pago de estas primas se hizo con recursos de la Consejería, a través de la firma de un protocolo entre la propia Consejería y la Dirección General de Trabajo que “no estuvo precedida de la tramitación del expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda con sujeción a los requisitos y controles pertinentes”.

El auto también recoge que en 2010 se concedió a Acyco una ayuda excepcional para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, pese a que en tales fechas la empresa no alcanzaba ese número de trabajadores, llegando tan sólo a los 107 empleados. Esta ayuda ascendió a los, 109.620 euros y su objeto real era atender los costes asociados al proceso de regulación de empleo de la empresa.