Operación Púnica

El exdiputado madrileño Daniel Ortiz niega las 'mordidas' de Púnica

El exalcalde de Móstoles ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el amaño de un contrato a favor de Cofely a cambio de 240.000 euros.

El TSJM ya no es competente de juzgar a Daniel Ortiz

El TSJM ya no es competente de juzgar a Daniel Ortiz

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El exdiputado regional Daniel Ortiz ha negado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haber recibido una mordida de 240.000 euros a cambio de favorecer a la empresa Cofely con un contrato en su época como alcalde de la localidad madrileña de Móstoles.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Ortiz, que ha declarado en calidad de investigado, ha asegurado que el contrato otorgado a Cofely se hizo dentro del marco legal y está avalado por el Tribunal de Cuentas. El exmiembro del equipo de la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha entregado toda la documentación para acreditar que él no intermedió para que la empresa energética consiguiera el contrato sino que se hizo respetando todos los trámites legales.

El juez Velasco decidió citar en calidad de investigado después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se señalaba a Ortiz como la persona que intermedió para que Cofely, empresa de la trama Púnica, consiguiera un contrato de más de 70 millones en Móstoles, “independientemente de cuál fuera a oferta más ventajosa”.

A cambio, la empresa central de la trama Púnica habría repartido entre el ex alcalde y otros compañeros del Ayuntamiento una 'mordida' de 240.000 euros. De la investigación se desprende cómo responsables municipales, intermediarios y altos cargos de la empresa energética urdieron un plan para echar del concurso a la francesa Dalkia y a la mostoleña Fulton, que fueron apartadas por un supuesto error en las ofertas presentadas.

Daniel Ortiz firmó en junio de su puño y letra un Código Ético cuando fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid y se comprometió a abandonar su escaño en el caso de ser imputado o investigado por corrupción u otros delitos que provoquen “alarma social”, tal y como ocurrió tras su citación judicial.