ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz no quiere a Gas Natural en Doñana

Piden al Gobierno central que rectifique y analice los impactos ambientales acumulativos de los cuatro proyectos de la compañía.

Dos excavadoras realizando obras para Gas Natural en el parque de Doñana.

Dos excavadoras realizando obras para Gas Natural en el parque de Doñana. Efe

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El Gobierno andaluz ha utilizado el Parlamento para dejar claro su no rotundo al proyecto gasístico en el entorno de Doñana de la compañía Gas Natural. Las obras comenzaron el pasado lunes. Son cuatro proyectos que engloban, según los ecologistas, la construcción de 70 kilómetros de gasoductos y 16 pozos de extracción de gas, además de un almacén en el subsuelo, con un coste de 200 millones. Pero la Junta asegura que no puede hacer nada. Hay limitaciones legales y competenciales que le impiden intervenir, colocando así la pelota en el tejado del Gobierno central.

A la Junta ya le han exigido la paralización cautelar de una actuación de riesgo cerca de la joya medioambiental de la corona, pero dice que no puede. El macroproyecto de Gas Natural está divido en cuatro proyectos distintos, dos en el ámbito del parque y otros dos fuera (uno de ellos está a tan sólo 200 metros del parque natural y a dos kilómetros del parque nacional), y aquí la administración autonómica, como explicó en el pleno el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, sólo puede actuar dentro de los límites de espacios naturales protegidos.

A esto se añade un elemento en contra más: se han presentado cuatro proyectos y no uno solo, lo que impide medir su impacto ambiental acumulativo. Para Fiscal, es el  Gobierno central el único que tiene la competencia para dar las autorizaciones y la declaración de impacto ambiental, es decir, tiene la primera y la última palabra y, por eso, han permitido la división en subproyectos para esquivar el escollo.

Ante esta situación, la petición de la Junta al Gobierno es que este “rectifique” y permita la evaluación conjunta de los cuatro proyectos para tener en cuenta los impactos ambientales acumulativos que podrían causar en el Espacio Natural de Doñana (que abarca el parque nacional y natural). Como por ahora no ha sido atendida, la Junta ya lo ha trasladado a la Comisión Europea.

Dentro del escaso margen de maniobra que le queda, el Ejecutivo andaluz ha intentado frenarlo con la autorización ambiental unificada a los proyectos. Dos han sido favorables pero una es desfavorable y, al ser troncal para el desarrollo de los tres restantes, según Fiscal, esto deja a estos subproyectos “inviables”.

A esto se suma otro intento. En 2014 se paralizaron los proyectos por la reclamación de la Junta al Gobierno central de la revisión de la declaración de impacto ambiental para que se tuvieran en cuenta los impactos acumulativos de todos los proyectos. Gas Natural demandó y exigió una reclamación patrimonial a la administración andaluza de 358 millones.

“Salvo prevaricar, voy a hacer todo lo que está en mi mano para que Doñana no sea un almacén de gas”, ha insistido el consejero.

Connivencia y Felipe González

Con estos argumentos, la Junta ha querido sacudirse la acusación de connivencia que le ha llovido desde otros partidos, en especial, PP, IU y Podemos, por haber concedido la autorización ambiental unificada (de no hacerlo, la Junta habría prevaricado). Y también otra más, en este caso vinculado a las puertas giratorias, por haber estado sentado en el consejo de administración de Gas Natural el expresidente socialista Felipe González, que también lo estuvo en el Consejo de Participación de Doñana.

Desde IU se ha puesto el dedo en la llaga. A la espera de autorizaciones y declaraciones ambientales, ha arrancado el primer proyecto, las obras continuarán a la espera de recibir los que les aún les quedan y si estos al final son negativos, ya está la infraestructura hecha. Una “barrabasada” de política hechos consumados, como la ha definido el parlamentario de IU José Antonio Castro. Podemos, aún disconforme con las autorizaciones dadas por la Junta, ha reconocido que la responsabilidad es del Gobierno central y ya ha pedido la comparecencia del ministro Luis de Guindos en el Congreso de los diputados.

El PP ha querido colocar un espejo delante del PSOE para mostrarle sus contradicciones con un proyecto que, si bien inició su andadura en 2003, fue en 2008 cuando recibió autorización administrativa, es decir, en la etapa de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Y la autorización ambiental unificada ha sido dada por la Junta hace tan sólo cinco años. “Arrancó el proyecto con el PSOE gobernando en el país y en Andalucía”, ha dicho el popular Manuel Andrés González, quien ha acusado a la Junta de “manosear” Doñana, mientras ha defendido que existe compatibilidad entre la protección medioambiental y el desarrollo económico.