Condenado por no pasar la pensión a su exmujer a pesar de tener un iPhone

Tener un teléfono de alta gama, como un iPhone, ha llevado a un vecino de Coín (Málaga) que no pasaba la pensión a su exmujer desde 2013 a ser condenado al abono de todas las cuotas impagadas –a razón de 200 euros mensuales- y de 2.700 euros de multa, que en caso de no ser abonados podrían llevar al condenado incluso a la cárcel.

La sentencia fue dictada el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga y considera que el acusado cometió un delito de abandono de familia por impago de pensiones.

Sufragar los gastos del hijo

Según el juez, el acusado hizo caso omiso del convenio aprobado junto a la sentencia de su divorcio, que se produjo por mutuo acuerdo en febrero de 2013. En dicho documento se establecía la obligación de que abonara mensualmente 200 euros en concepto de pensión alimenticia a su exmujer para sufragar los gastos del hijo que habían tenido en común.

El acusado no pagó ni una sola de las cuotas y en su favor alegó que carece de trabajo y que realiza chapuzas para lograr algunos ingresos. También que tuvo que vender un inmueble para pagar una deuda con Hacienda. El juez, sin embargo, consigna en la sentencia que tiene un teléfono tipo iPhone, que viaja con su nueva pareja a bordo de una furgoneta y que se está construyendo una piscina en su domicilio.

Viajes, piscina y móvil de alta gama

“Con su nueva pareja lleva una vida social que implica realizar desembolsos económicos como viajes, construcción de una piscina, abono de una tarifa para su móvil de alta gama, salvo que su nueva pareja lo mantenga económicamente, aspecto éste por cierto no acreditado”, señala el juez en la resolución.

La exmujer del encausado denunció los hechos en los juzgados gracias al relato que le hacía su hijo cada vez que regresaba de haber estado por algún espacio de tiempo con su padre. Así, el menor contó a su madre que su progenitor le llevaba a bordo de una furgoneta, que trabajaba y que se estaba construyendo una piscina.

El juez le impone no solo el pago de las cantidades atrasadas desde 2013, sino todos los intereses y la suma del IPC, además de la citada multa de 2.700 euros que si no es pagada podría llevarle a prisión.