Francisco Granados

El juez tiene "potentes indicios" de que Granados participó en la financiación ilegal del PP

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechaza la petición del exconsejero de Esperanza Aguirre de salir de prisión.

Francisco Granados durante su declaración desde la cárcel.

Francisco Granados durante su declaración desde la cárcel.

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechaza dejar en libertad al ex número 3 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, al existir "potentes indicios" de que ha participado en la financiación ilegal del PP.

En un auto, el magistrado señala que “está analizándose en este momento una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado para posible financiación del Partido Popular".

En esta resolución, deniega conceder la libertad al exconsejero madrileño y ex secretario general del PP madrileño, tal y como había solicitado.

La petición de libertad a Granados también se rechaza ante la “sensibilidad de la investigación” que se desarrolla, así como por “los graves riesgos de obstrucción y alteración de las fuentes de prueba que siguen existiendo”.

A juicio de Velasco, las alegaciones de la defensa de Granados para quedar en libertad no pueden aceptarse, puesto que “en nada” desvirtúan los razonamientos por los que se acordó su ingreso en prisión.

"Uso indiscriminado" de Arpegio

Velasco, de conformidad con lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, considera que la investigación “está patentizando la realización de gran número de hechos delictivos con una significativa participación” de Granados, quien “ha abusado del desempeño de sus sucesivos cargos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras, servicios, etc, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones”.

Explica que se revela, además, “un uso indiscriminado” de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio y de la Fundación Arpegio, cuya presidencia “en un primer momento” le permitió controlar la venta de suelo público de la región.

Añade que “posteriores maniobras defraudatorias” (firma de varios convenios) le aseguraron presidir las mesas de contratación que proponían la adjudicación de los contratos financiados con Fondos Prisma, “gestionándose a cargo de dichos fondos durante los años 2006 a 2011 más de mil millones de euros”.