Un juez pide acreditar el fuero de Cristina Cifuentes por una querella aún no admitida

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, José Luis Calama, ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que acredite la condición de presidenta de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes, después de que diversas asociaciones hayan presentado ante este órgano judicial una querella contra ella por los disturbios que tuvieron lugar el 22 de marzo de 2014 durante las llamadas "marchas de la dignidad" vinculadas al movimiento 15-M.

La querella, que se dirige también contra el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y otros mandos policiales, aún no está admitida a trámite, por lo que el magistrado podría rechazarla, admitirla solo parcialmente, remitir una exposición al Supremo dado el fuero de la presidenta del Gobierno regional o practicar algunas diligencias esenciales para determinar si tiene que elevar o no el asunto al Alto Tribunal.

El magistrado solicita el documento a la Asamblea de Madrid, antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella, toda vez que, según el artículo 25 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su condición de presidenta de la Comunidad, es aforada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.La querella motivo de esta comunicación, se presentó a principios de 2015. En ese momento, el juzgado solicitó a los querellantes que depositarán una fianza de 4.000 euros por cada una de las asociaciones que firmaban la querella.

Desde entonces hasta ahora, los querellante han presentado hasta dos recursos de reforma (sobre el propio órgano judicial) y dos recursos de apelación (ante la Audiencia Provincial) contra el auto de fianza. Una vez resueltos todos los recursos, y después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmase la resolución del Juzgado que establecía la fianza en 4.000 euros, sólo una de las asociaciones la ha prestado.

Los hechos objeto de la querella -los enfrentamientos entre grupos radicales y la Policía durante las 'marchas de la dignidad', que acabaron con un centenar de heridos (la mayoría, agentes del orden) y 29 detenidos- se produjeron cuando Cifuentes era delegada del Gobierno en Madrid. Esta circunstancia podría suponer un obstáculo para que el Supremo asuma su competencia dado que en el momento de los incidentes no era aforada y tampoco lo son ninguno de los restantes querellados.

La querella les atribuyen delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos.