La cúpula de la nueva Canal 9 cesará si hay agujero económico

El nuevo ente público que sustituirá a la extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV) tendrá mecanismos de control para evitar repetir la deuda de 1.200 millones de la antigua televisión, cumplir con el presupuesto y con mecanismos de control ciudadano a los contenidos y contra la manipulación informativa. Así consta en la proposición de ley aprobada este lunes en comisión parlamentaria de las Cortes Valencianas para la reapertura de la nueva Canal 9.

El texto, que todavía puede ser modificado cuando pase por el pleno del parlamento, ha sido aprobado por PSPV, Compromís y Podemos con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. El proyecto deja para la futura nueva cúpula del ente la fijación de la plantilla y da prioridad a los extrabajadores de RTVV, lo que ha provocado la abstención de C’s. Sigue siendo una incógnita el presupuesto de los nuevos canales y emisoras de radio públicas, así como el número de trabajadores.

Así será la nueva RTVV a falta de posibles modificaciones antes de su aprobación por el pleno de las Cortes:

LÍMITES A LA CÚPULA Y PRESIDENTE POR MÉRITOS

El máximo órgano de gobierno y administración del nuevo ente (que se llamará Corporación Valenciana de Medios de Comunicación) será un Consejo Rector formado por diez personas, a elegir la mitad por los grupos parlamentarios y el resto por organismos externos y por los trabajadores. Es una novedad respecto al antiguo consejo de administración, integrado en la totalidad por miembros propuestos por los grupos parlamentarios y con mayoría del PP.

El presidente de este nuevo órgano será elegido por las Cortes pero a propuesta de un Consejo Audiovisual de expertos del sector que abrirá una convocatoria pública para elegir candidatos. También habrá un director general de la corporación que ejercerá la dirección ejecutiva y que será elegido a propuesta del Consejo Rector y por convocatoria pública dirigido a profesionales de la comunicación.

Una de las máximas preocupaciones que ha estado en el foco del debate para la reapertura de Canal 9 ha sido cómo evitar que se repita el agujero económico que dejó la anterior televisión pública tras años de despilfarro. Para ello, en el proyecto de ley se recoge que todos los miembros del Consejo Rector cesarán si en la liquidación anual del presupuesto hay un déficit de al menos un 10% de la subvención pública para su funcionamiento o una reducción de los ingresos previstos de más del 25%. Eso sí, el texto habla de excepciones por “causa justificada”, con informe del Tribunal de Cuentas valenciano y con visto bueno de la comisión parlamentaria.

La mayoría de expertos que han pasado por la comisión para hablar de cómo debía ser la nueva RTVV hablaron de prohibir el endeudamiento por ley. Finalmente, el texto no habla de prohibición, pero establece límites que se fijarán en un contrato programa y en los presupuestos de la Generalitat.

EL CONSEJO DE LA CIUDADANÍA

Será otra de las novedades del nuevo ente público. El Consejo de la Ciudadanía será un órgano asesor en programación y contenidos, ejercerá como defensor de la audiencia y emitirá informes semestrales sobre el medio. Lo formarán trece personas seleccionadas en un proceso público abierto entre la población valenciana mayor de 16 años. No podrán formar parte cargos políticos o sindicales, personal orgánico de los partidos, trabajadores del ente ni de otros medios de comunicación. Sin embargo, sus informes sobre las líneas programáticas no serán vinculantes.

Además, se creará un consejo de informativos que informarán, con carácter vinculante, de las propuestas de nombramientos de los directores de informativos entre otras funciones para “velar por la independencia” de los profesionales.

LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La contratación del personal es el principal problema para la reapertura de Canal 9. De hecho, la gran mayoría de los expertos no ha sabido dar una fórmula de cómo realizar la selección. El cierre ordenado por el gobierno de Alberto Fabra dejó en la calle a 1.600 trabajadores, que ya han cobrado una indemnización pero que, según el expediente de extinción, tienen prioridad en la contratación si se reabre la televisión antes de junio de 2017. Los extrabajadores se han convertido en todo un lobby de presión al gobierno valenciano y cada viernes se concentran a las puertas del Palau de la Generalitat. Aún no hay cifra estimada de la plantilla que necesitará los nuevos Canal 9 y Ràdio 9. Un comité de expertos fijó la cifra en 800 pero el gobierno de Ximo Puig quiere una bastante menor. El número, no obstante, será definido por el Consejo Rector.

Ximo Puig, president de la Generalitat, con Mónica Oltra, su número dos. Daniel Basteiro

En cuanto a la contratación, el texto aprobado este lunes en comisión establece que, finalmente, sí habrá prioridad para los extrabajadores en aquellos puestos ya existentes antes (no así nuevos perfiles) mediante una valoración más alta para aquellos que en su día superaron unas pruebas de acceso. También podrán ser exonerados de algunos ejercicios en las pruebas de selección.

Es en este punto donde discrepa Ciudadanos. “Todos deberían pasar por el mismo proceso de selección y, una vez pasado, la experiencia podría ser puntuada para ordenar el acceso de entrada", ha dicho el diputado Antonio Subiela.

DOS CANALES DE TV

En nuevo ente público tendrá dos emisoras de radio -una para contenido general y otra temática para la promoción de la música valenciana- y dos canales de televisión –uno con oferta generalista y otro específico de informativos. También habrá una plataforma online para contenidos interactivos. La programación será en valenciano pero con emisión multilingüe, con posibilidad de escucharlo en castellano, inglés o en versión original.

La previsión de los grupos que han apoyado esta propuesta legislativa, y que son los que conforman el Pacto del Botánico, mantienen para finales de este año la reapertura del nuevo Canal 9.

Trabajadores de RTVV en el plató de informativos de Canal 9 antes del 'apagón' EFE