A los juzgados de Badajoz

Anticorrupción denuncia un fraude de subvenciones de 2,4 millones en Extremadura

Se habrían concedido a la Confederación Empresarial Extremeña, UGT y CCOO.

Patrocinio Sánchez, secretaria de Acción Sindical de UGT Extremadura

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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un posible fraude de subvenciones en planes formativos. Concretamente, sospecha que puede existir un fraude de 1,7 en el caso de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), 400.133 en el supuesto de UGT Extremadura, y 311.897 respecto a CCOO de la comunidad autónoma.

Los hechos, dada su naturaleza y cuantía, podrían ser constitutivos de delitos de fraude subvenciones y falsedad documental continuada, según informa la Fiscalía General.

Anticorrupción inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia del director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo – SEXPE - del Gobierno de Extremadura, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia -apoyada en un informe meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva- de posibles irregularidades detectadas en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura , destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.

Distorsiones en los gastos

Tras esta denuncia, la Fiscalía recabó múltiples soportes documentales sobre 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes.

Una vez analizados estos datos, la Intervención General de la Junta de Extremadura hizo un informe de auditoría, que se contrastó con datos de la Agencia Tributaria y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “De lo actuado hasta este momento, y sin que ello prejuzgue ulteriores posiciones procesales, surgen indicios relevantes que evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización de estas informativas para maximizar las garantías de los investigados”, recoge la nota informativa de la Fiscalía.

En términos generales se han detectado irregularidades diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las subvenciones, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad siendo los primeros muy superiores a estos últimos.