Vista oral por la recomposición de Batasuna

Arraiz asumirá el acuerdo de la Audiencia Nacional aunque no haya trato

Dignidad y Justicia y AVT rechazan repetir el pacto al que llegaron con los otros 35 encausados.

Arraiz (derecha) conversa con Rufi Etxeberria en un acto de Otegi la pasada semana

Arraiz (derecha) conversa con Rufi Etxeberria en un acto de Otegi la pasada semana Efe

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El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, acusado de un delito de pertenencia a ETA por su participación en los intentos de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna, renunciará a su defensa al inicio del juicio previsto para el próximo lunes, 9 de mayo, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y leerá una declaración en la que asegurará suscribir el acuerdo de conformidad alcanzado en la Audiencia Nacional por el que otros 35 procesados en la misma causa se libraron de la cárcel.

Arraiz fue detenido junto a sus compañeros de la izquierda abertzale en la localidad de Segura (Gipuzkoa) en 2008 en una operación policial ordenada por el juez Baltazar Garzón, pero su caso fue desgajado del resto y llegó al TSJPV por su condición de aforado como parlamentario vasco.

La vista oral está marcada por el precedente del acuerdo negociado a lo largo del otro juicio entre la defensa de los encausados, encomendada a Iñigo Iruin, la Fiscalía y las acusaciones populares, ejercidas por Dignidad y Justicia y la AVT. Por aquel pacto los acusados reconocían su participación en los hechos enjuiciados - la recomposición de la Batasuna ilegalizada- y veían reducidas sus penas de los diez años solicitados a un cómputo inferior a dos para que en ningún caso ingresaran en prisión. Entre los 35 concernidos por el mismo se encontraban conocidos dirigentes de la izquierda abertzale, como Pernando Barrena, Marije Fullaondo o Juan José Petrikorena.

Iruin ha tratado sin éxito de extender aquel acuerdo al procedimiento seguido contra Arraiz. Contaba con la posición favorable del fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, pero las negociaciones emprendidas con las acusaciones populares se rompieron cuando Dignidad y Justicia contradijo la postura de su abogado y rechazó la posibilidad de no ir a juicio.

La Junta Directiva de la Asociación decidió no apoyar una solución negociada al sentirse “engañada” por el acuerdo firmado en la Audiencia Nacional, -que no inhabilitó a los condenados para ser cargos públicos autonómicos-, y para no “traicionar” a los asesinados por ETA con un “compadreo final entre víctimas y verdugos”.

“PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS”

La imposibilidad de llegar previamente a un pacto de conformidad ha obligado a Arraiz a repensar su estrategia de cara al juicio, que arrancará con la previsión inicial de su toma de declaración tras la exposición de las cuestiones previas.

Arraiz ha decidido actuar “como si hubiese acuerdo” y su contenido fuera el mismo que el suscrito en la Audiencia Nacional. Eso significa, según su entorno, que asumirá su participación en las reuniones como “militante político” que lleva a cabo “una labor política”, sin reconocer no obstante “ni pertenencia o vinculación alguna con ETA, ni actuar tampoco bajo sus directrices”.

El texto firmado por los 35 miembros de Batasuna, ANV y PCTV que fue incorporado a la sentencia decía lo siguiente: “Los abajo firmantes comparecen ante el Tribunal y manifiestan que están conformes con el acuerdo suscrito entre su abogado y las acusaciones personadas en autos, reconociendo su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”.

La Audiencia Nacional consideró fundamental su “confesión” al dictar sentencia, que incluía una pena de inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para optar a “cargo público de ámbito municipal, provincial, estatal y europeo”.

No hizo constar, al parecer por un error, la imposibilidad de presentarse a los parlamentos autonómicos, lo que ha dado pie al “engaño” denunciado por Portero, que considera que la inhabilitación “pierde su efectividad” ya que no incapacita a los condenados para concurrir a las elecciones vascas del próximo otoño.

VINCULACIÓN O NO A ETA

Según fue trasladado a la opinión pública el acuerdo logrado en enero recogía la aceptación por parte de los acusados del delito de integración en la organización terrorista y de que habían actuado bajo la “subordinación” de ETA en el ejercicio de su actividad política. Lo que suponía reconocer el relato de los hechos planteados por la Fiscalía, según el cual eran responsables de contribuir a la estrategia de ETA haciendo posible que la organización terrorista utilizara a ANV y PCTV para mantenerse en las instituciones a través de los procesos electorales celebrados en 2005 y 2009, ambos posteriores a la ilegalización de Batasuna.

Esta interpretación fue desmentida poco después por Pernando Barrena, que actuó de portavoz de sus compañeros a la hora de valorar el acuerdo cuyo objetivo, reconoció, era que ninguno de los encausados ingresara en prisión.

Barrena circunscribió la asunción de los hechos a “mil y una ruedas de prensa, reuniones, conferencias y trabajo político”, que habían realizado en base a “derechos civiles y políticos individuales que en ningún momento fueron anulados”.

Según declaró, que su actuación estuviera supeditada a ETA y constituyera un delito de integración organización terrorista era una teoría que correspondía a la Fiscalía y que se había plasmado en el documento aprobado sin posibilidad de modificación.“Lo firmas o no lo firmas”, señaló en una rueda de prensa.

Barrena abogó entonces por que aquel acuerdo pudiera servir de “modelo” para encontrar soluciones que pudieran ser aplicables a los presos.

La misma idea ha defendido este miércoles el presidente de Sortu al explicar su decisión de “dar un paso unilateral” asumiendo el acuerdo de conformidad de enero, aunque en su caso no haya sido posible alcanzar un trato.

Arraiz ha negado, en declaraciones a Onda Vasca, que actúe movido por su interés de no ingresar en prisión, razonando que si no hubiera estado dispuesto a asumir ese riesgo no hubiera adoptado determinados “compromisos políticos”

“En este momento lo que corresponde es hacer una aportación a la paz”, ha señalado e indicado que su deseo es que también los presos de ETA puedan secundarle y dar pasos como el suyo “que puedan abrir las celdas de las prisiones”.

INCÓGNITAS A DESPEJAR

La postura de Arraiz plantea dudas sobre lo que ocurrirá el lunes al inicio del juicio y cuál será la reacción de la Fiscalía y las dos acusaciones populares. “Si el presidente de Sortu admite los hechos no habrá necesidad de prueba y, por tanto, de seguir adelante con la vista”, aseguran fuentes judiciales a EL ESPAÑOL. 

El fiscal superior deberá decidir a partir de entonces si mantiene su escrito de acusación o lo reconsidera y secunda la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En principio pide seis años de prisión, cuatro menos que los solicitados en la causa vista en enero, a raíz de la jurisprudencia sentada posteriormente por el Tribunal Supremo.

La Fiscalía vasca era partidaria de un acuerdo de conformidad que rebajara a dos los años de cárcel –ya cumplidos por Arraiz en prisión provisional- e inhabilitara expresamente al dirigente de la izquierda abertzale a optar a las elecciones autonómicas.

Dignidad y Justicia y la AVT demandan diez años de reclusión para Arraiz y podrían persistir en su petición. El colectivo que preside Alfonso Sánchez no se ha pronunciado sobre su posición en las fallidas negociaciones, pero la organización dirigida por Portero ya se ha opuesto a cualquier entendimiento y señalado diferencias entre esta situación y el caso juzgado en la Audiencia Nacional.

Al presentar aquel acuerdo ambas asociaciones destacaron, junto al reconocimiento a las víctimas, el peso que en su decisión había tenido las perspectivas de no lograr una condena importante ante el precedente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el caso de las herriko tabernas.

Su decisión fue criticada por otro colectivo de víctimas, Covite, que consideró que lo acordado era una “forma de impunidad”, a la que se accedía sin que los acusados se arrepintieran, condenaran su pasado y colaboraran con la Justicia.

El caso Batasuna- ANV-PCTV por el que será juzgado el lunes no es el único que Arraiz tiene pendiente en el TSJPV, donde se ha puesto fin a la instrucción seguida por unas declaraciones suyas en las que instaba a dar “jaque mate” a la Guardia Civil.

Mientras que él defiende que se refería a la exigencia del pueblo vasco de que las FSE abandonen la comunidad autónoma, el juez instructor equipara su discurso con el mantenido por ETA. Para sentarse en el banquillo, no obstante, el TSJPV tiene que desestimar antes el recurso de apelación presentado por la defensa del presidente de Sortu.