Susana Díaz

Díaz no aparta a su consejero de Economía tras ser citado como investigado por el TSJA

Le cita por presuntas irregularidades en la adjudicación de unas obras. Díaz defiende que "es un tema administrativo" resultado de "una pelea de arquitectos"

Susana Díaz durante un desayuno informativo.

Susana Díaz durante un desayuno informativo. Efe

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  3. Antonio Ramírez de Arellano

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como investigado el próximo 10 de mayo al consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por las presuntas irregularidades que pudieron haberse cometido en la adjudicación de un proyecto arquitectónico durante su anterior etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, según confirmaron fuentes del alto tribunal andaluz. La cita se produce tres semanas después de que el TSJA abriera diligencias previas como respuesta a la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía por un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

El origen del caso está en la denuncia que presentó hace un año el Colegio de Arquitectos de Sevilla por la supuesta adjudicación arbitraria de la redacción del proyecto de construcción del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), cuando Ramírez de Arellano era el responsable de Infraestructuras en la universidad hispalense. Corría 2009, por lo que han transcurrido siete años hasta que el caso se ha denunciado por la vía penal, ya que se intentó antes la contencioso-administrativa.

La Universidad de Sevilla firmó entonces un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. Lo que está ahora bajo la lupa son los 747.138 euros que se adjudicaron a dicho estudio de arquitectura.

En un principio la investigación fue asumida por la Fiscalía de Sevilla pero quedó interrumpida tras ser elegido Ramírez de Arellano por la presidenta andaluza, Susana Díaz, como nuevo consejero de Economía, una posición por la que tiene condición de aforado y el caso debió seguir su curso en la Fiscalía Superior, que le denunció a principios de abril por un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

El TSJA señaló en su anterior auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, indicaban la “posible existencia de irregularidades” en el proceso de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra del Centrius, y podría darse una elección “no concurrencial” de un estudio de arquitectura.

El estudio de arquitectura adjudicatario obtuvo un total de 747.138 euros, desglosados en 69.484 euros para el proyecto básico, y otros tantos por un estudio preliminar de instalaciones, 500.000 por el proyecto de ejecución y 108.170 euros por la dirección de obra. Estas adjudicaciones se realizaron, según el TSJA, sin que al parecer otros estudios de arquitectura hubieran tenido posibilidad alguna de concurrir, por lo que no puede descartarse que hubiesen sido “decididas de antemano como un conjunto”.

Entre las supuestas irregularidades recogidas en el auto del TSJA se menciona la posibilidad de que la adjudicación del proyecto básico o estudio preliminar de edificio fuera una designación “discrecional” revestida de “un aparente 'procedimiento negociado sin publicidad', formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente”. También se señala que el estudio pudiera comenzar a confeccionar el proyecto básico antes de resultar adjudicatario, ya que fue visado antes de la adjudicación en el Colegio de Arquitectos de Sevilla, o la supuesta falta de expediente administrativo.

Ramírez de Arellano figuraba entonces como firmante de las resoluciones, por eso el TSJA decía en su auto que “conduce a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar”. En el auto, el tribunal también dejaba claro que la decisión de incoar unas diligencias previas estaba en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia y de su verosimilitud, algo que “comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia”.

Una pelea de arquitectos

Fuentes de la Consejería de Economía han asegurado que no ha cogido por sorpresa la citación, porque era lo lógico y la esperaban, y han insistido en la disposición de Ramírez de Arellano a colaborar con la justicia y aclarar un caso que se sitúa más en la esfera de lo contencioso-administrativo que en lo penal. Sin ir más lejos, ha habido otros pleitos en la vía administrativa entre la Universidad de Sevilla y este ente colegial desde 2009 por este caso.

De hecho, la presidenta andaluza, Susana Díaz, así lo ha manifestado en Almería durante una visita al Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, en Gérgal (Almería), al que ha acudido acompañada por este consejero. “Es un tema administrativo, una pelea de arquitectos con la Universidad de Sevilla por el tema de una biblioteca y eso se contesta por sí mismo”, ha dicho. Por esta razón, Díaz se ha negado a “apartar” del Consejo de Gobierno al consejero tras su citación a declarar, según informa Europa Press.

El PP esta vez no ha dirigido el ataque contra Díaz, sino contra Ciudadanos, a los que han acusado de “postureo y teatro” al no ver motivo suficiente para “romper el apoyo” al Gobierno andaluz después que el TSJA haya citado como investigado al número tres del Ejecutivo. La formación naranja sigue esgrimiendo el mismo argumento desde que el caso llegara al TSJA: sólo se pedirá su cese si el juez le imputa un delito de corrupción política. La misma actitud de prudencia es la que mantiene IU, que no se pronunciará hasta que haya una resolución judicial.