TRAS EL CAMBIO DE GOBIERNO

El giro a la izquierda que ha irritado a la escuela concertada en la Comunidad Valenciana

El nuevo gobierno suprime aulas en colegios concertados y las patronales hablan de “acoso”.

Vicent Marzá, consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, a la izquierda.

Vicent Marzá, consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, a la izquierda.

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Agresión sin precedentes. Ataque de la Generalitat a la concertada. Los colectivos en defensa de la educación concertada, patronales y los partidos de la oposición al gobierno valenciano (PP y C’s) se han alzado contra la primera planificación escolar realizada tras el cambio en la Generalitat que se resume en un dato. Por primera vez, la educación concertada pierde aulas en términos globales. La nueva Consellería de Educación ha suprimido más unidades de las que ha creado para el curso 2016/2017. Un giro en las políticas de años precedentes que ha irritado a la concertada y satisfecho al sector público que en los últimos años ha liderado movilizaciones contra los recortes.

El cambio se escenificó el mismo día de la apertura del presente curso escolar (aún planificado por el anterior gobierno del PP) cuando el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, de Compromís, eligieron el simbólico colegio Ciutat de Cremona en Alaquàs, Valencia. Su historia es la de los recortes a la pública. En febrero de 2014, el gobierno valenciano que dirigía el popular Alberto Fabra decidió cerrar la última aula de infantil de tres años que le quedaba al centro. Un año antes se habían cerrado otras dos. La escuela se quedaba así sin unidades de tres años, la vía de entrada de alumnos al centro, y se obligó a los nuevos, muchos con hermanos en el colegio, a marcharse a otro. La medida fue el último golpe que llevó a los padres del Ciutat de Cremona a un encierro de cien días y un año de protestas que situó a esta escuela como el símbolo de la lucha contra los recortes del PP a la escuela pública.

“El cambio de gobierno ha salvado al colegio. Si no entraban niños nuevos, el centro se va vaciando con los años. La intención era cerrarlo”, cuenta Manuel Cebrián, el presidente de la AMPA. Cebrián habla del “giro de 180 grados” que la nueva Conselleria de Educación ha dado en beneficio de la educación pública. El caso del Cremona es un ejemplo del vuelco anunciado en el sector educativo valenciano y que ha quedado constatado en la primera planificación escolar realizada por el conseller Vicent Marzà.

La medida ha irritado a la educación concertada que, también por primera vez, se ha unido en una plataforma en defensa de la libertad de elección de centro. “Es la primera vez (que se cierran aulas) porque es la primera vez que hay una política deliberada de limitar las opciones de los centros concertados (…) Es lo que pide una parte de la comunidad educativa, que es abogar por una escuela única, pública y laica”, dice Vicente Morro, portavoz de esta plataforma –la Mesa por la Educación en Libertad- y presidente de Fcapa, la Federación Católica de Asociaciones de Padres. Morro defiende que lo que está haciendo el nuevo Consell es “una maniobra para extinguir durante la legislatura a la educación concertada”.

Perjudica a la concertada

El conseller Marzà ha presentado el primer arreglo escolar realizado íntegramente por el nuevo gobierno. Y ha utilizado para ello un método por el cual ha tenido en cuenta para la elaboración del mapa no solo las unidades de la pública, sino también las de la concertada. “Para nosotros es exactamente lo mismo, pensamos que no había que hacer una diferenciación entre centros sostenidos con fondos públicos”, mantiene. Hasta ahora, la planificación se hacía contando únicamente los centros públicos y luego se negociaba con la concertada. También ha bajado la ratio de alumnos por clase de 30 a 25. El resultado: la escuela pública tendrá en términos netos 414 aulas más de infantil y primaria mientras que la concertada pierde once (18 teniendo en cuenta todos los niveles educativos). Entre los beneficiados está el simbólico Ciutat de Cremona.

La planificación es un punto de inflexión tras años de cierres constantes en la pública y de crecimiento en la concertada. Sindicatos del sector y plataformas educativas han venido denunciando en los últimos cursos lo que veían una política deliberada de ‘vaciamiento’ de las escuelas públicas en pro de la concertada, que ha visto incrementar sus unidades y número de alumnos. El gobierno anterior alegaba que el crecimiento era el natural por el avance de los cursos.

Los datos del Ministerio de Educación reflejan que el peso de la educación pública en infantil y primaria en la Comunidad Valenciana ha pasado de un 76% en el curso 2010/2011 al 66% en el presente. Hubo años en los que se cerraron aulas en distritos donde luego se concertaron plazas en la privada.

Vicente Morro y el resto de representantes de la concertada niegan este trasvase. “En ningún momento ha habido una política deliberada. Sí ha pasado que la demanda social se concentraba en un colegio y dejaba sin demanda a otro, eso favorece a la concertada porque responde a la demanda social”, defiende Morro.

Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas, una de las patronales valencianas de la concertada, también sostiene que el supuesto trasvase de alumnos respondió a la “demanda social”. “Las familias eligen la concertada y en otros años esa demanda era escuchada. Este año se han pedido unidades y se han rechazado todas. Han cerrado la posibilidad de que la concertada siga creciendo”, afirma. Rodríguez también habla de giro político: “Este gobierno, si se va a caracterizar por algo es por no favorecer que las familias elijan el centro para sus hijos (…) Hay una intención de favorecer a lo público porque antes se pensaba que se favorecía a la concertada”.

Rodríguez habla de “guillotina a la concertada” y de “balón de oxígeno a la pública”. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO dicen que no hay un ataque a estos centros, sino que se ha vuelto a un equilibrio que se había roto durante los gobiernos del PP.

Uno de los centros que han perdido aulas es el Jesús-María Fuensanta, con dos unidades menos. Su directora, Matilde Desantes, destaca la “particularidad” de un colegio. “Es una escuela totalmente inclusiva donde acuden niños de 23 nacionalidades distintas. Esto es posible por la ratio que tenemos, de entre doce y quince niños por aula”, dice. La directora explica que ahora los alumnos se tendrán que reagrupar de forma que el cupo se acercará a los 25. “Quisiera trasladar que se está haciendo daño a los niños que más lo necesitan, si eso es justicia social que venga dios y lo vea”, lamenta. El colegio se ha movilizado en la plataforma Change.org contra las supresiones. El conseller Marzà ha apuntado que estudiarán una a una todas las alegaciones y que, en caso de verlo necesario por razones sociales, se recuperará la clase.

Desde Educación aseguran que han cumplido estrictamente la ley porque solo han eliminado unidades en aquellos centros donde están dos alumnos por debajo de la ratio establecida (que ha bajado de 30 a 25). Y desde la patronal se resignan. “Si es por falta de alumnado es algo que está previsto en el concierto y poco hay que alegar”, explica José Manuel Boquet, presidente de Feceval, otra patronal de la concertada. Boquet apunta, no obstante, a un hecho “preocupante”. Según explica, hay centros donde se conceden aulas por el crecimiento vegetativo pero deja de concertarse la de entrada, con lo que esto implica de cara al futuro. “Esto no aparece en los datos porque en términos globales no se pierde ninguna”, dice.

“Se ha acabado la barra libre”

Era agosto de 2015, recién consumado el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, cuando el nuevo conseller de Educación, Vicent Marzà, el más joven del gobierno valenciano (fue nombrado con 32 años) hizo toda una declaración de intenciones. “Se ha acabado la barra libre para los colegios concertados”, dijo. Poco después anunciaba la nueva línea que incluía la prohibición a la concertada de cobrar las llamadas cuotas voluntarias a los padres y situaba a la concertada como “complemento” de la educación pública. El cambio se escenificó al inaugurar el curso escolar en el simbólico Ciutat de Cremona tras reabrir el aula de tres años cerrada por el PP. Allí se hizo la promesa de construir el colegio, que lleva íntegramente en barracones desde el año 2007. Gracias a un periodo extra de matriculación, el Cremona vuelve a tener escolares en sus niveles inferiores. “Han entrado 18 niños, todos tienen hermanos en el centro y hasta dos eran hijos de profesores”, recalca el presidente de la AMPA. Los alumnos habían tenido que matricularse en otro centro público del municipio.

Concertada, contra los cambios

La manifestación de la ‘barra libre’ y otros anuncios realizados por el nuevo gobierno ha llevado al sector de la educación privada concertada a unirse en una voz por primera vez en la llamada Mesa por la Educación en Libertad. “La Mesa nace con un triple objetivo de defender la libertad de elección de centro, del modelo educativo y del derecho a la asignatura de religión, y nace por las nuevas políticas educativas, frente al panorama que se nos avecinaba”, explica Morro. El portavoz de la plataforma habla de las manifestaciones del conseller como un “acoso” a la concertada. “No nacemos como reacción al cambio de gobierno, sino a las políticas que se anuncian”, recalca.

El sector está muy molesto por las nuevas decisiones que, dicen, se han tomado sin dialogar con ellos y que implica la supresión de 31 aulas en infantil y primaria (el arreglo escolar implica la creación de 20 unidades en la concertada y el cierre de 31) y la denegación de nuevas peticiones. Teniendo en cuenta todos los niveles educativos, el Consell ha creado 28 nuevas unidades y suprimido 46 en la concertada.

Para el presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, Màrius Fullana, el cambio es evidente. “La diferencia es que apuesta por la escuela pública y el anterior por la concertada, no están haciendo nada que no llevaran en su programa”, dice. Esta organización lleva años defendiendo la educación pública y critica medidas como el “blindaje” que, poco antes de las elecciones, se hizo con la concertada al ampliar de cuatro a seis años los contratos.

Rreproches de la oposición

El arreglo escolar tampoco ha gustado nada a la oposición. La portavoz de Educación del PP en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, lo calificó de “ataque a la libertad” y anunció que estudiarían llevarlo a los tribunales por vulnerar el derecho de las familias a elegir centro, uno de las premisas de la Lomce. “Es una ataque a la educación concertada sin precedentes con el único objetivo de poner la educación pública al servicio de la izquierda (…) Marzà ha iniciado oficialmente la persecución a la concertada”, ha manifestado.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Alexis Marí, tildó de “error” la eliminación de las aulas “en los colegios con más demanda”. “El Consell se ha cargad en solo nueve meses lo que se ha conseguido en materia educativa durante los últimos treinta años, es un error eliminar las aulas en los centros más demandados”, ha dicho.