Fiscalía Anticorrupción

Anticorrupción cree que el PP se lucró también con Gürtel en Boadilla del Monte

Es el tercer procedimiento en el que el partido está señalado por beneficiarse de la trama corrupta de Correa.

Sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.

Sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que siente en el banquillo de los acusados a 27 personas de la trama de Francisco Correa, además de que se siente el PP como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de dinero ilícito aunque sin tener conocimiento de su procedencia delictiva. El PP también debé acudir a juicio como partícipe a título lucrativo en la pieza principal de Gürtel y como responsable civil en la pieza por el 'caso Bárcenas'.

La Fiscalía pide que se cierre la instrucción y se abra la siguiente fase para sentarles en el banquillo por unos hechos ocurridos en el ayuntamiento de Boadilla del Monte durante los años 2001 a 2009. Esta pieza se refiere a la actuación de un entramado personal creado y dirigido por Francisco Correa, que incorporaría sucesivamente distintos funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión.

La trama de Correa habría llegado a dirigir en la práctica toda la contratación pública en el municipio de Boadilla del Monte, con independencia de que los funcionarios que lo integraban participaran directamente o no en cada uno de los concretos expedientes.

Especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), entidad que controlaban de facto a través de sus sucesivos Gerentes y a la que, consecuentemente, trasferían desde el Ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

El entramado personal estaría integrado por Pablo Crespo desde 2002, el concejal José Galeote, el ex alcalde Arturo González Panero, el otro concejal César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como gerente de la Empresa Municipal de Vivienda en 2003.

Por adjudicaciones obtenidas por el ayuntamiento, Correa habría obtenido 2,7 millones de euros; Crespo, 593.000 euros; González Panero obtuvo 1,8 millones de euros; y Bosch consiguió casi un millón de euros. El PP habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros. Una parte de los fondos percibidos por los acusados se habría ocultado en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas. Por estos hechos, se habría ocasionado un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte.