Operación Taula en Valencia

El PP expulsará a los ediles ‘rebeldes’ si no entregan el acta

La dirección del partido en Valencia se reúne este miércoles para exigirles que cumplan lo pactado.

Isabel Bonig, en un pleno reciente de las Cortes valencianas.

Isabel Bonig, en un pleno reciente de las Cortes valencianas. EFE

La dirección del PP en la Comunidad Valenciana no quiere dar un paso atrás en la hoja de ruta establecida para decidir el futuro de los nueve concejales investigados en la pieza separada por blanqueo en el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia. La presidenta regional, Isabel Bonig, mantendrá una reunión en la tarde del miércoles con los implicados en la trama en la que, según han manifestado desde el partido, se les exigirá que cumplan con lo pactado, que no es otra cosa que abandonar el acta de concejal. Si se mantienen en lo manifestado en rueda de prensa y no abandonan, serán expulsados. El PP se quedaría así en el Ayuntamiento con un solo concejal, el independiente Eusebio Monzó. El proceso, no obstante, podría no ser inmediato. 

Génova anunció en la tarde de este martes la apertura de expediente informativo a todos los implicados en la pieza por presunto blanqueo de capitales. El expediente es un paso establecido por los estatutos que fija que se abrirá cuando haya conocimiento de una imputación judicial. La intención de Génova es citar al medio centenar de imputados entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia para escucharles y decidir si son expulsados. Fuentes del partido a nivel regional sostienen que la medida no choca con las intenciones del PP valenciano, que es la de la expulsión si no entregan el acta.

El acuerdo del 16 de febrero

Los estatutos sostienen que los comités regionales de derechos y garantías tienen la competencia para instruir y resolver cualquier expediente, “incluso aquellos cuya sanción pueda ser la de expulsión del partido”.

El grupo municipal emitió el pasado 16 de febrero un comunicado, tras una reunión con Bonig, en el informaban que seguirían en sus puestos “con absoluta normalidad” hasta que se levantara el secreto de sumario. En ese momento, y si seguían imputados, se comprometían a “dejar el acta en los términos consensuados con la dirección del PPCV en función de la situación jurídica de cada uno y en coordinación con la citada dirección”.

Alfonso Novo, el sucesor de Barberá en el Ayuntamiento, salió públicamente (después de la comparecencia de la exalcaldesa) a manifestar la negativa a dimitir porque, según dijo, del sumario no extraen ninguna prueba “de cargo” que demuestre que cometieron el presunto blanqueo. “No existe ni una sola prueba concluyente, todo son conjeturas”, dijo Novo sobre el sumario. Así que la posición de los nueve investigados es la de no moverse del consistorio. Para ello se escudaron en los estatutos rechazando así las nuevas líneas rojas que Bonig intenta implantar, como ya lo intentó su antecesor en el partido, Alberto Fabra. Novo habló de que la única línea roja es la que marcan los estatutos del partido, lo que supone no dimitir hasta que no haya apertura de juicio oral.

Posiciones enfrentadas

El elegido para ser el portavoz municipal del PP habló con Bonig tras levantarse el secreto de sumario, pero no concretó los términos de la conversación. Preguntado por la posibilidad de ser expulsados del partido y tener que quedarse en el grupo de no adscritos, Novo dijo: “Espero, confío y deseo que no llegue ese momento. Hay que ser respetuosos con los estatutos”.

Ante estas dos posiciones totalmente enfrentadas, se prevé que la reunión entre la dirección y los nueve concejales sea más que tensa. Desde el PP aseguran que el compromiso se tiene que cumplir, que así se les va a exigir y que si no cumplen el camino no es otro que el de la expulsión.