Caso Brugal

Anticorrupción pide 16 años de cárcel para el ex presidente de la Diputación de Alicante (PP)

José Joaquín Ripoll se sentará en el banquillo junto a otros doce acusados.

El expresidente de la Diputación de Alicante, y expresidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll

El expresidente de la Diputación de Alicante, y expresidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll Efe

La Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para el ex presidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien se sentará en el banquillo junto a otros doce acusados, entre ellos los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, por el 'caso Brugal', por amañar el plan de basuras de la comarca de La Vega Baja. La Fiscalía señala en su escrito que el dirigente 'popular' habría aceptado a cambio del amaño dos viviendas por valor de un millón de euros y destaca el alto tren de vida seguido tanto por él como por su familia.

Tras una investigación que duró ocho años, la juez de Orihuela encargada del caso ordenó el procesamiento y ahora la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación. El fiscal acusa al dirigente 'popular' de los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y otro delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Además de la inhabilitación, la Fiscalía pide una multa de un millón de euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 200 días. Para el empresario Enrique Ortiz, el fiscal le pide 17 años de cárcel, además de una multa de 300.000 euros.

La Fiscalía también acusa a la ex alcaldesa de Orihuela (Alicante) del PP Mónica Lorente, para quien pide cuatro años y nueve meses de cárcel, y al ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós, para quien solicita la misma pena de prisión que la anterior.

Ripoll prevaricó a cambio de contraprestaciones

Para la Fiscalía, las investigaciones han permitido acreditar los indicios de "una trama organizada” en torno a los empresarios Ángel Fenoll, para quien pide 17 años de cárcel, su hijo Antonio Fenoll, con una pena de ocho años y nueve meses, Enrique Ortiz, Manuel Garriga -quien se enfrenta a 10 años de cárcel- y Rafael Gregory -petición de 17 años- para obtener información de responsables de la Diputación de Alicante, que presidía José Joaquín Ripoll, y del ayuntamiento de Orihuela a cambio de dádivas.

Ripoll se prestó a servir los intereses de los empresarios "a cambio de contraprestaciones". El primer objetivo de la trama, que implica a exdirigentes del PP, fue lograr la adjudicación del plan de residuos de la comarca de La Vega Baja. La investigación apunta que una vez que Fenoll y su hijo supieron, antes de hacerse pública, que la adjudicación sería para la oferta presentada por los empresarios Enrique Ortiz y Manuel Garriga, intentaron venderles a losganadores los terrenos que habían comprado en 2007 para presentarse a la adjudicación del plan de basuras por un precio muy superior al abonado en su día. Todo ello “con el beneplácito y teniendo en todo momento conocimiento de las gestiones realizadas” por Ripoll y Lorente.

Feria de Abril y viajes en yate

Según recoge el escrito de acusación de Anticorrupción, a finales de noviembre de 2009 Ripoll comenzó a apartarse de los intereses empresariales de Fenoll, “lo que sumado al continúo acercamiento que en los dos años anteriores se había producido entre Ripoll y Ortiz, favorecido, entre otras circunstancias, por los regalos en viajes que el segundo hizo al primero, hizo que Ripoll comenzara a respaldar los intereses de la UTE participada por Enrique Ortiz y le autorizara a buscar otro emplazamiento para la Planta de Residuos, liberándole así del compromiso de cumplir con el acuerdo alcanzado con Fenoll”.

La Fiscalía sostiene que Ortiz llegó a invitar al entonces presidente de la Diputación a disfrutar de momentos lúdicos en la Feria de Abril de Sevilla de 2008 a bordo de su yate Elena, así como a posteriores viajes veraniegos, a bordo de embarcaciones pertenecientes al empresario alicantino, a distintos puntos de las Islas Baleares en los periodos estivales de los años 2008 y 2009.

Al producirse el cambio de circunstancias descrito, desde finales del año 2009 y comienzos de 2010, por el entorno de Ortiz se abrieron otras vías de negociación mientras se retrasaba el acuerdo con Ángel Fenoll, “retraso que comportaba que los municipios que formaban parte del Consorcio continuaran sin tener un sistema unificado para el tratamiento y eliminación de sus residuos generados, en contravención de las estipulaciones del Plan Zonal”.

Las “irregularidades perpetradas” por Ripoll se encontraban vinculadas a una contraprestación en especie ofrecida por Ángel Fenoll destinada al presidente provincial, que este aceptó, consistente en dos viviendas en una calle céntrica de Alicante, cuyo importe aproximado era de un millón de euros. Dichas viviendas, o su importe equivalente, vendrían sufragadas por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca por parte de Cepsa-Ortiz a Fenoll, “razón por la que el presidente provincial se involucró con tanto interés en el cumplimiento del acuerdo entre Fenoll y la UTE representada por Ortiz”.

Alto nivel de vida de Ripoll

Por último, la Fiscalía destaca que, en el transcurso de la investigación de los hechos, se ha tenido constancia del elevado nivel de vida del que haría gala tanto Ripoll como su familia, y que podría no corresponderse con los ingresos que legalmente percibiría.

Como consecuencia de las operaciones realizadas por los acusados ha resultado imposible ejecutar las previsiones del Plan Zonal de la Zona XVII de la Comunidad Valenciana, y los 27 municipios integrados en este siguen sin tener, a día de hoy, un sistema integrado para la gestión unificada del tratamiento y eliminación de sus residuos, El gasto efectivo que ha soportado el Consorcio como consecuencia de los hechos delictivos objeto de acusación ha ascendido ha 1.157.305 euros.