'Caso Plaza'

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el ex presidente del Zaragoza por el desfalco de 150 millones

El Ministerio Público acusa a un total de 25 personas, entre las que también está el exgerente, Ricardo García Becerril, y el exconsejero de Obras en Aragón, para los que pide 23 y 7 años.

Ricardo García Becerril (i), Carlos Escó (2d), Miguel Ángel Pérez (2d) y Agapito Iglesias (d), en la Audiencia Provincial de Zaragoza en septiembre de 2015

Ricardo García Becerril (i), Carlos Escó (2d), Miguel Ángel Pérez (2d) y Agapito Iglesias (d), en la Audiencia Provincial de Zaragoza en septiembre de 2015 Efe

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años y diez meses de prisión para el ex presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, por el desfalco realizado en la empresa pública Plaza S.A. Junto a él, la Fiscalía pide penas de cárcel para otros 24 acusados, entre ellos quien fuera el ex consejero de Obras Públicas en Aragón y ex consejero delegado de Plaza, Carlos Escó, quien se enfrentará a una pena de siete años y medio de cárcel, además de una indemnización de seis millones de euros.

El acusado que se lleva la palma en número de años de prisión solicitada por Anticorrupción es el ex gerente de la empresa pública, Ricardo García Becerril, quien se sentará en el banquillo de los acusados con una petición de 23 años de cárcel.

Para el principal imputado, la Fiscalía también solicita una multa de tres millones de euros, además de una responsabilidad civil de 147 millones de euros a pagar entre los acusados Miguel Ángel Pérez Cervantes, José María Jordán, José Luis Rodríguez Cachafciro y Nicolaas Adrianus. De dicha cantidad deberá responder solidariamente Acciona, la empresa que lideró la UTE que obtuvo fraudulentamente las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

La lista de los delitos es amplia: prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, cohecho, administración desleal, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, delito contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, y alzamiento de bienes.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Plaza S.A. fue objeto de una sucesiva merma y apropiación en su patrimonio, fundamentalmente, en ejecución de un plan urdido desde 2002 entre los principales responsables de las obras a ejecutar en la Plataforma Logística de Zaragoza”.

Diversas irregularidades

Las irregularidades más relevantes que provocaron el desvío del dinero de Plaza, S.A. fueron:

1. Adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona (NECSO)-MLN y de la dirección facultativa de dichas obras a "Intecsa- Inarsa".

2. Sobrefacturación de las obras ejecutadas, aumentando los precios reales, simulando mayores medidas en las obras realizadas y certificando de obras no ejecutadas ocultas mediante certificaciones ficticias.

3. Pagos en especie a los directivos (García Becerril) y a la dirección técnica de las obras con cargo a Plaza S.A.

4. Facturación falsa.

Todo ello se realizó desde “el plan ideado inicialmente por los acusados Jordán y García”. José María Jordán fue director-derente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona (70%) y Mariano López Navarro S.L. (30%), y quien se enfrenta a una pena de cárcel de 10 años y nueve meses.

De la ejecución de ese plan derivó un beneficio y lucro personal tanto de los acusados como de las respectivas sociedades en perjuicio de la sociedad pública “y, por tanto, del erario público, dictándose resoluciones injustas a sabiendas para la consecución de dichos fines”.

Para este fin, García Becerril, como gerente, y Miguel Ángel Pérez Cervantes, como director de Plaza (ostentando la consideración de funcionarios públicos), adoptaron decisiones de admisión de pliegos de licitación redactados por empresas que intervenían en el concurso, realizaron valoraciones arbitrarias de las puntuaciones y aumentos de vueltas no establecidas previamente en

las normas de la licitación que permitieron la adjudicación a la UTE de las obras de urbanización y a la empresa Intecsa-Inarsa de la dirección de las obras, a sabiendas de su injusticia.

Ejecución sistemática

La actuación en común de los acusados ocasionó una pérdida patrimonial de la sociedad pública, lo que fue planificado desde el año 2002 para ir “ejecutándolo sistemáticamente.” Esa pérdida se realizo mediante el encarecimiento ficticio que se ejecutó con nuevas mediciones (aumentándolas ficticiamente), fingiendo mayores precios o introduciendo fraudulentamente obras no realizadas en las sucesivas certificaciones.

Para ello, los acusados simularon haber realizado obras; introdujeron mayores mediciones, ficticias; y fijaron mayores precios, ficticios. “El ficticio aumento de precios partía de un encarecimiento real (por materiales más caros y por encarecimiento del proyecto, es decir, ejecuciones más caras como, por ejemplo, mayor profundidad de las canalizaciones). No obstante, a ese mayor precio real se unió un aumento ficticio”.

Posteriormente a haber fijado la cantidad de la obra, los acusados optaron por hacerse con una parte anexa de la finca de 615.12l metros cuadrados, lo que suponía la décima parte del total de la finca. Este anexo les costó 4,5 millones de euros, es decir, casi con la mitad de lo que pagó Sanedi S.A. por toda la finca, que asciende a 9 millones. Entre las dos ventas solo transcurrieron dos años.

Según el escrito, estos datos confirman la afirmación de García Becerril en un correo electrónico incautado en el que decía "en le modificación numero uno del proyecto Plaza, repentinamente, decidió incluir en el ámbito del proyecto, esta franja de 61,9 hectáreas y recalificarla como Sistema General Ferroviario y así abrir la puerta para su adquisición por la sociedad Plaza”.

Un 'email' inculpatorio

El correo seguía diciendo: “en marzo de 2003, Carlos Escó negoció directamente con Sanedi, propietaria de dicha banda, llegando al acuerdo de comprar dicha banda por lo que pagó Plaza 754 millones de pesetas a Sanedi por unos terrenos absolutamente inútiles".

En ese mismo correo, García Becerril se preguntaba que si se necesitaba zonas verdes para cumplir los porcentajes obligatorios, “¿ Por qué se pagó ese precio y no otro menor?

¿Por qué no se le compró a Francisco Moncasi sus terrenos colindantes con Plaza y la base aérea, afectados de igual manera que los anteriores y sin embargo se excluyeron del proyecto Plaza por las mismas razones, los 300 metros de seguridad y la proximidad al polvorín? ¿ Por que, si las relaciones de C.E. con las sociedad Sanedi son tan excelentes al punto de apoyar el proyecto de la Ciudad de la Logística, se le ha pagado el metro a 1.218 pesetas en vez de las 523 pesetas que se pagaron a Benito Bergua. ¿Por qué esa decisión de comprar a Sanedi no fue llevada al consejo de administración de Plaza?”, se preguntaba en el 'e mail'.