Susana Díaz

Podemos, PP y C’s fuerzan la comparecencia de Susana Díaz por los fondos de formación

El partido de Rivera cambia de estrategia y se une a la oposición para que la presidenta de la Junta arroje luz en la comisión que investiga los fondos de formación. 

Susana Díaz este lunes en la sede del partido en Sevilla

Susana Díaz este lunes en la sede del partido en Sevilla Efe

PP y Podemos lo habían anunciado hace tiempo, pero es Ciudadanos quien al final forzará la comparecencia de Susana Díaz en la comisión de investigación sobre los fondos de formación en el Parlamento Andaluz. La formación naranja se une así a la petición de los otros dos partidos de la oposición y suman los suficientes votos para que Díaz tenga que someterse al interrogatorio en una investigación en la que se intenta depurar la responsabilidad política en este escándalo.

Sobre lo que iba a hacer Ciudadanos había dudas. En un principio, la dirección de C’s en Andalucía no veía oportuno ni conveniente que Díaz compareciera, y fue Albert Rivera quien apuntó esa posibilidad tras su visita a la Cámara andaluza el pasado octubre. Sin embargo, todo podría cambiar dadas las buenas relaciones de PSOE con Ciudadanos, que hasta ahora han ido viento en popa. Las mejores pruebas son los presupuestos andaluces y el acuerdo que alcanzaron para evitar las comparecencias en esta comisión antes y durante la campaña electoral.

Cambio de estrategia

Tras el 20D, C’s ha cambiado de estrategia. La pasada semana, en la primera reunión tras las elecciones de la comisión de investigación, pusieron sobre la mesa que ya era hora de que arrancaran las comparecencias, algo que era pedido insistentemente por PP, Podemos e IU (los socialistas lo ven “precipitado”). Abrieron esa puerta y la comisión de investigación se ha reactivado, porque llevaba casi cuatro meses sin avanzar poco más que para el acopio de documentación y reglas de funcionamiento.

El paso dado por Ciudadanos ha permitido a los partidos fijar para el próximo 26 de enero el final del plazo para que cada formación presente su lista de comparecientes, que se someterán a votación para el 29 de enero. Los interrogatorios arrancarán el 16 de febrero, siendo los primeros citados a declarar el interventor general de la Junta y los ocho interventores provinciales. La previsión es que Susana Díaz sea citada para la primavera. 

A pesar del cambio de postura, al PSOE no le ha cogido por sorpresa del todo. La propia Susana Díaz ha reiterado en más de una ocasión que testificaría si así se lo pedía el Parlamento. Ahora que ya se sabe que se lo van a pedir y que tendrá que ir, el PSOE se defiende: Díaz no estaba en el Gobierno andaluz cuando tuvo lugar el presunto fraude y cuando accedió al cargo no existían convocatorias de formación (el periodo judicialmente investigado va de 2002 a 2011), por tanto, todo es una maniobra de la oposición para “instrumentalizar” el caso contra la presidenta andaluza.

Desde Ciudadanos se justifica la petición en que "nadie que pueda aportar luz se va a escapar de comparecer en la comisión de investigación" y, como ha explicado su portavoz, Marta Bosquet, a su partido "no le va a temblar el pulso a la hora de llamar a nadie". Podemos también lo pide por ser ella la máxima responsable, mientras en el caso del PP, no parece que su interés esté tanto en la etapa de Díaz en el Gobierno, sino cuando era secretaria de Organización del PSOE-A. Los populares tienen en el punto de mira cuántas sedes del PSOE se han podido pagar con los fondos de los cursos de formación.

Con su comparecencia, Díaz sigue así los mismos pasos que sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Estos tuvieron que pasar por el mismo trance hace casi cuatro años, pero la diferencia estriba en que ellos sí estaban al frente del Ejecutivo autonómico cuando el caso de los ERE estaba en pleno apogeo. A ellos les ha salido caro, Griñán acabó dejando la Junta al verse acorralado por el caso, y a ambos les ha costado sus escaños en el Congreso y en el Senado, respectivamente.

"Estabilidad" en Andalucía

El movimiento de Ciudadanos no parece que de entrada vaya a afectar ni enturbiar las relaciones con el PSOE ni con el Gobierno andaluz (también va a pedir la comparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez). Una comparecencia en una comisión de investigación no tiene tanta trascendencia en comparación con lo que está pasando tras el 20D.

Si Albert Rivera ya ha negado que vaya a jugar a los cromos con lo que pase en el ámbito nacional y que eso pueda tener repercusión en la alianza con Susana Díaz, hoy le ha tocado el turno al Ejecutivo andaluz. Su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha venido a decir lo mismo: no hay eventualidad que haga peligrar el acuerdo porque Andalucía tiene una hoja de ruta propia gracias al compromiso suscrito con Ciudadanos para la investidura, y se está cumpliendo “escrupulosamente” porque el objetivo es dar “estabilidad” a la comunidad.

En paralelo a esta investigación política, la instrucción en la vía judicial de los fondos de formación continúa. La jueza instructora María Núñez Bolaños (también lleva el caso de los ERE) ha incoado diligencias previas de las tres primeras piezas en que dividió esta macrocausa y que se refieren a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, y se investiga a otras trece personas, entre ellas, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.