Tribunales

Juicio al empresario que engañó a Picardo, la CNMV y la prensa

La Fiscalía Anticorrupción pedirá dos años de cárcel para el empresario Trinitario Casanova en la vista que comienza el próximo día 25.

El ministro principal de Gibraltar, Fabican Picardo.

El ministro principal de Gibraltar, Fabican Picardo. Getty Images

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El empresario murciano Trinitario Casanova fue capaz de engañar a la Bolsa, a la prensa, a los bancos e incluso a Fabián Picardo, actual ministro principal de Gibraltar, para manipular los valores del Banco Popular. Fue capaz de construir una mentira a gran escala en la que invocó incluso el nombre del magnate mexicano Carlos Slim para hacer subir las acciones de la entidad bancaria en la que Casanova había invertido 527 millones de euros. Lo dice la Fiscalía Anticorrupción, que pide para él dos años de cárcel por un delito continuado relativo al mercado y los consumidores, después de una investigación iniciada a raíz de una denuncia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Casanova tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo día 25 en los Juzgados de lo Penal de Madrid, en un juicio en el que Picardo está citado a declarar en calidad de testigo por montar al empresario una estructura societaria opaca a través de su bufete Hassans International Law Firm, a través del cual se iba a hacer una supuesta OPA al Banco Popular, algo que nunca llegó a ocurrir.

La historia de Casanova comienza en 2007. En ese año, la empresa de la cual era administrador único, presidente y consejero delegado de su matriz, Titánica Capital Investment SLU, llega a un acuerdo con el Fortis Bank (Países Bajos) para que le financie 394 millones de euros de los 527 millones invertidos en acciones del Banco Popular. Como garantía, todas las acciones fueron pignoradas a favor de la sucursal española de Fortis, sin que Titánica, cuya matriz es Grupo Inversor Hispania, pudiera disponer ni negociar nada sobre las mismas sin previa autorización. Además, como garantía adicional se estableció que la empresa de Casanova constituyese a favor de la entidad los depósitos en metálico que ésta la pudiese requerir en el futuro en caso de que las acciones del Banco Popular se depreciaran en el mercado por debajo de un cierto valor.

En un año, las acciones del Popular bajaron a la mitad del precio respecto al de compra y Fortis comenzó a exigir a Casanova la constitución de doce depósitos de entre 17 a 65 millones de euros. Así que el empresario ideó un plan. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, con el objetivo de que subiera el precio de las acciones, y paralizar así los requerimientos de Fortis, el acusado hizo circular durante el mes de junio de 2008 a través de la prensa económica "la noticia mendaz de que un grupo de inversores mexicanos estaba interesado en lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el Banco Popular a un precio muy ventajoso".

Utilizó al diario Negocio para publicar la noticia de que un grupo liderado por cinco relevantes empresarios mexicanos estaba estudiando lanzar una OPA sobre el Popular con una prima superior al 50% a precios de mercado. El mismo día que Fortis le reclamaba 58 millones de euros, el diario económico publicaba la noticia de que este grupo pensaba adquirir el 30% del capital, en una operación financiada por el HSBC.

Tres agencias de noticias se hicieron eco citando al diario. Sin embargo, horas más tardes el digital El Confidencial publicaba que cuatro grandes accionistas del Popular -Américo Amorín, Nicolás Osuna, Ram Bhavnani y el propio acusado- negociaban la venta del 30% de la entidad a un grupo liderado por el conocido empresario mexicano Tomás Milmo, presidente de Axtel, citando como fuente a uno de esos accionistas.

Noticias falsas para subir la acción

Estas noticias provocaron al día siguiente un "súbito incremento" del volumen de negociación de las acciones de la entidad bancaria y el título bursátil subió un 6,70% respecto de la jornada anterior. Casanova siguió dando información falsa.

Precisamente el día que Fortis le reclamaba de nuevo 39 millones de euros, el diario Negocio publicaba más datos respecto a la presunta OPA, posteriormente reproducidos por varios medios de la prensa económica. Ya había conseguido que las acciones subieran un 12,63%. Sin embargo, al tercer día comenzaron los desmentidos por parte de los implicados y las acciones comenzaron de nuevo a bajar.

Ante este nuevo escenario, Casanova pasó al contraataque. Para evitar que las acciones se desplomasen, filtró la noticia de que un despacho de abogados con sede en Gibraltar estaba interviniendo en la operación. Es ahí cuando entra Picardo. El mismo día que se publica la noticia, Casanova se puso en contacto con el bufete Hassan Internarional Law Firm y se desplazó a Londres, donde contactó con el abogado de aquel despacho Fabian Picardo, ahora ministro principal de Gibraltrar.

Una estructura opaca

Le encargó que le constituyera de forma "urgente" una "estructura societaria opaca" con la que se instrumentalizaría la supuesta OPA sobre el Banco Popular por parte de unos empresarios entre los que -le dijo- se encontraban Carlos Slim, Antonio Bailleres y Tomás Milmo.

Picardo, ante la creencia de que esa operación era cierta, contrató telemáticamente con los servicios del despacho Salans, de Londres, que le proporcionó en el acto la sociedad británica durmiente Blueprime LTD, cuyo socio único era Silverworth LTD y de la que nombró administrador a Goldhind LTD, "sociedades meramente instrumentales carentes de toda actividad y de capacidad financiera".

Casanova fue más allá y llegó a entregar a Picardo un borrador de contrato que había elaborado para formalizar la supuesta transmisión de las acciones, así como una lista de accionistas del Banco Popular a quienes había que enviar el contrato. El empresario murciano dio la orden al ahora principal dirigente de Gibraltar de que en cualquier comunicación que hiciera se presentara como abogado de Blueprime.

Acto seguido comunicó a Fortis que había vendido todas sus acciones pignoradas -hecho, según Anticorrupción, "de todo punto falso"-, por lo que les exigía que se las liberara para poder venderlas. Él mismo acudió a la CNMV como representante de los inversores mexicanos para informar del encuentro en Londres como "hecho relevante". De ello también se hizo eco en la prensa.

La falsa OPA

El propio Picardo emitió una nota de prensa reconociendo que estaba gestionando la operación como representante de los inversores mexicanos, tal y como le había dicho Casanova. "A pesar de esa calculada maniobra informativa dirigida a revalorizar las acciones pignoradas, Fortis advirtió al acusado de que no podía disponer legalmente de tales acciones y que en breve procedería a ejecutar la garantía", sostiene el escrito de acusación.

La farsa continuó y el empresario comunicó a la CNMV que ya estaba firmado un contrato con Blueprime para la adquisición de un 20% del capital del banco. "A pesar de que no se había vendido ni una sola acción de Banco Popular, ese día el diario Negocio, merced a la intervención del acusado" publicó que Blueprime ya había comprado al Grupo Hispania el 3,5% del capital del banco y la participación de otros dos accionistas.

Ese día las acciones del Banco Popular subieron un 4,59% respecto al día anterior. El empresario llegó a filtrar documentos del acuerdo firmado y hasta varios diarios mexicanos informaron de esa venta.

Perdió 170 millones

Después de varias semanas haciendo circular noticias en varios medios de comunicación sobre la operación, el despacho de Picardo decidió dejar de prestar sus servicios y Casanova no pudo impedir que Fortis ejecutara la garantía y procediera a la venta de las acciones, lo que provocó una pérdida de 170 millones de euros para Titánica.

Las noticias falsas de Casanova provocaron que durante los días del 12 y 13 de junio de 2008 aquellos que compraron acciones de Banco Popular pagaran por ellas unos sobreprecios totales de 12,75 y 26,68 millones de euros respectivamente, mientras que quienes las vendieron en esas mismas fechas obtuvieron beneficios indebidos por los mismos importes.

Entre los titulares que compraron acciones se encuentran ocho entidades extranjeras que sufrieron perjuicios por importes entre 422.958 euros y 2,8 millones de euros. Entre las empresas que obtuvieron beneficios por la venta de acciones está Societé Generale, que obtuvo 2 millones de euros; BBVA, otro 2 millones; Banco Español de Crédito, que consiguió 1,1 millón de euros, y el Banco Santander, que obtuvo un millón de euros.