LA INVESTIDURA DE MAS

Las cuatro cosas que separan a Junts pel sí y la CUP

Las dos formaciones mantienen discrepancias en varios asuntos relevantes de la próxima legislatura

Imagen de la asamblea de la CUP, este domingo

Imagen de la asamblea de la CUP, este domingo

Las bases de la CUP indicaron el domingo a sus dirigentes que deben seguir negociando con Junts Pel Sí (JxS) para pactar una serie de medidas sociales, un plan de ruptura con el Estado y el inicio de un proceso constituyente. El mandato de la militancia, además, emplaza a los diputados a encontrar una "figura de consenso" alternativa a Artur Mas para presidir la Generalitat. A pesar del revuelo generado, no se trata de ninguna novedad. La CUP simplemente decidió mantenerse en su postura conocida.

Aunque la investidura de Mas es el principal escollo y el motivo que podría llevar a Cataluña a unas elecciones anticipadas en marzo, hay otros aspectos relevantes de la negociación que a día de hoy separan a ambas formaciones. Los dirigentes anticapitalistas se empeñan en señalar que lo más importante antes de hablar de Mas es el "qué, el cómo y el cuándo", y en estos aspectos trabajan desde hace semanas las mesas negociadoras del Parlament.

Una de estas mesas, la que negoció la hoja de ruta, ya ha finalizado su tarea. Siguen trabajando, en cambio, la mesa que trata sobre el "plan de choque social", la que sienta las bases del nuevo proceso constituyente y la que aborda la ruptura con el Estado. En estas reuniones han aparecido algunas diferencias que, de momento, no tienen solución. A pesar de que se siguen explorando todas las vías posibles para llegar a un acuerdo, estos son los principales escollos para formar un Govern a parte de la investidura de Mas:

1.- El plan de choque social

Esta comisión trata de concretar el "anexo social" que se presentó junto a la declaración de ruptura aprobada el 9 de noviembre. Aunque durante las dos últimas semanas ha habido avances significativos en las negociaciones, todavía existen grandes diferencias entre JxS y la CUP sobre las medidas que se pueden aplicar y las que no. En esta mesa se sientan Toni Comín, Neus Munté y Lluis Llach en representación del sector más progresista de JxS. Por parte de la CUP están los diputados Josep Manel Busqueta y Eulàlia Reguant.

La CUP planteó 39 medidas de urgencia que, en su opinión, son indispensables para dotar de "carácter social" la nueva república catalana. Estas medidas incluyen una renta mínima de inserción, garantizar agua, luz y gas a los ciudadanos más necesitados, la reapertura de algunos centros de atención primaria así como transporte público gratuito para parados, colectivos en riesgo de exclusión social, pensionistas y estudiantes de centros públicos.

El principal obstáculo para que esta mesa llegue a un acuerdo es el mal estado de las finanzas de la Generalitat. Miembros del departamento del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, han asistido a las reuniones para avisar a los anticapitalistas de que su plan es "inasumible" teniendo en cuenta el presupuesto de la Generalitat y la actual dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según fuentes de JxS, el número dos de Mas-Colell, Albert Carreras, les transmitió a los negociadores que no podían permitirse ciertas medidas sociales mientras tenían retrasos a la hora de pagar a los proveedores.

Ambas formaciones buscan estas semanas "fórmulas extrapresupuestarias" que permitan a la Generalitat asumir este plan de choque social, pero todavía no se han encontrado soluciones.

2.- Reversión de privatizaciones

Junto a las 39 medidas sociales, la CUP planteó la necesidad de revertir 14 privatizaciones. La formación anticapitalista reclamó retirar el Consorcio Sanitario de Lleida, paralizar el proyecto VISC+ (un sistema de venta de datos sanitarios), frenar la concesión de la empresa pública Aguas del Ter y Llobregat (ATLL) y paralizar la T-mobilitat, un sistema de pago del transporte público cuya concesión ostenta La Caixa.

La diputada de la CUP Anna Gabriel, sin embargo, ha afirmado este lunes que JxS "no quiere ni oír hablar" de revertir estos procesos. Según ha afirmado Gabriel, JxS pone "líneas rojas" por "aspectos ideológicos" sobre estas privatizaciones y ha lamentado que en las negociaciones tampoco se haya podido plantear el fin de las subvenciones a colegios privados.

"Hay muchas líneas rojas al otro lado que para nuestro entorno son esenciales", ha afirmado Gabriel. El problema es que en las filas de JxS ni siquiera consideran privatizaciones algunas cosas que en la CUP sí ven como tales, como sucede en los casos del Consorcio Sanitario de Lleida o la empresa ATLL.

Dentro de este capítulo también hay divergencias en la gratuidad de los peajes de dos de las más importantes autopistas catalanas, la AP-2 y la AP-7, ambas propiedad de Abertis. La CUP quiere anular los peajes de estas vías para reducir la siniestralidad en dos carreteras nacionales paralelas, algo que no gusta demasiado a JxS.

3.- Proceso constituyente

La mesa que negocia el proceso constituyente tiene como objetivo pactar los procedimientos y normas necesarios para elaborar una nueva Constitución con la participación de la ciudadanía. Esta mesa, además, busca ampliar el apoyo a dicho proceso constituyente y tiene entre sus objetivos sumar a Catalunya Sí Que es Pot (CSP), que también llevaba en su programa la elaboración de un proceso constituyente. Se sientan en esta comisión Carme Forcadell, Lluís Corominas y Lluís Pérez por parte de JxS, mientras que por parte de la CUP asisten los diputados Antonio Baños, Gabriela Sierra y Julià de Jodar.

Entre JxS y la CUP hay acuerdo en que la ciudadanía debe participar activamente en la elaboración de la nueva constitución. Las divergencias, sin embargo, están en las "consultas sobre aspectos clave" que pide la CUP. La formación anticapitalista reclama referéndums para decidir aspectos como el impago de la deuda o la gestión pública del agua, algo que genera recelos en JxS.

También en esta mesa hay algunas diferencias sobre la ley de transitoriedad jurídica hacia la república catalana y sobre la necesidad de articular cuanto antes una nueva ley electoral.

4.- El miedo a que CDC vaya de farol

Los diputados de la CUP no esconden su miedo a que CDC "vaya de farol" y acabe negociando una salida pactada con el Estado que no incluya la independencia. Algunas declaraciones de Francesc Homs, cabeza de lista de CDC para las generales, han apuntado hacia esta dirección y han sentado muy mal en la formación anticapitalista, que ha cargado contra el "neoautonomismo" de algunos sectores de Convergència.

Éste fue uno de los principales motivos por los que la CUP exigió aprobar la declaración de ruptura antes de negociar sobre la investidura, así como la reclamación de actos que escenifiquen que "no hay marcha atrás" en el proceso soberanista. En este aspecto la CUP coincide con algunos miembros de ERC de JxS, aunque en público ningún miembro de ERC ha dudado sobre el independentismo de CDC.

En la CUP no sentó nada bien que la Mesa del Parlament presentase un recurso contra la suspensión de la declaración de ruptura por parte del Tribunal Constitucional. La Mesa no lo notificó a la formación asamblearia y algunos en el partido han visto este movimiento como un ejemplo de la poca determinación de sectores de JxS a romper con el Estado.

"Nos ha sorprendido que se haya recurrido ante el Constitucional, cuando el texto dice que no reconoceríamos la legitimidad de este tribunal", ha afirmado este lunes Anna Gabriel. "En el recurso se dice que es una declaración y que no tiene valor jurídico, cuando nosotros creemos que sí que lo tiene".