La Audiencia Provincial de Madrid deja libre al presunto testaferro de Rato

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de acordar la libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, al apreciar que tiene un problema de salud y su empobrecimiento económico, que hace disminuir el riesgo de fuga. El tribunal entiende que la circunstancias por las que el juez Alfonso Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex ministro de Economía, le encarceló en agosto han cambiado y por tanto acuerda su puesta en libertad, con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción.

Aún así, Portuondo tendrá que entregar su pasaporte y acudir diariamente al Juzgado para controlar que no se sustrae de la acción de la Justicia. Uno de los argumentos del instructor para encarcelarle es que este empresario vivía en México, donde trabajaba, y era fácil que se fugase allí y después no poder reclamarle en caso de ser acusado. Cuando fue detenido, estaba de visita en Madrid, donde vive su familia.

Mala situación económica

Sin embargo, su defensa alegó que su situación económica es mala tras el empobrecimiento padecido en su actividad empresarial, además de confirmar la existencia de arraigo familiar en España y un problema de salud por el que ha recibido tratamiento. "Este conjunto de hechos reduce sensiblemente el riesgo de fuga que en un primer momento se estimó determinante para decretar la prisión provisional", recoge el auto.

Según las investigaciones, la sociedad de Portuondo, Albisa, habría cobrado por trabajos supuestamente realizados a Bankia para después transferir parte de ese dinero a una sociedad de Rato. Se sospecha que era el mecanismo utilizado por el entonces presidente de la entidad bancaria para cobrar comisiones de empresas adjudicatarias de contratos con el banco.

En la resolución, el tribunal no entra a valorar las imputaciones existentes contra él. Sin embargo, sí analiza el arraigo familiar y el hecho de que Portuondo haya acreditado documentalmente que ha cesado su trabajo y vivienda en México. Para los magistrados, el riesgo de fuga "se ha visto sensiblemente minorado, situándose el recurrente ahora en una situación de implicaciones personales que puede ser equiparable a la de los restantes implicados en este proceso".

De ahí que se estime que procede modificar el criterio en su día sostenido para el mantenimiento de la prisión provisional, y decretar en su lugar la libertad pretendida en el recurso interpuesto por la defensa, y en contra del criterio de la fiscal Elena Lorente.

“Agravio comparativo”

Portuondo pidió su libertad, entre otras cosas, porque mantenerle en prisión era un “agravio comparativo” al resto de los imputados, una vez que el principal imputado, Rodrigo Rato, se encuentra en libertad y pesa sobre él los mismos delitos, y a pesar de que el juez reconozca en sus resoluciones que podría tener vinculaciones en el extranjero y/o bienes e inversiones. Entendía que debía merecer el mismo trato procesal que el resto de imputados en la causa con circunstancias similares a las suyas.

La sociedad de Portuondo, Albisa, está vinculada a dos empresas Zenith Media y Publicis, contratadas por Bankia para campañas de publicidad. Éstas a su vez habían encargado a la sociedad Albisa la labor de ayudarles a acceder al concurso para las compañas publicitarias y por lo que se le pagó. Se da la circunstancia de que esta sociedad había pagado por trabajos profesionales un total de 450.000 euros a la sociedad Kradonara, propiedad de Rato.

Cuando acudió Rato a declarar al Juzgado en calidad de imputado el pasado 5 de octubre, aseguró que desconocía el vínculo entre Portuondo y la dos empresas de publicidad. Defendió que los pagos de Albisa a Kradonara responden a trabajados profesionales documentados. Los investigadores sospechan que Zenith media y Publicis pagaron a Rato comisiones ilegales por adjudicarles las campañas de publicidad y lo hicieron a través de Albisa para posteriormente ésta pagar al expresidente de la entidad a través de Kradonara, sociedad que habría llegado a recibir hasta 6,5 millones de euros del extranjero de origen desconocido.