Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Ignacio González y Esperanza Aguirre. EFE

Operación Lezo: las grabaciones

Esperanza Aguirre: “Que nos hayamos saltado el límite de gasto electoral, pues puede, pero no con Fundescam”

La expresidenta de la Comunidad de Madrid reconoció a su sucesor que se pagó de más en la campaña electoral de 2011.

Carlota Guindal Daniel Montero Alejandro Requeijo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció a su sucesor, Ignacio González, que el PP de Madrid pudo saltarse el límite marcado por la Ley de Partidos en relación a la financiación electoral cuando ella estaba al frente de la formación. Las palabras de la exlideresa fueron captadas el pasado 8 de marzo en el marco de la Operación Lezo, que investiga la existencia de una presunta trama criminal liderada por su mano derecha, Ignacio González.

En la conversación, Aguirre considera posible que su partido, auditado por el Tribunal de Cuentas, pudiera saltarse el techo de gasto en las elecciones autonómicas de 2007 o las locales de 2011. Pero no que los pagos se desviaran gracias a Fundescam, tal y como investiga la Audiencia Nacional en el seno del caso Púnica.  

"Yo, de esto de Fundescam la verdad que no tengo, pero vamos, yo creo que Fundescam jamás ha estado en nada de nada", explicaba Ignacio González. "Yo es que creo que, como se decía de pequeño. Frío, frío, frío, oiga", le refuerza Aguirre. "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado", sentencia. 

Si se confirman las palabras de Aguirre habría habido financiación irregular del partido, ya que en las elecciones analizadas el PP no tuvo sanción alguna del Tribunal de Cuentas por saltarse el techo de gasto. Es decir: si el PP compitió con más dinero del establecido, el organismo fiscalizador no lo detectó. Y si no lo hizo y el derroche se produjo, solo quedan dos opciones: que el trabajo de los auditores fuera deficiente o que el Partido Popular utilizara para esas elecciones unas fuentes de ingresos no declarada.

La contabilidad B del PP

El pasado 25 de abril, Esperanza Aguirre tuvo que dimitir como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid tras la detención e ingreso en prisión de Ignacio González, su mano derecha durante años. Pesaba también el lastre de que su otro hombre de confianza, Francisco Granados, también estuviera en prisión. Además, su hombre de las finanzas, Beltrán Gutiérrez está investigado en el caso Púnica por la financiación irregular de las campañas en las que ella era candidata. Y en el caso Gürtel, el banquillo está poblado de responsables del PP madrileño acusados de cobrar comisiones ilegales de Francisco Correa. 

“Como ha quedado acreditado -explica uno de los informes de la Guardia Civil obrante en la causa- este techo de gasto (electoral) se sobrepasó por parte del PP para el caso de las elecciones del año 2007, eludiendo la fiscalización preceptiva mediante el uso de una contabilidad “B”, una serie de fuentes de ingresos paralelas, determinados entramados empresariales o el uso de facturación ficticia”.

Según analizan los investigadores, uno de los métodos utilizados para la elusión de los controles de la Cámara de Cuentas es el de utilizar empresas intermediarias –entre ellas algunas de las vinculadas a la persona de Óscar Sánchez Moyano, tal y como desveló este diario- para hacer llegar el dinero proveniente de diferentes métodos de recaudación hasta las empresas proveedoras, “sin pasar por la cuenta de campaña y sin ser declarados como gastos de esta”.

Sin embargo, una serie de indicios hace pensar que “con motivo de las elecciones del año 2011 se generaron una serie de deudas que son las que se pretenden saldar con la solicitud de Ignacio González”. Hace referencia al testimonio de un exdirectivo de la empresa pública madrileña ICM, Silvano Corujo, quien aseguró que el entonces número dos de Aguirre solicitó al máximo responsable de la empresa de informática que tenía que buscar un millón de euros para tapar los agujeros de la campaña.

Los investigadoras sospechan que parte de esta campaña la pagó la empresa Indra a cambio de recibir contratos millonarios -que ascendían a más de 15 millones anuales-. A su vez y según esta tesis, Indra se encargaba de pagar a los proveedores de la campaña del PP a través de una sociedad interpuesta colocada por el partido.