"UNA DE LAS FAMILIAS MÁS ACAUDALADAS DE ESPAÑA"

"Escándalo y consternación" en la UDEF por lo mucho que han robado los Pujol

Las pruebas del saqueo (I).- Las rogatorias desvelan que el clan ha desarrollado "todas las modalidades conocidas de blanqueo".

Pujol, tras declarar ante el Parlament, el 26 de septiembre de 2014.

Pujol, tras declarar ante el Parlament, el 26 de septiembre de 2014. Getty Images

  1. Jordi Pujol i Soley
  2. Jordi Pujol Ferrusola

La Policía concluye que los Pujol conforman una de las "familias más acaudaladas de España". La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha terminado el análisis de las comisiones rogatorias libradas a Andorra, Reino Unido, Argentina, México o Liechtenstein, donde radica buena parte del "patrimonio inmenso" del clan catalán, y sentencia que las cifras manejadas "son ciertamente escandalosas", "desproporcionadas" e "imposible de asimilarse a relaciones económicas usuales". Asimismo, precisa que el origen de los fondos procede de "empresarios de Cataluña" y del "ejercicio de actividades ilícitas".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación completa entregada por las autoridades de los países requeridos así como a decenas de informes policiales en los que se analizan los hallazgos. Este periódico inicia hoy una serie en la que se desvelan, por vez primera, las grandes pruebas documentales del mayor saqueo de la historia de la democracia española, que sorprendentemente mantiene todavía a sus principales protagonistas en libertad y sin medidas cautelares.

"Organización criminal perfectamente asentada"

La Policía Judicial refleja en sus dictámenes su abierta "consternación" por los cientos de millones de euros hallados en los más recónditos destinos del mundo y presentan a los Pujol como una "organización criminal perfectamente asentada". Esta banda estaría encabezada por los "patriarcas Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Lladós" y, a juicio de la UDEF, ha llevado a cabo durante las últimas décadas "todas las modalidades conocidas" hasta la fecha en materia de blanqueo de capitales. Esta organización delictiva, prosiguen los investigadores, nunca se ha topado con "obstáculo alguno en su devenir" y "continúa por todos sus hijos e, incluso, en algunos casos, se extiende a las parejas sentimentales de estos".

Para confirmar la procedencia ilícita del dinero, los agentes han tenido que retrotraer sus pesquisas hasta 1990, año en el que se abre la primera de las diez cuentas investigadas en Andorra. En esas fechas, Jordi Pujol i Soley controlaba desde hacía diez años la Generalitat de Cataluña y adjudicaba como máximo responsable autonómico miles de millones al año en contratos públicos. Seis años antes, la Justicia intentó procesarle por primera vez tras la quiebra de Banca Catalana, la entidad financiera que el expresidente controlaba con su padre, Florenci Pujol. Ambos fueron acusados de apropiación indebida y falsedad documental, entre otros delitos. Sin embargo, el caso se cerró sin consecuencia alguna para ellos.

De forma paralela y según los informes policiales, el clan Pujol montó una estructura opaca en Andorra que perduró hasta la confesión pública del ex presidente durante el verano de 2014. Desde el paraíso fiscal, el patrimonio familiar funcionó siempre con el principio de "caja única", esto es, concibiendo la fortuna como propiedad del clan en su conjunto, aunque "confundiéndola de forma ostensible, tanto en su creación como en su distribución, entre los miembros de la familia".

Pero no sólo en Andorra. Al analizar el histórico de los movimientos bancarios se han hallado pruebas de que la familia opera con Suiza al menos desde marzo de 1997, cuyas entidades financieras, como el Bankers Trust AG de Zúrich, ocultan la identidad del primogénito del clan bajo la denominación genérica de "one of our clientes" -uno de nuestros clientes- y la clave "41768 Diplomático".

Primera operación de los Pujol con Suiza, realizada en marzo de 1997.

Primera operación de los Pujol con Suiza, realizada en marzo de 1997.

Las pesquisas judiciales requeridas por la Audiencia Nacional han permitido "cerrar el círculo". Es decir, acreditar el blanqueo por parte de los Pujol desde el origen ilícito de los fondos -las comisiones rogatorias confirman que los fondos fueron abonados directamente por las empresas adjudicatarias de contratos públicos- hasta "la última fase reconocible", la que consiste en la "financiación de nuevas actividades ilícitas [...] Siendo un claro ejemplo de ello los negocios desarrollados en Argentina y México".

Así, se ha procedido en muchos casos a la "identificación de los aportantes, empresarios necesitados de que alguien 'dinamizara' -término utilizado siempre por el primogénito del clan para describir sus actividades- sus negocios con la Administración pública". Los agentes investigan ya a una veintena de empresarios con intereses en Cataluña por ingresar fondos desde hace más de 20 años en las cuentas opacas de la familia Pujol. Además, han acreditado la "la forma de pago que estos hicieron" con "transferencias perfectamente delimitadas a una jurisdicción off-shore" y "finalmente el retorno de estos capitales ya blanqueados a España y su utilización en otros negocios en el extranjero".

El fin de la coartada de la herencia

La investigación ha contribuido también a "desvirtuar totalmente" las declaraciones prestadas en sede judicial por los miembros del clan. Desde la "negación sistemática de Jordi Pujol Ferrusola a tener algún derecho de propiedad sobre cuentas corrientes u otros activos financieros en sitios off-shore" al comunicado público del ex presidente autonómico catalán en el que atribuyó falsamente a una herencia familiar el origen de la fortuna oculta. En este último pronunciamiento, la UDEF destaca que el máximo responsable de la organización "cometió un yerro destacable" al atribuir a su padre el origen de los fondos cuando ante los bancos de Andorra empleó una "argumentación bien distinta y claramente contradictoria".

La documentación de la que dispone este periódico demuestra cómo Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia, era el encargado de canalizar la mayoría de los fondos en Andorra y otros paraísos fiscales. A continuación, el dinero era distribuido de forma equitativa entre sus hermanos, como refleja el siguiente documento, enviado a los gestores en Andorra. "Del dinero que llegó hace poco haga lo siguiente", escribió Pujol Ferrusola antes de remitir 30.000 euros a cada uno de sus hermanos.

Manuscrito de Pujol Jr. con el reparto de comisiones entre sus hermanos a partes iguales.

Manuscrito de Pujol Jr. con el reparto de comisiones entre sus hermanos a partes iguales.

La operativa de reparto, que lleva a la policía a concebir al clan Pujol como un grupo mafioso, ha perdurado en el tiempo. El 25 de abril de 1992 -cinco años antes del manuscrito anterior- la cuenta en Andorra de Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Pujol, recibió 36.000 euros. Y otros 24.000 euros el 3 de octubre de 1994. En ambos casos y un día antes de las transferencias, la cuenta de su hijo recibió ingresos de procedencia desconocida por valor de 600.000. 

El 27 de agosto de 1992, Jordi Pujol Ferrusola ordenó de nuevo dos transferencias desde una de sus cuentas en Andorra. El dinero fue destinado esta vez a sus hermanos Oriol y Mireia, que recibieron justo la mitad de los fondos que su hermano (15.000 euros). Antes de producirse el reparto, las cuentas del primogénito registraron un ingreso de 680.000 euros de origen desconocido.

Otra prueba del reparto de dinero en metálico en Andorra a partes iguales entre los hijos de Pujol.

Otra prueba del reparto de dinero en metálico en Andorra a partes iguales entre los hijos de Pujol.

El 28 de diciembre de 1992, la operativa se repitió de nuevo, pero esta vez con seis transferencias encadenadas desde las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola. Los seis ingresos fueron a parar a manos de sus hermanos: Oriol, Mireia, Marta, Oleguer, Pere y Josep, que recibieron el mismo día 2,6 millones de pesetas (15.600 euros). Esta mecánica sistematizada ha llevado a Anticorrupción a tomar la determinación de acumular todos los procedimientos abiertos contra la familia en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para determinar la magnitud exacta del que ya considera el mayor latrocinio perpetrado por una sola familia en democracia.