crisis en el gigante sevillano

¿Cómo salvar Abengoa? Tres caminos para su reestructuración

Ya en preconcurso, la compañía de energías renovables tiene cuatro meses para tomar un rumbo financiero hacia su salvación.

Torre termosolar de Abengoa en Sevilla.

Torre termosolar de Abengoa en Sevilla. Reuters

La caída de Abengoa ha pasado de asunto financiero a la primera línea política. Ocurre en plena carrera electoral hacia el 20 de diciembre y algunos partidos, sin mirar los números, ni el negocio, se han apresurado a ejercer el papel de salvadores de la empresa, con dinero de todos, en nombre del Estado. La Junta de Andalucía fue la primera en alzar la voz para impulsar un rescate de la compañía. Su potencial impacto sobre la región, ya castigada por el paro, haría descarrilar la incipiente recuperación andaluza.

La multinacional española tiene más de 7.000 empleos en España, pero 4.000 de ellos están en Sevilla y 2.000 en la sede central de Palmas Altas. Se trata de uno de los principales empleadores de alta cualificación de la región, que sufre una tasa de paro del 29%. Ese es el empleo directo. El indirecto multiplica esa cifra. Abengoa es una empresa tractora para cientos de pymes andaluzas que se han convertido en proveedoras y a las que también debe dinero. Por eso en su caída puede arrastrar todo un sector económico.

La solución política: el ICO, la SEPI y los bancos

La reacción de sindicatos y algunos partidos políticos ha sido pedir, de manera inicial, un rescate público de la empresa. Primero usando al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como líder de una nueva refinanciación de la compañía a la que pueda acudir la banca. Pero además de crédito, lo que verdaderamente necesita Abengoa es una nueva inyección de dinero, un accionariado estable y un nuevo equipo gestor. Entre las posibilidades con participación pública aparece la SEPI, la sociedad que ya ha participado en otros grupos empresariales de interés estratégico como Deoleo o Indra.

En este sentido, la entrada de un nuevo socio que aporte dinero es la llave para que Abengoa pueda plantearse quitas (descuentos) sobre su deuda y recupere la confianza de acreedores. La operación con Gonvarri dibujaba ese escenario con una ampliación de capital de hasta 650 millones de euros, en su mayoría aportados por el nuevo socio. El Gobierno se ha apresurado a pedir a la empresa que se busque otro accionista industrial que cambie la gestión y logre el apoyo de los bancos para refinanciar su deuda financiera neta de más de 6.400 millones de euros.

Cinco años rescatando a Prisa

A finales de 2007, Prisa caminaba sobre el agua de los mercados. Pero la OPA de exclusión que lanzó sobre su participada Sogecable se envenenó cuando Telefónica decidió venderle el 17% de la empresa. La deuda del grupo se elevó por encima de los 5.000 millones de euros y al año siguiente estalló la crisis financiera, que se cebó con los grupos más endeudados. Prisa comenzó entonces una carrera por vender parte de sus principales filiales, activos de todo tipo y ejecutó miles de despidos. Desde Cuatro, la cadena de televisión en abierto cuya licencia heredó de Canal+ y que vendió a Mediaset; hasta la Editorial Santillana, su joya de la corona, que pasó a un fondo DJL Partners y parte a Penguin. También la Ser con el capital riesgo de 3i y, finalmente, Digital+ a Telefónica.

Pero esa maraña de operaciones hubiera sido ineficaz de no ser por la increíble reestructuración financiera que llevó a cabo la empresa en connivencia con sus acreedores. En 2010 se invoca a Liberty Acquisition Holding, un SPAC (vehículo de inversión a medida para compras corporativas) controlado por cerca de un centenar de fondos de inversión especulativos y cuya cabeza visible era Nicolas Berggruen. Su aterrizaje en Prisa se realiza en una ampliación de capital (650 millones) que comenzará a diluir el peso de la familia Polanco del 70% del accionariado a poco más del 35%. En ese momento se crea una compleja estructura paralela de acciones y warrants (derivado financiero) que cambiará por completo el mapa accionarial de la compañía de medios.

Una dilución semejante es la que se estaba planteando en Abengoa para la familia Benjumea y el resto de socios fundadores. Sin embargo, todo aquello no fue suficiente y Prisa no logró remontar el vuelo. Es entonces cuando se inicia una nueva fase del rescate de la compañía con la participación, esta vez sí, de los bancos acreedores y otros financiadores de la empresa. El británico HSBC junto al consorcio español Banco Santander, La Caixa y Telefónica canjean parte de su deuda por unos bonos convertibles en acciones. En el verano 2014 los ejecutan a cambio de alrededor 30% de Prisa junto a otros socios como UBS o Fidelity. También aceptar quitas sobre la deuda de la empresa.

Un mes más tarde se realiza la enésima ampliación de capital con la entrada del mexicano Roberto Alcántara Rojas (Grupo Herradura), que toma el 10% y se convierte en socio de referencia, mientras que los fundadores del grupo se quedan con menos del 15%. La última inyección de fondos ha llegado este mismo mes de noviembre desde Qatar. International Media Group, del G.A Al Ku-wari, se hará con el 10% de la empresa en otra ampliación. Han sido cinco años inyectando fondos en la empresa, cinco años de malabarismos financieros que no parecen tener fin. Sólo Juan Luis Cebrián, su primer ejecutivo, ha salido reforzado como mayor accionista individual del consejo (0,25%), con el timón siempre en sus manos y con el apoyo de los nuevos accionistas que han ido entrando en Prisa.

Pescanova

Pescanova

El caso de Pescanova

Por buscar alguna ventaja al proceso preconcursal de Pescanova es que cuenta con un antecedente. Un caso similar que acabó en concurso de acreedores, logró evitar la liquidación y, pese a conllevar peleas en público y en privado entre accionistas y bancos, ha conseguido llegar a buen puerto y salvarse. Se trata de Pescanova. La empresa gallega entró en concurso de acreedores el 5 de abril de 2013, un mes antes había pedido el preconcurso después de que los consejeros de la empresa se negaran a firmar las cuentas de la compañía por las dudas sobre su contabilidad.

Esas dudas, meses después, se convirtieron en un agujero oculto de casi 1.700 millones de euros generados durante la gestión de quien fuera su presidente y primer accionista, Manuel Fernando de Sousa. No lo vio el consejo de administración, ni el auditor. Y no lo vio la CNMV. Declarado su concurso, el mango de la sartén en las negociaciones con Pescanova lo tuvo el denominado G7, los siete bancos acreedores (Sabadell, Popular, CaixaBank, Novagalicia, BBVA, Bankia, UBI Banca). También tenía un socio industrial que intentó convertirse en el accionista de referencia y llevar la voz cantante: Damm, con la familia Carceller al frente. Los dueños de la cervecera contaban con apoyos, los de los fondos Luxempart, KKR y Ergon Capital Partners.

La familia catalana era dueña de más del 6% del accionariado de Pescanova. Con el beneplácito de los bancos, llegó a colocar a un hombre de su cuerda en la presidencia del grupo pesquero, Juan Manuel Urgoiti e, incluso, a elaborar una propuesta en firme para reflotar la compañía y hacerse con el 51% del capital, dejando el 49% restante a banca acreedora. Pero los bancos dijeron que no y la opción Carceller se fue al traste. Hasta el punto de dejar el accionariado de la compañía.

Finalmente, la salvación de la gallega ha venido, este otoño, de la mano de los bancos. Ellos han marcado los ritmos y ellos se han quedado con la mayoría del capital, con el 80%. Mientras, el 20% restante corresponderá a los accionistas minoritarios. El proceso de transformación de Pescanova ha sido complejo. En resumen, ha pasado por una ampliación de capital y por una considerable quita. En conjunto, los bancos han renunciado a cerca de 2.000 millones de euros de los más de 3.000 millones a los que ascendía la deuda total de Pescanova. Ahora la compañía necesita crecer, así que habrá que inyectar nuevos fondos.