A debate

No rotundo a la supresión del CGPJ, sí a su reforma

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La proximidad de las elecciones generales hace que al menos una vez cada cuatro años, los partidos políticos formulen propuestas en el ámbito de la Justicia, si bien la mayor parte de las veces, de forma abstracta y ajena a la realidad de juzgados y tribunales.

Es triste comprobar que la Justicia no constituye una prioridad para los dirigentes políticos, que únicamente se preocupan por su funcionamiento, cuando quienes tienen responsabilidad de ese género o relevancia económica y social, se ven inmersos en procedimientos judiciales.

La legislatura que termina es un ejemplo de lo que nunca debería ocurrir. La dimisión de un ministro o de un fiscal general, no son más que la escenificación de lo que una inmensa mayoría de los operadores jurídicos ha calificado de auténtico caos, con múltiples propuestas inmediatamente rectificadas, tramitadas además con celeridad incomprensible e impuestas desde el rodillo de la mayoría absoluta.

Sería imposible reflejar en solo unas líneas los vaivenes, improvisaciones y rectificaciones que han presidido la actuación en Justicia estos últimos años. Pero no me resisto a hacer mención, por su carácter significativo, a las siguientes reformas y contrarreformas.

Ilustración: Jon G. Balenciaga

Ilustración: Jon G. Balenciaga

Al inicio de la legislatura el entonces ministro Gallardón compareció manifestando sus prioridades para la reforma de la Justicia. Y entre ellas citó la del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, que según dijo, se llevaría a cabo con la finalidad de dar cumplimiento al programa electoral del PP. Por tanto manifestó que los vocales de procedencia judicial, serían elegidos por los jueces y magistrados. Por razones que se ignoran, aunque se intuyen, a los dos meses y bajo el pretexto de un pretendido acuerdo con el principal partido de la oposición, se decidió mantener el sistema de elección parlamentario de todos los vocales, cambiando además la configuración del CGPJ para limitar considerablemente sus competencias potenciando su carácter presidencialista. Pese a las supuestas bondades de esta reforma, en los dos últimos meses de la legislatura, se ha aprobado una contrarreforma de la L.O.P.J. ampliando la composición de la Comisión Permanente, pero incrementando las competencias de su presidente, al corresponder a éste la propuesta de los vocales que integrarán dicha Comisión.

Nunca un texto legal había recibido críticas tan unánimes como la ley de tasas

¿Y qué decir de la Ley de tasas? Se presentó como una apuesta necesaria, para dotar a la asistencia jurídica gratuita de los recursos que se obtuviesen con la aplicación de la ley. Nunca un texto legal generó más unánimes críticas y movilizaciones entre todos los operadores jurídicos, que antes de su aprobación ya habían advertido de sus consecuencias. El mismo ministro Rafael Catalá se vio obligado a derogarla en sus aspectos más relevantes.

No podemos tampoco olvidarnos de la precipitada reforma de la L.E. Criminal, que en el minuto final de le legislatura, con unas prisas difícilmente comprensibles y con el pretexto de agilizar la Justicia, ha reducido los plazos de instrucción de los procedimientos penales, prescindiendo del contexto y la realidad de los órganos judiciales. Es significativo que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de este país haya vaticinado la impunidad que de tal ley va a derivarse en supuestos de delincuencia económica y relativos a la corrupción.

No ha habido ni sombra de pacto de Estado para abordar los problemas de la Justicia. A ello han de añadirse unos órganos judiciales sobrecargados de asuntos, sobre todo en las jurisdicciones civil y social, como consecuencia de la crisis económica. Mientras esos órganos carecen en muchos casos de adecuados medios personales y materiales, se invierte el dinero público en obras faraónicas, comos los 27 millones de euros destinados a la remodelación del edificio de la Audiencia Nacional, o los gastos millonarios efectuados en la fantasmagórica Ciudad de la Justicia en Madrid.

Cuanto se acaba de señalar, no es más que una mínima expresión de los desbarajustes que afectan a la Justicia en España. Todos sabemos que no cabe hablar de un verdadero Estado de Derecho, sin un poder judicial, que no solo sea independiente, sino que además y ello es esencial, lo parezca y con una Administración de Justicia rápida y eficaz, que dé una respuesta ágil a la tutela de los derechos y libertades sin encontrarse perdida como ocurre ahora en España, en un laberinto en que se entrecruzan de forma incomprensible, competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, en aquellas en que se han efectuado las transferencias.

La mera sombra de politización merma la credibilidad de la Justicia

Y lo cierto además es que la práctica totalidad de los ciudadanos de este país, que prefieren acudir a los juzgados y tribunales para resolver sus conflictos, antes de acudir a mecanismos alternativos como la mediación o el arbitraje, opinan que la Justicia española, como estructura y más allá de cada uno de los jueces que la integran, es una Justicia “politizada”.

Por mucho que tratemos de explicar que no cabe predicar esa politización de los jueces y magistrados cuando ejercen la jurisdicción y que tal politización, debe referirse al CGPJ, que es un órgano político, lo cierto es que tal aserto no resulta ya creíble, porque la apariencia de politización de la Justicia, constituye hoy en día un lugar común en el debate público.

Y esa apariencia es la que debe preocuparnos, porque aun cuando efectivamente los jueces nos limitamos a aplicar las leyes aprobadas por el Parlamento, lo que de por sí debería excluir cualquier sombra de politización, sin embargo esa mera apariencia, ya merma la credibilidad en la Justicia. No tenemos más que hacer mención a las recientes resoluciones del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, relativas a las recusaciones de dos magistrados que iban a enjuiciar el caso Gurtel. Nadie dudaba de su imparcialidad, pero la apariencia de que esta pudiera faltar, fue causa más que suficiente para aceptar su recusación.

Pues bien, la mera apariencia de la politización de la Justicia exige estudiar y proponer desde el mayor consenso posible medidas que fortalezcan la imagen de independencia del poder judicial.

La experiencia sobre el funcionamiento de la Justicia, en el marco de la Constitución de 1978, nos tiene que llevar a unas determinadas conclusiones.

Frente a quienes de forma sorprendente plantean ahora la desaparición del CGPJ, es necesario recordar una vez más la finalidad del constituyente al crear este órgano, definiéndolo en el art. 122.3 de la Constitución como el órgano de Gobierno del Poder Judicial. La incorporación del CGPJ en la Constitución de 1978 fue valorada con entusiasmo. Así se dijo que “significaba un momento de ruptura con la forma habitual de concebir la organización judicial dentro del aparato del Estado en el constitucionalismo español” y una “auténtica revolución en nuestra organización jurisdiccional”. Frente a un poder ejecutivo que tenía toda la capacidad de decisión en última instancia sobre el poder judicial, la creación del CGPJ tuvo como finalidad esencial representar y defender la independencia de la magistratura, como garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, frente a cualquier injerencia externa.

El CGPJ debe reformarse para convertirlo en garante de la independencia del poder judicial

El CGPJ como órgano constitucional cuya finalidad es salvaguardar la independencia del poder judicial deber ser necesariamente conservado e incluso potenciado.

Cuestión distinta es que la experiencia desde el primer Consejo en 1980 obligue a su necesaria reforma. Sin ninguna duda, el modo de elección de los vocales, su funcionamiento y el ejercicio de alguna de sus más importantes competencias, como el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los altos cargos judiciales (presidentes de Audiencia Nacional, Tribunales Superiores), ha sido una causa fundamental de esa indeseable apariencia de politización de la Justicia.

Debemos por ello pronunciarnos con claridad; supresión del CGPJ , en ningún caso. Su reforma, imprescindible, precisamente para potenciarlo como verdadero garante de la independencia del poder judicial.

No sería intelectualmente hablando, ético ni aceptable, negar que el sistema de elección de los vocales y de su presidente es una de las razones que han determinado la apariencia de politización de la Justicia.

Con carácter general en los sucesivos Consejos, muchos vocales han actuado y votado en bloques, según sus afinidades ideológicas, en línea con el partido político que les había propuesto. En cuanto a la designación de los respectivos presidentes, esta ha aparecido en los medidos de comunicación, días antes de que el pleno destinado al efecto se celebrase. E incluso algún presidente de Gobierno avanzó, en una inaceptable falta de respeto hacia el CGPJ, a quien “había decidido elegir como presidente”.

El debate está servido desde hace muchos años. Los partidarios de la elección parlamentaria de los vocales judiciales, mantienen que no cabe mayor legitimación que la de ser elegidos por los representantes de la soberanía popular. Sus detractores ponen de manifiesto la forma de operar por bloques que antes hemos expuesto.

Quienes por el contrario apuestan por la designación de los vocales por los propios jueces y magistrados mantienen que se eludiría de esa manera la vinculación con los partidos políticos. Pero los detractores de este sistema se fijan en los riesgos de corporativismo, aislamiento de la sociedad, e influencia de las asociaciones judiciales en detrimento de los jueces no asociados, que constituyen la mitad de la carrera judicial.

La reforma del CGPJ debe empezar por su elección y seguir por su funcionamiento

Es cierto que son las personas que llegan a un órgano de gobierno, cada una de ellas individualmente considerada quienes deben tener el coraje suficiente para defender aquello en lo que creen justo con independencia de a quien favorezca o perjudique. Pero en los tiempos de la tiranía de lo “políticamente correcto”, es obvio que no todos tienen el arrojo suficiente para defender y mantener aquello en lo que creen. Los órganos colegiados tienen unos mecanismos de funcionamiento que acaban en muchas ocasiones por “devorar” a quien sin el apoyo suficiente, pretende actuar con arreglo a sus convicciones.

De ahí que sea imprescindible abordar desde el rigor y al mismo tiempo desde la serenidad, la necesaria reforma del CGPJ, empezando por su elección y siguiendo por su funcionamiento.

Quienes ahora pretender suprimir el órgano, me recuerdan a los que ante el incremento de la litigiosidad ofrecían como panacea, una ley de tasas que dificultara el acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales, como si de esa forma los conflictos públicos y privados necesarios de tutela judicial no existieran... ¿Alguien cree razonablemente que la supresión del CGPJ y la concentración de todo el poder en una sola persona, designada a su vez por los políticos y sin ningún tipo de control, eliminaría la apariencia de politización de la Justicia?

Todo lo contrario. Las cuatro asociaciones judiciales han sido contundentes: la independencia judicial resultaría aún más afectada y se abriría un panorama que favorecería planteamientos absolutistas en el funcionamiento interno de la carrera judicial y permitiría un mayor control político de la Justicia.

Ha de hacerse pues un debate imprescindible sobre el modelo de un CGPJ realmente garante de la independencia del poder judicial, que excluya la apariencia de politización y con relación al cual, las fuerzas políticas tengan la altura de miras suficiente, para dejar a un lado sus propios intereses.

La cuestión no es fácil y no debe simplificarse adornándola sin más, de mera retórica florida. No es el momento de las ocurrencias o de las respuestas de trazo grueso.

Personalmente he sido siempre partidaria de la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ, pero no puedo obviar ni negar los problemas que para la apariencia de politización de la Justicia, se han derivado de ese sistema de elección y del propio funcionamiento del CGPJ.

Me gustaría seguir apostando por esa elección parlamentaria. Pero para ello es imprescindible un cambio en profundidad y una apuesta decidida por potenciar al máximo la independencia del poder judicial... Y la duda está ahí: ¿Hay realmente voluntad en el escenario político para que un poder judicial independiente y una administración de Justicia con medios suficientes sean una prioridad en España?

***Margarita Robles es magistrada del Tribunal Supremo y exvocal del CGPJ.

***Ilustración: Jon G. Balenciaga