CORRUPCIÓN

Tres exdirigentes del PNV de Álava se sentarán en el banquillo

Están acusados de crear una trama para el cobro de comisiones ilegales. El juez cifra en dos casos una “mordida” del 4%. Entre los procesados figura un exviceconsejero del Gobierno vasco. 

Sede del PNV en Bilbao

Sede del PNV en Bilbao Wikimedia Commons

Tres exdirigentes del PNV de Álava tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por el mayor caso de presunta corrupción descubierto hasta el momento en el País Vasco. Junto a ellos lo harán también otros 23 procesados, entre los que figuran un viceconsejero y un director del Gobierno vasco de la etapa en la que era lehendakari Juan José Ibarretxe.

La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado “íntegramente” los recursos presentados por los 26 encausados. Su resolución es firme y no cabe recurso ante instancia superior. Da paso a la apertura de juicio oral que se celebrará previa presentación de las calificaciones de las partes personadas en la causa donde deberán concretarse las imputaciones.

Los procesados están acusados globalmente de once delitos, entre los que figuran prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias , actividades prohibidas a funcionarios y defraudación fiscal.

La mayoría de los 26 tiene en común su relación con el PNV en el momento de los hechos objeto de enjuiciamiento, bien directa o a través de un familiar, o por su representación en cargos públicos o de designación.

La causa que ahora llega su fin toma el nombre del principal procesado, Alfredo De Miguel, el “cerebro” de la presunta red basada en la influencia política de sus promotores y creada para la obtención “irregular” de adjudicaciones públicas y el cobro de “comisiones ilegales” por contratos otorgados a terceros o gestiones urbanísticas realizadas en su favor.

Principales procesados

De Miguel fue el “número dos” del PNV en Álava, donde asumió el cargo de diputado foral de Administración Local y Equilibrio territorial en 2007, que ejerció hasta su detención en 2010. De la Ejecutiva alavesa del partido (ABB) formaron parte también Aitor Tellería, exprocurador de las Juntas alavesas, y Koldo Otxandiano, exgerente del Instituto Foral de Bienestar Social. Los tres eran amigos y constituyeron junto a sus mujeres una empresa, Kataia Consulting, esencial en el devenir de la investigación a la que fueron sometidos.

Adjudicaciones injustificadas a Kataia han acabado sentando en el banquillo al exviceconsejero del Gobierno vasco Gurutz Larrañaga y al exdirector de Juventud y Acción Comunitaria Xabier Sánchez Robles. Al primero, por no controlar a su suboordinado; y al segundo, por favorecer a las empresas de De Miguel y su entorno. Todos ellos serán juzgados junto a una exalcaldesa y un exedil del PNV, un exauditor del Tribunal de Cuentas, dos gerentes de entidades públicas, dos constructores, familiares de los principales implicados, funcionarios técnicos, administradores de empresas privadas y hasta un grupo de inversores catalanes.

Cinco años de investigaciones

La instrucción del “caso De Miguel” concluyó en marzo de 2015 tras cinco años de investigaciones dirigidas por el juez Roberto Ramos y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre.

En un extenso auto el magistrado consideró acreditada la existencia de una “trama organizada” liderada por De Miguel y desplegada en torno a las administraciones o entes gobernados por el PNV, de cuyas adjudicaciones se nutrían.

Para llevar a cabo su estrategia la red constituida creó o utilizó diversas firmas societarias que en la mayoría de los casos “carecían de actividad económica”, así como de experiencia y medios para realizar trabajos por los que facturaron y que, muchas veces, ni siquiera entregaron . A través de estas “empresas pantalla” se canalizaba, según el juez, el cobro de las comisiones o de “cantidades ilegales o ilícitamente recibidas”.

La persecución judicial para los principales imputados empezó en marzo de 2010. El día 17, a primera hora de la mañana, la Ertzaintza registraba y detenía en sus domicilios a De Miguel, Tellería y Ochandiano y a otras cinco personas también vinculadas al PNV. La operación partía de una denuncia presentada en diciembre de 2009 por una empresaria, Ainhoa Alberdi, que había recurrido a la Justicia al sentirse extorsionada.

Denuncia de una empresaria

Alberdi era socia de Urbanorma Consulting, empresa que se hizo cargo de la ampliación del parque tecnológico de Miñano en Álava, y relató que De Miguel le venía exigiendo el pago de 100.000 euros por la adjudicación otorgada. Ella desconocía que su socio, Jon Iñaki Echaburu, había acordado la entrega de esa cantidad y se sentía presionada por el diputado foral y el dirigente del PNV, Aitor Tellería, que le instaban reiteradamente a pasar por caja.

La denunciante aportó unas grabaciones que prendieron la mecha de la investigación. Ésta empezó por poner al descubierto la existencia de Kataia Consulting, desde donde operaban los tres dirigentes nacionalistas parapetados detrás de sus mujeres, ahora también procesadas.

El juez comprobó que Kataia había sido adjudicataria de varios contratos menores, por importe de 34.000 euros, otorgados a dedo por la Dirección de Juventud del Gobierno vasco y de los que no había constancia del trabajo realizado. Tiró del hilo y aparecieron otras empresas en parecida situación, Errexal y Ortzi Muga, también relacionadas con De Miguel y contratadas desde el mismo organismo, que recibieron más de 300.000 euros.

Comisiones del 4%

Fue sólo la punta del iceberg. El auto del caso de Miguel describió un entramado societario fundado en Álava, con contratos otorgados también desde la Diputación, que tuvo algunas ramificaciones en Bizkaia y extendió sus prácticas corruptas a distintos Ayuntamientos y sociedades públicas controladas por el PNV.

Tras instruir un sumario que ocupa casi 21.000 folios, el magistrado concretó en dos casos la cuantía de las comisiones ilegales reclamadas por la trama. Se elevaba al 4% sobre el coste del proyecto. Una cantidad que el constructor Echaburu abonó, según Ramos, por obras adjudicadas en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca ( construcción de unas piscinas) y Zigoitia (remodelación del Ayuntamiento).

Operación de Zambrana

En otro pequeño núcleo de población, el de Zambrana, se planificó una gran operación urbanística por la que ahora se procesa a la entonces alcaldesa, María Justina Angulo, a dos empresarios vascos vinculados al PNV, Jesús y Iosu Arruti - padre e hijo - y a un grupo de inversores catalanes dirigidos por Francesc Fernández Joval y agrupados en Construcciones Riera.

El Ayuntamiento de la localidad promovía la creación de un polígono industrial con el impulso decidido de De Miguel, que impulsó una cuestionada recalificación urbanística contraria a las normas que luego se frustró. Su alcaldesa contrató los servicios de la mercantil de Iosu Arruti, Sidepur, que actuó como intermediaria con Riera. Esta última empresa preveía un volumen de negocio de 65 millones.

Según daba por acreditado el juez al cerrar la instrucción, los promotores catalanes pagaron más de un millón y medio de euros a Sidepur por la realización de unos trabajos “que no han existido nunca”. Parte de ese dinero, 180.000 euros, fue cobrado luego por Kataia Consulting por un asesoramiento no documentado y teóricamente encargado por la mercantil de Arruti. Eskalmelo, otra firma en la que participaba de De Miguel, recibió otros 40.000 euros por el arrendamiento de unas tierras para un parque solar que jamás llegó a implantarse.

Además, empresas filiales de Riera abonaron 283.500 euros para la compra de un terreno en Frúniz (Bizkaia) , mediante un “presunto” contrato privado de préstamo suscrito con De Miguel, Tellería y Ochandiano y otros procesados, que el juez consideró como el pago encubierto de una comisión.

Comisiones de investigación

La operación de Zambrana fue objeto de una comisión de investigación en las Juntas Generales (Parlamento provincial) de Álava, que constató ya las maniobras y el conflicto de intereses en los que había incurrido De Miguel. Del mismo modo, una comisión creada en el Parlamento de Vitoria responsabilizó a los excargos públicos procesados dependientes del Gobierno vasco de las irregularidades cometidas en las contrataciones efectuadas por los departamentos de Cultura (Juventud) e Industria (Parque Tecnológico de Miñano).

Sus conclusiones fueron aprobadas en mayo de 2012 con el voto favorable de todos los grupos a excepción del PNV. El partido nacionalista exigió en 2010 a los imputados que abandonaran las filas de la formación. No obstante, les ha mantenido parte de su apoyo al cuestionar en todo momento la actuación de la Justicia.

El PNV , que ha llegado a presumir de una “honradez en serie” como característica intrínseca de la formación , ha descalificado reiteradamente al fiscal jefe de Álava y al juez instructor. Al hacerse público el auto del magistrado, su presidente, Andoni Ortuzar, denunció en una entrevista en El Correo que se estaba intentando “dañar la imagen “ del partido en las cercanías de una nueva convocatoria a urnas. Sin embargo, y a la vista de los resultados obtenidos en los pasados comicios forales, el ‘caso de Miguel’ aún no le ha pasado factura a la organización nacionalista.

La investigación llevada a cabo durante la instrucción siguió la pista del dinero entregado por los inversores catalanes a las empresas de Arruti y su entorno, más de dos millones y medio de euros, que no llegó a incrementar el patrimonio de sus propietarios. Debido a la complejidad de los movimientos y de entradas y salidas de dinero en efectivo, no se pudo determinar su destino final. La sospecha de que hubiera acabado en las arcas del PNV no encontró concreción en el auto judicial.