Proceso soberanista

El juez de Mas, renuente a escuchar al testigo sorpresa

El juez del proceso contra Mas por desobedecer al TC va con pies de plomo. No decidirá si cita a un testigo que contradice la versión del 'president' hasta ver cierta documentación.

Declaración de Mas el pasado octubre

Declaración de Mas el pasado octubre Reuters

La votación independentista del 9-N está a punto de cumplir su primer aniversario sin que su celebración pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional esté judicialmente depurada. El encargado de hacerlo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en concreto, el magistrado instructor, Joan Manel Abril, lleva cinco meses practicando diligencias -después de unas primeras semanas al ralentí- y ahora ha tomado otra decisión que pospone un testimonio que puede resultar adverso a los tres imputados, el presidente en funciones del Gobierno catalán, Artur Mas, la ex vicepresidente Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau.

El 2 de octubre, la acusación popular que ejerce Manos Limpias pidió a Abril que llame a declarar a C.G., trabajador de una empresa subcontratada para el reparto e instalación de los 7.000 ordenadores que se utilizaron para las votaciones del 9-N.

El propio testigo se dirigió al sindicato para aportar datos que pondrían en entredicho la versión de los imputados de que la consulta quedó "en manos de 40.000 voluntarios" a partir del 4 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Constitucional comunicó a la Generalitat la suspensión del 'proceso de participación ciudadana'. Según Mas, el Govern no tuvo a partir de ese momento ninguna intervención.

C.G. indicó a Manos Limpias que él estuvo trabajando el fin de semana del 9-N y no era voluntario. Trabajaba como empleado de una empresa subcontratada por la mercantil a la que la Generalitat encargó distribuir a los institutos de enseñanza secundaria los ordenadores que se utilizaron para la votación independentista.

Esta versión cuestionaría la tesis de los voluntarios y pondría de manifiesto que la Generalitat siguió adelante, en lugar de paralizar, actuaciones imprescindibles para que el 9-N fuera posible.

El instructor no quiere citar de momento a este testigo. En una resolución conocida este lunes, Abril ha acordado reclamar a la empresa para la que trabajaba C.G y a la sociedad que la subcontrató los documentos relacionados con el reparto y mantenimiento de los ordenadores.

"Sólo cuando esta documentación se haya remitido [al tribunal] y haya sido examinada se acordará" sobre la procedencia de citar al testigo y a los representantes legales de las empresas, explica.

El juez asume que hubo "instrucciones verbales"

El magistrado tampoco ha accedido a citar a tres directores de institutos y un coordinador de enseñanza cuyos testimonios fueron propuestos igualmente por Manos Limpias. La acusación popular pretendía apuntalar la declaración de Dolores Agengo, ex responsable de uno de los centros elegidos para la votación, en el sentido de que los directores de secundaria fueron "presionados" para ceder las instalaciones el 9-N.

"Las diligencias han de considerarse impertinentes", afirma el juez, "toda vez que (...) ya consta la forma en que fueron convocados los directores de instituto a una reunión que tuvo lugar el 16 de octubre de 2014 en la sede de Enseñanza y que fue presidida por la directora de los servicios territoriales, (...) cómo se repartieron instrucciones (verbales) a los directores y el contenido de las mismas".

El magistrado sí considera pertinente reclamar a dos empresas informáticas datos relacionados con la web que la Generalitat puso a disposición de la consulta. Se trata de comprobar la versión de los imputados de que la web no fue actualizada tras la suspensión acordada por el TC.