Primera condena por emisiones ilegales de efecto invernadero

El Supremo manda a la cárcel a dos empresarios por dañar la capa de ozono

Los condenados trituraban frigoríficos incumpliendo las normas de medio ambiente y liberaron 3.378 toneladas de CO2 equivalente.

Vista de Madrid con el cielo oscurecido de polución

Vista de Madrid con el cielo oscurecido de polución Efe

  1. Tribunal Supremo
  2. Medio Ambiente
  3. Ozono
  4. Delitos medioambientales

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado la primera condena por emisiones con efecto invernadero, un fallo que envía a la cárcel a dos empresarios de Madrid que se dedicaban a la trituración de materiales férreos.

El rango de la pena impuesta, dos años y medio de cárcel, no permite que los jueces suspendan su ejecución, por lo que Antonio N. y su hijo, de igual nombre, propietario y encargado de Recuperaciones Nieto, tendrán que ingresar en prisión. Además han sido inhabilitados para la profesión de gestión de residuos durante dos años.

La sentencia declara como hechos probados que entre 2007 y 2010 los dos condenados trituraron de forma ilegal y sin autorización administrativa 2.236 frigoríficos, con lo que liberaron a la atmósfera gases equivalentes a 3.378 toneladas de CO2, "lo que supuso un riesgo muy notable para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud".

La empresa, situada en la carretera Madrid-Toledo, recibía los frigoríficos -algunos procedentes de los puntos blancos municipales- y los fragmentaba en una máquina trituradora de gran capacidad "con conocimiento de que se liberaban a la atmósfera los gases contenidos en sus circuitos y espumas aislantes y que tal circunstancia significaba un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas".

La sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral, explica que los frigoríficos y otros aparatos utilizan tanto en sus circuitos como en las espumas que los aíslan gases compuestos por derivados de cloro, que son las principales sustancias agotadoras del ozono.

El encargado de la empresa, uno de sus proveedores de frigoríficos y otro empresario dedicado a la extracción de gas refrigerante de los circuitos de esos electrodomésticos sin tener autorización para ello han sido condenados a penas de un año y dos meses de prisión.

No vale alegar ignorancia

La Sala rechaza la alegación del encargado de la empresa de que no ha habido pruebas suficientes de la cantidad total de emisiones liberadas ni de su potencialidad dañina para la salud y el medio ambiente. Tampoco se habría probado que los condenados conociesen esos riesgos.

El Tribunal, que alude a los "extensos y solventes informes periciales realizados" sobre la actividad de la empresa trituradora, señala que "por supuesto que la liberación por un particular de los gases de un solo frigorífico no encaja en el delito contra el medio ambiente. ¡Claro que hay escalas de gravedad!. Pero en los daños acumulativos que afectan al medio ambiente el hecho de que determinadas contribuciones por su nimiedad no colmen las exigencias típicas no excluye que otras similares persistentes y de mayor volumen sí puedan cubrirlas".

Y pone un ejemplo: "Verter en una ocasión aguas domésticas con detergentes nocivos en un cauce fluvial no conforma un delito contra el medio ambiente. Pero unos vertidos industriales masivos o persistentes en el tiempo de esas mismas aguas contaminantes sí serán incardinables en ese delito".

También señala que la tolerancia administrativa, hasta diciembre de 2019, de determinados cupos de liberación de gases con efecto invernadero "no significa que hasta esa fecha esté descartada la posibilidad de considerar delictivas esas emisiones".

"El agujero de ozono y sus efectos de calentamiento global ciertamente solo se explican partiendo de una pluralidad indeterminada de emisiones", añade. "Muchas se mueven en espacios de riesgo permitido. Pero donde la norma protectora del medio ambiente levanta barreras cesa la permisión y se abren las puertas a la intervención sancionadora, también penal enventualmente. (...) En esa contaminación por acumulación la tolerancia reglada de algunas actividades no legitima las prohibidas".

Este caso fue examinado en la primera instancia por la Audiencia de Madrid, que condenó a penas más severas (cuatro años) a los dos principales acusados al apreciar que actuaron con la agravante de clandestinidad. El Supremo ha bajado las penas al considerar que esa circunstancia no es apreciable en una actividad empresarial que cuenta con autorizaciones administrativas aunque se haya desviado de sus términos y de su estricto ámbito.