Andalucía

El hombre de confianza de Susana Díaz seguirá en su escaño pese al caso Mercasevilla

Ciudadanos exigirá que se cumpla el acuerdo anticorrupción firmado con el PSOE, que responde que Carmelo Gómez no está imputado.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz y el parlamentario Carmelo Gómez. / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz y el parlamentario Carmelo Gómez. / EFE

Por ahora no hay imputación y por tanto los socialistas no piensan mover ficha y el parlamentario Carmelo Gómez, hombre de confianza de Susana Díaz y miembro de la ejecutiva de su partido, podrá seguir en su escaño. Si llega el momento en que su situación cambie a la de imputado, entonces se aplicará el código de conducta del PSOE-A.

Esa es la respuesta después de que la fiscalía haya solicitado a la juez instructora del caso Mercasevilla (el hilo que destapó el caso de los ERE) que eleve una exposición razonaba al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (por tratarse de un aforado) para poder imputarle. Los hechos que supuestamente le salpican: tener un contrato simulado, es decir, que no ejerció trabajo alguno para la empresa para que estuvo contratado, que pertenecía al entramado de negocios del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, y su nómina salió indebidamente de fondos de la empresa pública Mercasevilla, el mercado de mayoristas de esta ciudad.

El portavoz socialista en la Cámara andaluza, Mario Jiménez, aclaró hoy que las “responsabilidades” se exigen cuando hay imputación de un delito por parte de un juez. Ese no es el escenario actual. “No hay ningún pronunciamiento aún por parte de ningún órgano judicial”, afirmó, recordando que tan sólo hay una providencia ante el Parlamento para que confirme su aforamiento y petición de información al Servicio Andaluz de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social.

De llegar esa imputación de un delito, Gómez tendría que seguir los pasos de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el ex diputado y ex consejero andaluz Gaspar Zarrías, que dejaron sus escaños en junio por su imputación en los ERE.

El cierre de filas de los socialistas con Gómez también quedó claro después de que el portavoz parlamentario se remitiera a las declaraciones exculpatorias que el señalado dijo ayer en su defensa. Unas explicaciones consensuadas con la dirección regional del PSOE, en las que este manifestó poder demostrar que realizó informes y estudios para aquella empresa, cobró sus nóminas debidamente y que muestra su total colaboración la jueza que instruye el caso.

Con independencia del código de conducta del PSOE, Ciudadanos anunció que exigirá al PSOE-A que cumpla el acuerdo anticorrupción firmado entre ambas formaciones y que, si es imputado, Gómez deberá entregar su acta. La misma suerte correría el parlamentario José Luis Sánchez Teruel, relacionado con el caso Marismas, un fraude detectado por la Unión Europea en una subvención concedida en 2004 a la Junta.