Proceso soberanista

El Gobierno ha analizado si hay delito y lo descarta

La respuesta al paso dado por Junts Pel Si y la CUP hacia la secesión no tiene en este momento respuesta por la vía penal, cree Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la clausura del XX Congreso Ordinario de la Asociación de Fiscales. / EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la clausura del XX Congreso Ordinario de la Asociación de Fiscales. / EFE

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El Ministerio de Justicia ya ha analizado si la propuesta de resolución presentada en el Parlamento de Cataluña por Junts Pel Si y la CUP para que la Cámara "inicie el proceso de creación" de la república catalana es perseguible por la vía penal. Y la respuesta es negativa.

"En los términos en que la iniciativa se encuentra en este momento no hay consecuencias penales", afirman fuentes del Departamento de Rafael Catalá, llamado a ser una pieza clave en la respuesta al desafío independentista.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado se están moviendo rápido en el análisis jurídico de la situación catalana y, por el momento, la conclusión es que hay que esperar a ver el contenido con el que, en su caso, se apruebe la resolución.

No hay ninguna duda de que cualquier acuerdo parlamentario en el que, como indica la propuesta presentada este martes, se atribuya a la Cámara autonómica "la soberanía y la expresión del poder constituyente" es, per se y con independencia del resto de los pronunciamientos, claramente inconstitucional.

La impugnación que presentaría de inmediato el Gobierno daría lugar a la suspensión automática de la resolución por parte del Tribunal Constitucional, como ya hizo en mayo de 2013 con la 'Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña' aprobada por el Parlamento catalán el 23 de enero de 2013.

Sólo a partir de entonces una eventual desobediencia a la suspensión decretada por el TC abriría la puerta a la reacción penal. Pero los expertos no creen que haya posibilidades de que se aprecie un delito de desobediencia en este momento, es decir, con una mera proposición parlamentaria y sin un pronunciamiento expreso del Constitucional.

Las fuentes consultadas tampoco ven por ahora viabilidad alguna a los tipos penales de sedición o rebelión, que exigen el empleo de la fuerza o violencia.

Un factor a tener en cuenta es que la persecución de cualquiera de esos delitos correría a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no se está caracterizando precisamente por la celeridad en la tramitación del proceso que se sigue contra el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus subordinadas por una supuesta desobediencia al TC al celebrar la consulta del 9-N.

El próximo 21 de noviembre se cumplirá un año desde que la Fiscalía presentó una querella que tardó casi dos meses en ser admitida y aún está en fase de investigación.