SUMARIO CONTRA MAS

Un testigo sorpresa contra la Generalitat de Cataluña

"No fueron voluntarios, como dicen". Lo afirma un testigo en el proceso judicial contra Mas. Se ofrece a comparecer ante el juez. 

Artur Mas, tras declarar ante el juez.

Artur Mas, tras declarar ante el juez. EFE

  1. Proceso soberanista
  2. Tribunales
  3. Artur Mas
  4. Tribunal Constitucional

Ya no es sólo la profesora Dolores Agenjo, tachada de parcialidad por su relación con Ciudadanos, la que niega la versión de que la consulta independentista del 9-N quedó en manos de voluntarios después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional. Tampoco son únicamente las manifestaciones de dos inspectores que conocieron cómo se dieron instrucciones a los directores de institutos que fueron sede del llamado 'proceso de participación ciudadana'.

Como las cerezas, de un testigo van surgiendo otros, un documento da pie a solicitar más y en la reconstrucción de quién estuvo detrás de una votación que, legalmente, nunca debió celebrarse aparecen, sin esperarlo, nuevos testimonios.

La acusación popular que ejerce Manos Limpias acaba de solicitar al magistrado instructor Joan Manel Abril que llame a declarar al trabajador de una empresa subcontratada para el reparto e instalación de los 7.000 ordenadores que se utilizaron el 9-N.

C. G. se ha dirigido al sindicato de funcionarios -la acusación popular que, incluso en contra del criterio del fiscal, consiguió la condena del ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por desobedecer al Tribunal Supremo- para poner en su conocimiento que puede aportar información que probaría que el proceso soberanista del 9-N no quedó exclusivamente "en manos de 40.000 voluntarios", como dijo ante el juez el pasado 13 de octubre la consejera en funciones de Enseñaza Irene Rigau, también imputada.

"Me lo dice la conciencia"

"Yo trabajé ese día repartiendo los ordenadores", ha indicado el nuevo testigo, que ha asegurado que la Generalitat subcontrató a su empresa "para repartir los ordenadores. Y no fueron voluntarios, como dicen ellos". Él, desde luego, no lo fue y cobró por su trabajo.

El testigo quiere dar a conocer lo que sabe "para que no quede impune la ilegalidad", afirma. "Ése es mi único interés, hacer lo que me dice la conciencia" pese a que, admite, teme represalias.

También le dio rabia que él y otros padres pasaran dificultades para poder comprar ordenadores para que sus hijos los utilizaran en el instituto "y resulta que había 7.000 portátiles a estrenar" para la 9-N.

El letrado de la acusación popular Pedro Muñoz Lorite ha solicitado que se cite al testigo y se recabe la documentación relativa a la empresa para la que trabajaba que pudiera estar relacionada con el encargo de reparto de los ordenadores.

El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado, a propuesta de la Fiscalía, reclamar a distintos organismos públicos y empresas privadas nueva documentación relacionada con el 9-N.

La veracidad de Mas

Alguna está encaminada a comprobar la veracidad de lo declarado por Mas el 15 de octubre, cuando afirmó que no tuvo un conocimiento detallado de las consecuencias jurídicas de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre suspendiendo el 'proceso de participación ciudadana'.

El juez ha solicitado al departamento de Presidencia de la Generalitat una certificación de los "dictámenes, asesoramientos o informes, verbales o escritos, que se recabaron tanto en relación con la 'consulta popular no referendaria' convocada el 27 de septiembre como los referidos al 'proceso de participación ciudadana', bien al gabinete jurídico central del propio departamento de Presidencia o servicios dependientes del mismo, bien a cualesquiera bufetes o entes externos".

También se ha solicitado a Telefónica, Fujitsu, T-Systems ITC y Hewlett Packard la documentación de los trabajos que realizaron para el 9-N por encargo del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat, encargado del soporte informático de la consulta.

El magistrado Abril ha acordado, de oficio, reclamar nuevos datos en torno al coste del 9-N. El consejero de Economía deberá remitir al tribunal una certificación de los gastos por todos los conceptos y las partidas presupuestarias a las que se asignaron.

Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau han asegurado que el coste de la votación se cargó a las partidas generales de cada departamento y no a los fondos reservados en los presupuestos para el proceso soberanista (5 millones en principio, ampliables a 10), que habrían permanecido íntegros.