Operación Petrum

Viloca creó facturas falsas de CDC a CatDem para blanquear el 3%

El tesorero de Convergencia es considerado el responsable de la financiación ilegal del partido liderado por Artur Mas.

El tesorero de CDC Andreu Viloca abandona la sede en un coche policial. / EFE

El tesorero de CDC Andreu Viloca abandona la sede en un coche policial. / EFE

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El tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, es el único de los doce detenidos en la tercera fase de la operación Petrum, desarrollada esta semana, que ha ido camino de prisión. Entre los arrestados estaban también su antecesor en el cargo, Daniel Osácar, y un alto cargo de la Generalitat, Josep Antoni Rosell. Sin embargo, el juez que investiga el 3% catalán considera que el responsable de las finanzas de CDC es la persona que se encuentra en el núcleo de la organización criminal y contra la que existen indicios más que claros para enviarle a prisión.

No sólo el hecho de que destruyera documentación relevante para la investigación el pasado mes de agosto es lo que ha llevado al instructor a encarcelarle. Han sido claves las pruebas obtenidas por la Guardia Civil sobre facturas falsas de Convergencia a la fundación CatDem. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Viloca es el responsable, de alguna u otra manera, de blanquear los sobornos cobrados a los empresarios.

Viloca fabricó facturas falsas de CDC a su fundación por servicios imaginarios. CatDem recibía el dinero de las adjudicaciones de obra pública, o de los presuntos sobornos, pagados a CDC. Una labor facilitada por el hecho de que él era el tesorero de ambos: del partido y de la fundación.

Su 'modus operandi' era sencillo. Las empresas pagaban el famoso 3% en comisiones ilegales al partido a través de CatDem a cambio de conseguir adjudicaciones en administraciones catalanas.

Para que ese dinero llegara a su destinatario real, es decir CDC, la formación realizaba facturas falsas por trabajos ficticios, no justificados, a la fundación. De esta manera se pagaban los gastos de partido liderado por Artur Mas y se introducía en el circuito económico legal el dinero negro obtenido ilícitamente. La Guardia Civil ha detectado las transferencias realizadas desde CatDem al partido por trabajos que nunca se llevaron a cabo.

Los sobornos no eran siempre del 3% sino que en ocasiones variaba a menor o mayor porcentaje. La Guardia Civil ha detectado que no siempre coincide la 'mordida' con la adjudicación concreta sino que a veces pagaban la comisión de más contratos, podría ser con el objeto de que no resultara tan evidente el delito.

Las pruebas obtenidas por los investigadores contra Viloca son lo suficientemente sólidas, según fuentes del caso, para decretar su ingreso en prisión. Es esencial el dato de que no sólo es el tesorero de CDC sino también de CatDem, lo que facilitaba la realización de esa facturación falsa y su consecuente blanqueo. El hecho que las dos tesorerías estuvieran dirigidas por la misma persona hace sospechar a estas fuentes que realmente tenían una caja única con el objeto de financiar al partido a través de las donaciones de empresarios, ahora puestas en entredicho.

Vínculo entre donaciones y amaños

Tras saltar la operación este miércoles, el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, defendió las donaciones a CatDem y recordó que la entrega de dinero privado a fundaciones es totalmente legal.

Sin embargo, en este caso lo que se sospecha es que esas donaciones se realizaban como contraprestación a un amaño en contratos públicos. La clave del asunto es poder buscar una relación temporal entre una donación y una adjudicación, algo que, según los investigadores, ha sido acreditado.

Viloca es, por ahora, el único de los detenidos que está imputado por los seis delitos que son objeto de la instrucción. Estos son cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, todos ellos relacionados con la corrupción.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción consideraba que Rosell también debía ingresar en prisión por la gravedad de los supuestos cohechos llevados a cabo, como principal responsable de la empresa que dirige gran parte de las obras en Cataluña, el juez Josep Bosch entiende que, si bien efectivamente este alto cargo catalán se encuentra en el núcleo de los amaños, las pruebas no son tan concluyentes como las que apuntan a Viloca.

La razón principal por la que no le ha enviado a la cárcel hay que encontrarla en la resolución de la Audiencia Provincial de Tarragona que revocó la decisión del instructor de enviar a prisión incondicional al empresario Jordi Sumarroca en esta misma causa, a finales de julio. En la resolución, los magistrados apuntaban que se debía plantear en qué indicios concretos se basaba para pensar que el hijo de uno de los fundadores de Convergencia podía fugarse de la Justicia o destruir pruebas.

Ante las limitaciones encontradas en ese auto y para evitar una nueva revocación de su superior jerárquico, Bosch ha optado por dejarle en libertad con la prohibición de salir del país.

Osácar, libre por su avanzada edad

En el caso de Osácar, antecesor en los cargos de Viloca, la Fiscalía Anticorrupción analizó el hecho de que es una persona de 84 años de edad y que a día de hoy se encuentra alejado de los delitos investigados. Además, ya fue imputado y actualmente se encuentra acusado por el caso Palau, otro asunto de corrupción ligada al Gobierno catalán, causa en la que no se le impuso ninguna medida cautelar.

Dado que en aquella ocasión el Ministerio Público entendió que no era necesario enviarle a la cárcel, ahora se ha seguido la misma línea por una cuestión de coherencia procesal.

Los demás detenidos han quedado en libertad. Alguno de los empresarios y dos trabajadores de CDC ya quedaron libres tras declarar ante la Guardia Civil. Otros altos cargos de empresas catalanas sí tuvieron que comparecer ante el juez, como el consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, o el consejero delegado del Grupo Soler, Jordi Soler, para quienes se ha decretado la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el Juzgado.

Una vez finalizados los interrogatorios, la Guardia Civil debe analizar toda la documentación incautada en los registros en la sede de CDC, en varias empresas y en dos ayuntamientos catalanes. Una nueva línea de investigación puede partir de un papel encontrado durante el registro de la empresa Oproler, cuyo directivo es Sergi Lerma, también detenido, en el que se podía leer: “Oriol Pujol, el conseguidor”. Ahora, deben averiguar si la familia Pujol participa de alguna manera en esta trama que, a día de hoy, cuenta con Viloca como cabecilla.