Corrupción en Andalucía

Guerrero reaparece en el caso ERE señalando a una exconsejera y a la Intervención General

La Junta arremete contra la Policía por el atestado que dio pie al caso de los fondos Jeremie y critica que no haya solicitado ni documentación ni expediente alguno.

El ex director general de Empleo andaluz Francisco Javier Guerrero (i), a su llegada hoy a los juzgados junto a su abogado, Fernando de Pablos

El ex director general de Empleo andaluz Francisco Javier Guerrero (i), a su llegada hoy a los juzgados junto a su abogado, Fernando de Pablos Efe

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Dos escenarios para dos casos distintos en el reguero de supuestos escándalos de corrupción que salpican a la Junta de Andalucía. La jornada de ayer arrancó en el Juzgado de Instrucción número 6 con la declaración de uno de los principales imputados en el caso de los ERE, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y se cerraba con la comparecencia a petición propia en el Parlamento andaluz del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, para informar sobre los fondos europeos Jeremie, y sobre los que se abrió una investigación judicial el pasado 14 de octubre.

Las transferencias tenían el visto bueno

En el caso de los ERE, por espacio de dos horas y tras dos años de silencio, el ex director general de Trabajo declaró ante la jueza María Núñez Bolaños, y expuso que el sistema de transferencias de financiación para estas ayudas contaba con el visto bueno de la Consejería de Hacienda y de la Intervención General de la Junta. En su declaración voluntaria, que llega después de más dos años negándose a declarar ante la anterior jueza instructora del caso, Mercedes Alaya (apartada ya de esta causa), Guerrero mantuvo que así se lo transmitieron en una reunión en el año 2005 en la que trató un informe sobre este asunto. Sus interlocutores fueron, supuestamente, la entonces la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo (luego sería consejera de Hacienda), el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, el exdirector general de Presupuestos, Antonio Lozano y el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez. Según declaró, en aquel encuentro se analizó el sistema y se dio por válido, apreciando su legalidad y dándole continuidad.

La declaración de Guerrero sorprende porque nunca hasta ahora se había referido a esta reunión. Sin embargo, su existencia es conocida desde 2013. Ya en abril de ese año, el PP se interesó por ese encuentro y exigió en sede parlamentaria una respuesta por parte de la exconsejera. Y la hubo, porque fue desmentida de inmediato por Martínez Aguayo, que aseguró que nunca se había reunido “con ese señor”. Precisamente, la exviceconsejera de Hacienda insistió durante la comisión de investigación en el Parlamento andaluz en colocar la pelota de este caso sobre el tejado de la Consejería de Empleo y en un “centro directivo” concreto, el de Guerrero. También en aquella comparecencia es cierto que la postura de Martínez Aguayo fue la de defender la legalidad del sistema de las transferencias de financiación, dijo que podría ser controvertido, pero “no opaco ni oculto”, sino sujeto a un procedimiento reglado y con mecanismos de control que se extendían al Parlamento y agentes sociales.

Buscar amparo legal 

El cambio de estrategia de Guerrero, que estuvo diez meses en prisión preventiva, también pasa por buscar el respaldo legal en dos órdenes de los años 1994 y 1995 y que aplicaba el Ministerio de Empleo para dar ayudas a empresas en crisis. Su propio abogado manifestó a la salida de los juzgados que “la legalidad con la que se actuaba era exactamente la misma que ha funcionado con el Ministerio, con la misma cobertura legal, la misma forma de actuar, con los misma concurrencia y publicidad”.

Horas después en el Parlamento, bajo la presión de una posible comisión de investigación sobre los fondos Jeremie, advertencia lanzada el pasado lunes por Ciudadanos y anoche por el PP, Maldonado se afanó por entrar al detalle para desmontar el atestado policial que ha originado la investigación judicial, no sin antes arremeter directamente contra la Policía. Usó el término “malestar”, pero el enfado era más que visible, y criticó con dureza que el documento policial por no haber requerido en ningún momento expediente alguno y ni siquiera haber recabado información de los empleados públicos.

Sánchez Maldonado fue paso a paso desgranando los casos de las empresas afectadas y ofreció para su consulta toda la documentación e informes con las que sostuvo su argumentación. En los casos de las empresas Kandor Graphics y Below Marko, en el que salen a relucir el exdirector del Fondo en la empresa pública Soprea (entidad vinculada a la agencia Idea y que intermediaba en la gestión de los fondos) y un sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, quiso aclarar el vínculo con ellas. El consejero detalló que el primero entró a trabajar en Kandor Graphics más de dos años después de que se concedieran los préstamos, mientras González Mejías no pudo tener relación ya que, según explicó, la empresa solicitó un préstamo en 2010 y fue en 2003 cuando éste había cesado como administrador único.

En la oposición no caló su argumentario. Ciudadanos se cuidó esta vez de hablar de comisión de investigación, pero el asunto le “huele mal” y apuntó en la misma dirección que PP, Podemos e IU: la falta de control y de transparencia. El PP fue el que esta vez tomó el relevo en la posibilidad de una nueva comisión de investigación. Su portavoz, Carlos Rojas, advirtió: “No va a haber quien ponga freno a una comisión de investigación”. En este punto, Podemos fue un paso más allá y habló de la necesaria creación de una comisión permanente contra la corrupción en la Cámara andaluza. Donde también hubo cierta coincidencia entre populares y Podemos fue en señalar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por haber “mentido” en este caso al haber afirmado que no se concedían ayudas desde 2011 y en cambio se han concedido en 2014 y 2015.