Malestar de los fiscales por la reforma Catalá

"El plan B empieza por H" (de huelga)

La respuesta del ministro Catalá y de la fiscal general al problema de fijar plazos a las instrucciones penales incendia a los fiscales.

Rafael Catalá, este martes en el banco azul del Congreso

Rafael Catalá, este martes en el banco azul del Congreso

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ha logrado este martes convencer a los miembros electos del Consejo Fiscal de que las medidas que tiene previstas ante la entrada en vigor de su reforma penal van a solventar los problemas derivados de la imposición de plazos a la instrucción de los delitos.

Los consejeros creen que el plan Catalá no permitirá revisar a tiempo (antes del próximo junio) un número de diligencias penales que cifran entre 700.000 y un millón. "Con la actual dotación de plantilla, personal colaborador y medios materiales y tecnológicos, el Ministerio Fiscal no está en condiciones de asegurar el eficaz cumplimiento de la normativa de plazos procesales", afirman los consejeros en una carta remitida a los miembros de la carrera después de la reunión con el titular de Justicia.

Los consejeros electos (seis de la Asociación de Fiscales y tres de la Unión Progresista, que en esto actúan con una única voz, sin división ideológica) expresaron a Catalá sus dudas de que un Gobierno que en los próximos días quedará en funciones por la disolución de las Cortes vaya a articular refuerzos de personal y mejoras informáticas que alivien el ingente trabajo que espera a los 'fiscales de a pie', "que vamos a tener que asumir en pocos meses todo el retraso estructural de la Justicia penal", dicen miembros de la carrera.

"Inexplicable e insólito"

"En el estado actual de la legislatura", señala el Consejo, "no hay oportunidad realista de redactar la reforma de una manera ponderada suficientemente y no cabe sino el establecimiento de una disposición transitoria que dilate su entrada en vigor hasta que existan condiciones personales y materiales suficientes y dignas. Nos parece inexplicable e insólito, máxime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses".

Catalá rechaza demorar la entrada en vigor de la reforma y, en contra de lo que los consejeros electos esperaban, la fiscal general se puso del lado del ministro. Según Consuelo Madrigal, lo procedente es "enfatizar la corresponsabilidad de los distintos operadores jurídicos y acopiar medios personales y tecnológicos necesarios para minimizar el impacto de la entrada en vigor de la norma", de acuerdo con un comunicado hecho público por la Fiscalía General tras la sesión del Consejo. 

La respuesta de Catalá y la actitud de Madrigal han causado un enorme malestar entre los fiscales. Unos 1.200 -una cifra espectacular, equivalente a la mitad de la carrera- han firmado un escrito pidiendo el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema de plazos para instruir, y la contestación de que hay que sacar adelante la reforma con lo que hay les produce tal irritación que en los foros corporativos se empieza a hablar de movilizaciones e incluso de huelga. "El plan B empieza por H", ha escrito uno de ellos.

La hora de las asociaciones

Por el momento la protesta no está articulada, pero nadie descarta que las asociaciones profesionales diseñen una estrategia en las próximas semanas. La Unión Progresista de Fiscales ha puesto de manifiesto su "profunda decepción por el resultado de la reunión [del Consejo con Catalá], en la que una vez más nos hemos encontrado con la incapacidad absoluta del Ministerio de Justicia para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

"Lamentamos profundamente que la fiscal general no encabece, como nos hubiera gustado, esta justa petición, y que le dé la espalda a la carrera fiscal en un momento inmejorable para demostrar nuestra autonomía e independencia del Ejecutivo", afirma la UPF, que insiste en que con esta reforma "corremos el riesgo de que quien se beneficie de los plazos no sea la sociedad ni la justicia, y mucho menos las víctimas de los delitos, sino quienes evitan por todos los medios a su alcance ser investigados, quienes mayor interés tienen en dilatar los procesos y procurar su impunidad".

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales también ha expresado su decepción pero en su caso, especialmente, con Madrigal, "que sabe que la reforma no se va a poder aplicar en muchos casos con los medios actuales".

"Lo ocurrido acredita la falta de peso institucional de la Fiscalía General en decisiones fundamentales (...), plasmando su fracaso para convencer al poder legislativo del desastre que para la Justicia puede significar una reforma como la actual", considera la APIF.

El ministro Catalá no ve riesgo de impunidad ya que la nueva ley establece que el mero mero transcurso de los plazos no producirá el archivo de las causas. "Es tan evidente y tan obvio que creo que ahí hay un ejercicio de crítica más dialéctica que jurídica", dijo tras reunirse con los consejeros.