La investigación de delitos, sometida a plazos

El plan de Catalá para aplacar a los fiscales

Los fiscales denuncian, alarmados, que la reforma penal llevará a la "impunidad". Catalá intenta hoy convencerles de que no será así.

La fiscal general, Consuelo Madrigal, y el ministro de Justicia, en la sede de la Fiscalía

La fiscal general, Consuelo Madrigal, y el ministro de Justicia, en la sede de la Fiscalía

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El cambio del proceso penal que entra en vigor el 6 de diciembre es "imposible de cumplir con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad", obligará a revisar antes del próximo junio cerca de un millón de diligencias previas y establece plazos para la investigación de los delitos que harán de la reforma una "auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados".

Pocas veces jueces y fiscales se han expresado con tal contundencia y pocas veces lo han hecho juntos: el comunicado de rechazo/denuncia/aviso de las consecuencias que puede tener la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Parlamento el 1 de octubre último -con los solos votos a favor del PP- ha sido firmado por todas las asociaciones de fiscales, sin distinción de sesgo ideológico, y por tres de las cuatro asociaciones de jueces (todas excepto la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura).

La nueva ley supone un quebradero de cabeza para la Fiscalía, integrada por 2.473 miembros, no todos ellos dedicados a la jurisdicción penal. Además de atender las nuevas diligencias que se incoen, deberán revisar todos los procedimientos criminales en tramitación. "Una locura", dicen fuentes de la Unión Progresista de Fiscales, promotora del comunicado conjunto.

La reforma somete a plazo el desarrollo de la instrucción penal, de modo que los asuntos "sencillos" deberán estar sustanciados en seis meses y los "complejos" en 18 meses. Se considera "complejo" un caso penal cuando afecte a grupos criminales, involucre a numerosos investigados o víctimas, requiera la realización de actuaciones en el extranjero o exija informes o pericias sobre abundantes documentos. Sólo la instrucción de los asuntos complejos podrá prorrogarse por otros 18 meses, pero los casos sencillos podrán transformarse en complejos "por circunstancias sobrevenidas a la investigación" antes de que acaben los seis meses iniciales.

140.000 causas a revisión cada mes

Este nuevo esquema es aplicable a las causas 'vivas', en las que los citados plazos de seis meses (asuntos sencillos) y 18 meses (casos complejos) empezarán a contarse desde el 6 de diciembre, fecha de entrada en vigor de la reforma.

"Tendremos que pedir uno a uno todos los procedimientos en trámite, que no están digitalizados; esperar a que los Juzgados nos los manden, ver en qué estado están y pedir la práctica de las diligencias que falten, el archivo o la transformación en causa compleja", explican fuentes de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Todo ello a razón de 140.000 causas por mes y antes del 6 de junio de 2016. "No va a dar tiempo", temen en la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Más de un millar de miembros de la carrera fiscal habían suscrito el comunicado conjunto la pasada semana. Quieren que se amplíe la vacatio legis (tiempo que transcurre desde la publicación de la norma hasta que comienza a aplicarse), establecida en dos meses.

"No hay tiempo para alargar la entrada en vigor de la reforma", aseguran en el Ministerio de Justicia, cuyo responsable, Rafael Catalá, ha pedido reunirse con el Consejo Fiscal, convocado para este martes.

El ministro acudirá a Fortuny con un conjunto de medidas para intentar calmar los ánimos de los representantes de la carrera. Entre ellas están las siguientes:

- Introducir en el sistema informático de las Fiscalías una nueva funcionalidad que alerte del vencimiento de los plazos de las instrucciones.

- Garantizar que se articularán refuerzos en las Fiscalías en las que se necesiten.

- Dar instrucciones a los secretarios judiciales para que informen a los fiscales de las fechas de incoación de las causas, dato imprescindible para el cómputo de los plazos.

- Aclarar aspectos de la reforma que generan dudas, entre ellos a partir de qué fecha comienza a contarse el plazo en aquellos casos en los que se han producido inhibiciones y acumulaciones, o qué sucede con las diligencias practicadas fuera de plazo.

"No es una ley de punto final"

Desde el departamento de Catalá se subraya que la reforma "de ninguna manera puede considerarse una ley de punto final" porque se introdujo una previsión según la cual "en ningún caso el mero transcurso de los plazos máximos fijados dará lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstanciasprevistas en los artículos 637 o 641» (sobreseimiento libre o provisional).

La norma incluye otras vías de escape a los plazos establecidos. Así, se prevé que, si lo piden el fiscal "o alguna de las partes personadas", el juez pueda fijar excepcionalmente "un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción" por una causa tan inconcreta como es "concurrir razones que lo justifiquen".

Además, la ley prevé la interrupción del cómputo de los plazos durante el tiempo en que las actuaciones estén declaradas secretas (por ejemplo, para realizar seguimientos, escuchas o detenciones y registros) y no volverán a correr hasta que se alce el secreto.