Proceso soberanista

La maestra desmonta la coartada de los voluntarios del 9-N que esgrime Mas

Dolores Agenjo, la ex directora de un instituto seleccionado como sede del 9-N, ha contradicho la versión dada por Artur Mas al juez.

Dolores Agenjo  atiende a los medios a la salida del TSJC tras su declaración

Dolores Agenjo atiende a los medios a la salida del TSJC tras su declaración Efe

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Dolores Agenjo, ex directora de uno de los institutos elegidos por la Generalitat para acoger la votación independentista del 9-N, ratificó este lunes ante el juez Joan Manel Abril que fue "presionada" por cargos del Departamento de Enseñanza para entregar las llaves del centro.

No sólo eso: lo más relevante de su declaración -estimaron fuentes jurídicas- ha sido que ha aportado datos que ponen en cuestión la versión de que, a partir del 4 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, el proceso quedó en manos de voluntarios, sin que la Generalitat interviniese.

Ésta es la tesis que sostuvieron la pasada semana el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas; la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Al desvincular a la Generalitat del "proceso de participación ciudadana", los tres imputados sostienen que no desobedecieron al TC.

Sin embargo, Agenjo ha afirmado que en la tarde del viernes 7, es decir, pocas horas antes de las votaciones, una empresa de transportes contratada por la Generalitat acudió al instituto con el fin de dejar el material necesario para la consulta. La testigo manifestó que sabe que se trataba de un encargo de la Generalitat porque vio el albarán. Agenjo no firmó el documento ni permitió la descarga de la mercancía.

De hecho, el centro que dirigía permaneció cerrado el domingo 9, frustrando el plan de la Generalitat de que fuera sede del proceso. Según la ex directora, los días 6 y 7 de noviembre -esto es, tras la suspensión del TC- mantuvo "cinco conversaciones telefónicas" con Montserrat Llobet, directora de los servicios territoriales de Enseñanza en la comarca de Barcelona, en las que ésta le pidió que entregara las llaves del centro.

Agenjo reclamó una orden por escrito y, según manifestó, Llobet le contestó que se la daría siempre que no se la enseñara a nadie. La docente le dijo que eso no podía ser así y que, en cuanto recibiera la orden, la enviaría a la Alta Inspección del Ministerio de Educación porque ella era "funcionaria del Estado" y había recibido una carta de la Delegación del Gobierno indicándole que se debía abstener de cualquier participación en la consulta independentista. El documento anunciado por Llobet nunca llegó.

Dolores Agenjo señaló que la directora de los servicios territoriales le hizo ver que era "la única" que se negaba a entregar las llaves y le advirtió de que su actitud podría tener "consecuencias" en su carrera. También afirmó que recibió correos electrónicos con amenazas, pero no los ha aportado al juez.

"Mi centro no recibió ordenadores"

La ex directora del instituto Pedraforca, situado en Hospitalet (Barcelona), contradijo la versión de los tres políticos imputados en otro aspecto destacado. Según Mas, Ortega y Rigau, los ordenadores que se utilizaron en la consulta no se adquirieron para este evento sino que estaban previstos por Educación como equipamiento de los centros escolares y se pagaron con cargo a las partidas generales de ese departamento.

Sin embargo, Agenjo aseguró que su instituto -que no participo en el 9-N- no recibió ni uno solo de esos ordenadores, poniendo en cuestión que la finalidad de ese material fuera su distribución entre los centros de enseñanza. 

La profesora, que se prejubiló tras el episodio del 9-N, ha respondido a preguntas de las defensas que recibió un ofrecimiento de Ciudadanos para integrarse en las listas de las últimas elecciones autonómicas, aunque ese ofrecimiento fue el pasado julio, muy posterior a los hechos ocurridos el 9-N.