Proceso soberanista

El Tribunal catalán recibe a Mas ordenando investigar el dinero que destinó al 9-N

Arropado por sus fieles en una nueva exhibición de fuerza frente al Tribunal de Cataluña, Artur Mas declara como imputado por montar el 9-N. El juez investiga cuánto dinero público empleó. 

Artur Mas saluda a los simpatizantes de su candidatura electoral.

Artur Mas saluda a los simpatizantes de su candidatura electoral. Barcelona

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El presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se enfrentó hoy a su primera cita judicial como imputado por la celebración de la consulta soberanista del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Mas acudió al palacio de justicia en medio de un multitudinario arropamiento pese a que tanto la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el propio Consejo General del Poder Judicial consideraron un "ataque directo a la independencia judicial" las concentraciones que tuvieron lugar el martes con ocasión de las comparecencias de la ex vicepresidenta Joana Ortega y de la consejera en funciones de Educación, Irene Rigau, también imputadas.

La Sala de Gobierno del TSJC interpretó que esas "manifestaciones y concentraciones a la puerta del palacio de justicia [tienen] el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones". No consta si el magistrado instructor del proceso contra Mas, Joan Manel Abril, comparte o no esa apreciación, pero el hecho objetivo es que en una resolución dictada el martes -esto es, el mismo día que interrogó a Rigau y Ortega- ordenó nuevas pesquisas directamente enfocadas al esclarecimiento de otro de los delitos que se investigan junto a la desobediencia al TC, la presunta malversación de fondos públicos.

Las diligencias fueron solicitadas por la Fiscalía el pasado día 9 y asumidas en sus propios términos por Abril, que a lo largo del procedimiento ha aceptado todas las peticiones de investigación propuestas por el Ministerio Público.

Las nuevas diligencias afectan, de nuevo, al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un organismo de la Generalitat que tuvo un papel clave el 9-N porque fue el encargado de la provisión de los ordenadores y el software para las votaciones.

Apercibimiento al director del CTTI

No es la primera vez que se reclaman datos al CTTI, al que en junio ya se solicitó "todo acuerdo o encargo" relacionado con la gestión informática de la votación y el recuento de resultados, así como la identificación del responsable técnico que asumió la dirección de esas tareas.

La incompleta respuesta que envió al Tribunal el director gerente del organismo, Jordi Escalé, en concreto respecto a la identificación del director técnico de los trabajos, llevó al fiscal a pedir al instructor el pasado septiembre que cursara "un nuevo requerimiento [al citado cargo] con los apercibimientos correspondientes a la responsabilidad que para el mismo se pudiera generar de no dar cumplida respuesta a la orden judicial". Escalé contestó asumiendo personalmente la responsabilidad técnica de las tareas que el CTTI hizo para el 9-N.

Lo que ahora se pide es el expediente "completo" relativo a la adquisición de 7.000 ordenadores portátiles que, según la Fiscalía, "se utilizaron en todo o en parte" en la votación. El gasto fue asumido por la Consejería de Enseñanza, cuya responsable, Irene Rigau, declaró el martes que era un material informático previsto como gasto general y destinado a los centros educativos, desvinculándolo así del 9-N.

También se ha acordado reclamar al CTTI toda la documentación relativa al transporte de los ordenadores a los institutos que fueron sede de la votación, así como los documentos relacionados con la instalación de aplicaciones informáticas en las computadoras.

Finalmente, en lo que respecta a la tecnología específicamente diseñada para el 9-N, el juez ha requerido "toda la documentación existente en el centro", incluidos los encargos de servicios efectuados a proveedores externos.