Precio de los carburantes

Repsol y Cepsa atacan a la CNMC para bloquear la querella por pactar precios de los carburantes

Consideran que el regulador actuó de manera desproporcionada y prospectiva para imponer las multas y que supone el embrión de la investigación penal

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Las petroleras querelladas por pactar los precios de los carburantes han pasado al contraataque para intentar paralizar la investigación iniciada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Tanto Cepsa como Repsol han recurrido la admisión a trámite de la querella presentada por dos acusaciones y piden el archivo de las actuaciones. La línea de defensa de ambas compañías es similar: atacar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), cuyo expediente sobre este asunto fue la base de las querellas.

En el caso de Cepsa, la compañía recuerda que la multa impuesta por la Comisión, de 10 millones de euros, se encuentra recurrida y, por tanto, no tiene firmeza, lo que impide, a su parecr, que se utilice como base para una instrucción penal. La petrolera está pendiente de que se anule el pronunciamiento de la CNMC "por el quebrantamiento de garantías constituciones, tanto en la obtención de las fuentes de prueba, al haberse acordado la práctica de un registro desproporcionado y prospectivo, como en el desarrollo del procedimiento que se practicó sin la perceptiva audiencia y en el que se causó indefensión".

Según la empresa, los hechos que relatan las querellas "no deben admitirse como fundamento fáctico de la acción penal indebidamente ejercitada", según recoge su recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Además, ve contrario a la ley que se abra un proceso penal cuando ya existe una sanción administrativa por los mismos hechos.

La defensa de Cepsa estima que la causa debe ser "sobreseída sin más demora" porque, a su modo de ver, los hechos no son constitutivos de delito. "Resulta indudable que la tipicidad del ilícito administrativo ni es coincidente con la del proceso penal, y si la CNMC hubiera detectado indicios delictivos habría pasado el tanto de culpa a la jurisdicción penal".

Las querellas se basan en que en mayo de 2013 la Comisión Nacional de la Competencia inició una información reservada que culminó en la apertura de un expediente para determinar si las petroleras se habían puesto de acuerdo para influir en los precios. El organismo concluyó que había habido varios acuerdos entre Cepsa y Repsol. Concretamente, habían pactado en las estaciones de Brea de Aragón e Illueca en julio de 2013; un pacto de no agresión entre ambas entidades en el verano de 2011, e intercambios de información estratégica desde ese año hasta 2013.

Otro de los pactos de no agresión fijados fue entre Cepsa y Disa, en 2011 y en 2013; entre esta última entidad y Meroil, en 2012 y 2013, y entre Galp y Meroil, este último año.

El objetivo de todos estos acuerdo, según recoge el auto de admisión, era "alterar los precios que hubieren resultado de la libre competencia entre las diferentes operadoras en el mercado de venta de combustible".

El juez Andreu, con informe favorable de la Fiscalía, sostiene que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores, penado en el artículo 284 del Código Penal, que sanciona a quienes "empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos".

Defienden el acuerdo en la fijación de precios

En su recurso, la defensa de Cepsa sostiene que "no concurre ninguno de los concretos medios comisivos exigidos" por el Código Penañ: ni violencia o amenazas, ni tampoco engaño. Es precisamente la exigencia legal de que el menoscabo a la libre competencia se produzca a través de la violencia, la amenaza o el engaño "lo que ha llevado a la totalidad de la doctrina científica a entender que prácticas colusorias como los acuerdos en la fijación de los precios han de quedar fuera del ámbito del tipo".

A su juicio, es una "burda argucia dialéctica" la pretensión de los querellantes de justificar que el engaño exigido en el Código Penal lo habrían sufrido los consumidores al desconocer que los precios no son la consecuencia de las reglas de la libre competencia sino de los acuerdos entre las compañías petroleras.

Repsol apunta a su filial

Por su parte, Repsol también pone en entredicho la resolución de la CNMC, que le impuso una sanción de 20 millones de euros, entre otras cosas por conductas desplegadas por su filial, dada su condición de empresa matriz. En su caso, hubo dos votos particulares en la resolución del regulador "que cuestionan seriamente el fondo de la resolución". Así, insiste en que Respol S.A. no tiene ninguna actividad en el mercado de distribución de carburantes y por esta razón "en ningún caso podría llevar a cabo las conductas investigadas".

Respecto al presunto engaño cometido, alegado por los querellantes y apoyado por la Fiscalía, la compañía también califica tal argumento de "falaz". "Si los pactos colusorios supusiesen, per se [por sí mismos], un engaño, cualquier pacto colusorio sería constitutivo de delito y no existiría diferencia alguna entre el ilícito administrativo y el penal", sostiene.

La acusación popular representada por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ya ha presentado su escrito oponiéndose a los recursos presentados por los querellados. Entre otros puntos, entiende que el juez debe rechazar sus pretensiones porque con los acuerdos por los que pactaron los precios "se hace creer al consumidor un cosa que no es verdad: que los precios se forman en el libre mercado y además que esta formación de precios está amparada por la ley, cuando en realidad se han formado al margen de ella". A su juicio, crean una apariencia de legalidad "que produce engaño a las autoridades y consumidores, alterando la libre competencia".

Imaz se desmarca de los hechos

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, contra quien se dirige la querella personalmente, ha presentado un recurso propio en el que sostiene que ni siquiera ocupaba su actual cargo cuando se produjeron los hechos cuestionados.

Según alega, ni siquiera su trabajo en la compañía guardaba relación alguna con la sociedad o la actividad de negocio en la que supuestamente se habrían cometido las actuaciones sospechosas. Por eso, el ex presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) entiende que en lo que él se refiere el proceso debería ser archivado porque, de lo contrario, se "dilatará indebidamente" la instrucción una vez se acredite que él no tiene nada que ver.

La acusación, por contra, se opone a apartar a Imaz porque "es obvio que el responsable de toda la estrategia comercial de la entidad ha de ser llamado a declarar y para proteger sus derechos ha de serlo en condición de imputado, sin perjuicio del resultado de la investigación".