Comunidad de Madrid

Los agujeros de la contratación pública en Madrid

La Cámara de Cuentas detecta irregularidades millonarias, pero no tiene capacidad de sancionar y suelen acabar impunes.

Canal de Isabel II

Canal de Isabel II

Aperturas irregulares de sobres; contratos troceados para no pasar el límite legal y poder realizar la adjudicación a dedo; selección de empresas con criterio de servicio exclusivo para funciones que podrían prestar otras muchas competidoras; criterios definidos en los pliegos a imagen y semejanza de un candidato concreto; procesos en los que la misma persona que promueve la contratación, confecciona el pliego, preside la mesa, elabora la valoración técnica y autoriza las facturas…

Los informes de fiscalización del consejo de la Cámara de Cuentas de Madrid incluyen una y otra vez buena parte del rosario de irregularidades tras las que suele ocultarse la corrupción. Esto no significa que exista necesariamente un comportamiento corrupto detrás de cada uno de los casos cuestionados pero, ¿cómo saberlo si, la mayoría de las veces, no se va más allá? El efecto del informe, dado que la Cámara de Cuentas no tiene capacidad sancionadora ni para forzar que le entreguen la información que pide y que solo en casos de gran envergadura interviene de oficio el Tribunal de Cuentas y tras él la Justicia, es casi siempre limitado.

Como muestra, el último informe de fiscalización aprobado por el consejo de la Cámara de Cuentas de Madrid, referido a los contratos de los entes, organismos y entidades del sector público madrileño en 2013. Las irregularidades en contratos van desde pequeños rotos del sistema por los que se fuga gota a gota dinero de los contribuyentes, a cantidades de varios millones de euros.

Ejemplo de goteo dentro del citado informe son dos contratos del IVIMA para “asesoramiento en materia de enajenación de determinadas promociones de viviendas” formalizados en abril y septiembre de 2013 que acabaron adjudicados a la misma empresa que además no era la más barata de las invitadas a participar en el proceso. Con una distancia temporal de cinco meses entre uno y otro contrato, ambos tenían el mismo importe de adjudicación (60.000 euros) y el mismo procedimiento: “negociado sin publicidad”, es decir, adjudicación a dedo, a pesar de referirse a volúmenes de trabajo diferentes. En ambos procesos se invitó a tres empresas a participar. Sólo una coincidió: la adjudicataria.

Los contratos del Canal

De mayor entidad son los contratos considerados irregulares entre los formalizados por el Canal de Isabel II, ente también dependiente de la Comunidad de Madrid y del que fue director general hasta 2003 el hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda. Para empezar, el Canal tiene en sus instrucciones internas de contratación una fórmula propia denominada contrato “simplificado sin licitación previa”. Dicha fórmula se basa en el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la adjudicación a dedo y sin publicidad cuando la prestación "solo pueda encomendarse a un empresario determinado", es decir, cuando nadie más esté capacitado para una determinada labor. 

Como ha constatado la Cámara de Cuentas, "esto no sucede" en cinco contratos fiscalizados que suman un valor de adjudicación de 1.027.688 euros y que han ido a parar, aunque troceados, a una misma compañía pese a que "existen otras muchas empresas que podrían realizar la prestación". El objeto de los cinco contratos es "la prestación de servicios de asistencia técnica a la realización de obras" y la selección a dedo, basada en el falso cumplimiento del artículo 170, permite que, cuando se produce un retraso en dichas obras, el Canal vuelva a adjudicar los contratos de asistencia "a la misma empresa". 

Aún de mayor cuantía, 2.150.903 euros, es el contrato de "redacción de proyecto y obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cervera de Buitrago y El Berrueco", también por parte del Canal de Isabel II. En la fiscalización del expediente, la Cámara detecta que no hay constancia de que "se haya producido separadamente la apertura del sobre con la documentación relativa a los criterios valorativos (...) de la apertura del sobre con la oferta económica". Como señala el informe, el orden de apertura de sobres "es una exigencia insoslayable de la aplicación de los principios de transparencia, objetividad y no discriminación en los pliegos de cláusulas". 

El Canal adjudicó un contrato por 2,75 millones para un programa informático que debía estar implantado ya en 15 hospitales.

Ejemplo de cláusulas aparentemente diseñadas para que sólo puede cumplir un número limitado de candidatos lo encuentra la Cámara en tres adjudicaciones del Canal a una misma empresa, que suman un importe de 1.490.047 euros. En todos los procesos se pidió como requisito de solvencia del candidato, simplemente para ser admitido en la licitación, "disponer de un parque de materiales en almacén cuya titularidad corresponda a la empresa licitadora, a una distancia inferior a 150 km de las obras objeto del proyecto". Como explica el informe, esta cláusula supone "una discriminación por razón del territorio (agravada por la exigencia de titularidad) que no tiene cabida en la legislación de la contratación del sector público".

Similar es el caso de la adjudicación, para el Hospital de Fuenlabrada, de "un programa de trabajo en el que se desarrolle el sistema de funcionamiento a adoptar en el hospital y la entrega de una aplicación informática de dietética", con un valor de adjudicación de 2.750.000 euros. El pliego de cláusulas del expediente de contratación exigía que la citada aplicación informática tuviese "implantación previa en más de 15 hospitales", criterio que fue censurado por la vocal interventora de la Mesa de Contratación, "pero no fue tenida en cuenta por la Mesa". Como señala el informe, esa exigencia "cerró de facto el acceso a aplicaciones que, cumpliendo las características técnicas, puedan estar menos difundidas". 

El informe también detecta que la empresa Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U., dependiente de la Comunidad de Madrid, adjudica un contrato por importe de 711.286 euros en el que la misma persona, "el director técnico, realiza múltiples cometidos: promueve la contratación y suscribe el informe de necesidad e idoneidad; confecciona el pliego de prescripciones técnicas particulares; preside la Mesa de contratación que realiza la propuesta de adjucación; elabora la valoración técnica de los criterios dependientes de un juicio de valor; emite el informe correspondiente al procedimiento seguido; supervisa la ejecución del contrato y autoriza las correspondientes facturas". 

Los entes dependientes de la Comunidad de Madrid adjudicaron 1.266 contratos en 2013 por un monto total de 638,5 millones de euros. La Cámara de Cuentas puede tardar años en estudiar los contratos concretos de estos entes y nunca comprueba todos, incluso del año en que los fiscaliza. Sí efectúa un seguimiento de las prácticas de contratación en ejercicios sucesivos pero los contratos fiscalizados con irregularidades  detectadas no implican en la mayoría de los casos más repercusión que las recomendaciones de la Cámara.

A esta dificultad a la hora de detectar casos de corrupción se une la citada falta de capacidad sancionadora de los tribunales de cuentas, que en numerosas ocasiones sí detectan irregularidades. El caso más claro de esta disfunción del sistema fueron los 3.000 millones de euros en facturas sanitarias sin pagar que llegó a acumular en 2012 la Generalitat Valenciana, objeto ahora de una multa de Bruselas de 19 millones de euros por déficit oculto. La Sindicatura denunció durante años en sus informes la existencia de esas facturas que no estaban siendo atendidas.  

El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, pidió en su comparecencia ante la Comisión de Endeudamiento de la Comunidad, abierta a instancias de Ciudadanos y Podemos, capacidad sancionadora para el organismo que preside. No tanto para las irregularidades que se detectan, que son presentadas ante la Justicia por el Tribunal de Cuentas cuando así lo considera, como para evitar que queden sin castigo aquellas administraciones que no presenten la información que se les requiere.

El problema local

Si a nivel autonómico el efecto de los informes es limitado, mucho más a nivel local. Tienen que darse casos como el del informe de 2012 del Ayuntamiento de Navalcarnero, por citar uno aprobado recientemente y extremo, para que un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid mueva al Tribunal de Cuentas a acudir a la Fiscalía. Para cuando eso ocurrió, ya había dado tiempo al ex alcalde de Navalcarnero Baltasar Santos, del Partido Popular, a quebrar el Ayuntamiento a base de gastos aprobados por decreto (con una adicción a los cruceiros y a las compras de granito que mantuvo hasta sus últimos días al frente del Consistorio), todo ello después de prorrogar año tras año los presupuestos de 2008, con unos ingresos de la era de la burbuja totalmente irreales.

Otro ejemplo de informes con irregularidades que, de momento, no han implicado más actuación que su simple detección, el del ejercicio 2014 de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los municipios entre 40.000 y 100.000 habitantes que utilizaron el Fondo de Pago a Proveedores (FFPP) del Ministerio de Hacienda para abonar las facturas acumuladas en los cajones.

Fueron 11 ayuntamientos que hicieron uso del Fondo por un total de 306 millones de euros. El 42% de este importe fue solicitado por Valdemoro, epicentro de la Púnica, y Arganda del Rey. Así mismo, los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Rivas-Vaciamadrid llaman la atención porque el 62% de las facturas presentadas no estaban contabilizadas previamente en los presupuestos. 

Intervención a dedo

El problema a nivel local no reside sólo en la dificultad que encuentran los organismos de control externo, sino también en la calidad de los controles internos. Como explica la Fundación ¿Hay Derecho? en el informe Corrupción Institucional y Controles Administrativos Preventivos, en el que se analizan 330 sentencias de 2011 a 2014 que incluyen condenas por 544 delitos relacionados con la corrupción, son funcionarios quienes ejercen las labores de control en los diferentes niveles de la Administración pero, mientras en la Administración General del Estado se exige pertenecer al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores, a nivel autonómico no hay un cuerpo específico y a nivel local, especialmente en municipios de gran tamaño, prima la designación a dedo y el nombramiento de personal de confianza en lugar de convocar concursos para cubrir las vacantes de los puestos de control.