Auditoría de la deuda

La Cámara de Cuentas de Madrid airea los años de opacidad del PP

Hasta en 14 ocasiones informó a la Asamblea y al Gobierno de la falta de rendición de cuentas del Campus de la Justicia

Ignacio González llega a la inauguración del año judicial en 2014.

Ignacio González llega a la inauguración del año judicial en 2014. Getty Images

Hasta en 14 ocasiones reclamó la Cámara de Cuentas de Madrid al Gobierno de la Comunidad y a la Asamblea de parlamentarios las cuentas del Campus de la Justicia. No hubo respuesta. La sociedad que gestionaba el gran proyecto de Esperanza Aguirre no rindió la información relativa a 2006, entregó fuera de plazo la de 2007, 2008 y 2009 y, desde 2010, no rindió cuentas ni un solo ejercicio.

Era imposible comprobar si los ingresos que recibía la sociedad, inyectados por la Comunidad de Madrid, estaban justificados. Así lo explicó ayer Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas, en la primera sesión de la comisión de endeudamiento y gestión pública de la Comunidad de Madrid, presidida por José Manuel López, de Podemos.

No hay razón, explicó Canalda, ni siquiera para que no se rindiesen las cuentas desde 2011, año en que la sociedad Campus de la Justicia entró en el proceso de liquidación. Hacía tiempo que el responsable de fiscalizar las cuentas públicas no comparecía ante una comisión del órgano legislativo madrileño.

En la última legislatura, la Asamblea, con mayoría del Partido Popular, dio la espalda al organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas. No les llamaban para que presentasen en comisión sus informes fiscalizadores como ocurre en otras autonomías y había ocurrido hasta entonces también en Madrid. En concreto, explicaron fuentes de la Cámara a EL ESPAÑOL, “no comparecíamos desde 2011”.

Auditoría a la gestión del PP

Canalda compareció ayer porque la Asamblea de Madrid ha puesto en marcha dos comisiones para auditar las legislaturas del Partido Popular. La comisión de Endeudamiento y Gestión Pública, que inició sus sesiones ayer y está presidida por Podemos; y la de corrupción política, presidida por Ignacio Aguado, de Ciudadanos.

Ambas tendrán vasos comunicantes de modo que lo que se estudie en una podrá pasar a otra. Además del Campus de la Justicia se pretende investigar la inversión de 600 millones de euros en el Metro ligero de Pozuelo a Boadilla, la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid, la gestión del Canal de Isabel II o el Parque de bomberos de Valdemoro.

La Ciudad de la Justicia

La auditoría de la gestión del PP ha empezado por la Ciudad de la Justicia, el que iba a ser el mayor complejo dedicado a este fin en Europa. 12 edificios que reuniesen en 300.000 metros cuadrados las 28 sedes judiciales que están dispersas por Madrid. Dos de ellos con el sello del arquitecto Norman Foster.

El Campus de la Justicia, uno de los grandes proyectos de Esperanza Aguirre cuando estaba al frente de la Comunidad de Madrid, nacía como sociedad en 2004 y era liquidada diez años más tarde, en el verano de 2014, ya con Ignacio González como presidente autonómico y tras 105 millones inyectados por el Gobierno autonómico, con sólo un edificio terminado, que además está cerrado y en estado de abandono.

A brazo partido con el calendario electoral, González intentó relanzar el plan pocos meses después, a finales de 2014, rebautizando el proyecto como Ciudad de la Justicia y anunciando que estaría terminado para 2019. El Gobierno autonómico del PP adjudicaba la construcción a OHL y Acciona, que invertirían 483 millones de euros a cambio de recibir un canon de 45 millones de la Comunidad durante los 30 años que iba a durar la concesión.

Sin embargo, un recurso presentado por la firma de ingeniería Corsan Corviam provocó la paralización de la adjudicación definitiva, que fue finalmente suspendida por el Gobierno de Madrid, ya con Cifuentes al frente, el pasado mes de julio.

Capacidad sancionadora

Cuando una administración pública o uno de sus órganos dependientes se niega a facilitar la información que le requiere la Cámara de Cuentas, a este organismo no le queda mucho más remedio que volver a pedir dicha información. No hay margen de acción. Para solventar esta situación, Canalda pidió ayer ante la citada comisión de endeudamiento que se dé a la Cámara de Cuentas capacidad sancionadora.

La solicitud no ha sido vista con malos ojos por el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes al frente, que se plantea presentar una proposición no de ley al respecto. Las fuentes consultadas en la Cámara aclararon que su intención no es que se sancione a la Administración Pública, porque acabaría pagando el bolsillo de los ciudadanos, sino los responsables de rendir cuentas personalmente.