Sanciones

Podemos expedienta a diez consejeros por el 'pucherazo' de Alicante

Están acusados de manipular las primarias, crear cuentas falsas contra sus rivales y tratar de forma intolerable a sus compañeros de partido.

Pablo

Pablo

Podemos ha expedientado a diez miembros de su Consejo Ciudadano en Alicante, acusados de manipular las elecciones internas para hacerse con el control de la formación. Entre los afectados -sancionados con un año de expulsión del partido - se encuentra el actual secretario general de la formación en Alicante, Ramón Bustos, y la diputada autonómica Covadonga Peremach. El dictamen de la Comisión de Garantías autonómica, emitido el pasado día 16, considera "acreditado" que los expedientados "inscribieron o facilitaron la inscripción a personas distintas al municipio a fin de que votaran" en las elecciones internas de la formación, tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado 19 de agosto.

La sanción ha sido recurrida por los diez afectados, que en una nota pública han anunciado su recurso ante la Comisión de Garantías nacional de Podemos. Este organismo será el encargado de confirmar o no la expulsión de los miembros de la lista avalada por Pablo Iglesias en Alicante. En su escrito, los afectados consideran que las conversaciones de mensajería electrónica que sirvieron como prueba contra ellos " han sufrido manipulación con cortes efectuados de forma interesada". Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Garantías autonómica descarta este hecho: "Los expedientados no aportan prueba alguna que sustente sus manifestaciones, ni tan solo el historial real del grupo [de Whatsapp]  a fin de cotejar las manipulaciones a las que aluden".

En su contra, el pasado 2 de septiembre tres ex consejeros de Alicante se presentaron ante la Comisión de Garantías "como testigos directos", confirmar la veracidad de las conversaciones registradas con sus propios teléfonos. Uno de ellos, Pau González, "es uno de los afectados en este expediente, motivo por el cual su declaración podría ser tenida por un reconocimiento de los hecho se incluso allanamiento tácito, lo que se puede dejar de valorar".

Elecciones manipuladas

Pese al debate sobre la autenticidad de las conversaciones, la acusación más grave que pesa sobre el grupo es la de manipular de forma activa las elecciones. La Comisión de Garantías de la Comunidad Valenciana considera "acreditado" que "los expedientados inscribieron o facilitaron la inscripción a personas distintas al municipio a fin de que votaran en las elecciones al Consejo Ciudadano y al Secretario General de Alicante". En su comunicado público, los diez consejeros sancionados lo niegan de forma categórica. Y aseguran que "la propia resolución reconoce que no existen pruebas que demuestren la participación fraudulenta de votantes". Sin embargo, no es así.

El dictamen de la Comisión de Garantías explica que "en las elecciones al aludido Consejo Ciudadano, la diferencia entre el último de los consejeros (puesto 24) y el siguiente en las elecciones fue únicamente de 17 votos por lo que existe un claro riesgo de que el resultado de las elecciones se haya visto comprometido". La conclusión de los responsable del Podemos choca frontalmente incluso con la versión oficial mantenida por el equipo de Pablo Iglesias sobre el episodio. Cuando estalló el escándalo, la dirección de comunicación de Podemos mantuvo a este periódico que las elecciones nunca se vieron comprometidas. Ahora, el dictamen de la propia formación dice todo lo contrario.

Para mantener su versión, la Comisión de Garantías Autonómica se basa en un informe del servicio de informática de Podemos, que tras analizar el censo y las votaciones de las primarias municipales, "viene a confirmar la utilización de las direcciones antes aludidas facilitadas por los expedientados a los inscritos fuera del municipio, otorgando verosimilitud tanto al historial de conversaciones ed Whastapp como a los hechos que de él se deducen".

En un último apunte, el informe remarca "el entorno de toxicidad y desprecio hacia otros compañeros que se desprende de la actitud de los expedientados, y que sólo puede calificarse de una forma: intolerable"