Elecciones catalanas 2015

Nada más (y nada menos) que unas elecciones autonómicas

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

La cita que este domingo tienen los catalanes con las urnas servirá única y exclusivamente para decidir quién obtendrá el mandato para gobernar en la Generalitat la próxima legislatura. Eso y no otra cosa se decide en unas elecciones autonómicas. Todo lo demás son fantasías. Ahora bien, existe una gran diferencia entre que ganen quienes tratan por todos los medios de saltarse la legalidad a que lo hagan quienes respetan el marco constitucional.

Los partidarios de romper España por las bravas, obviando las leyes, tienen el control de los resortes del poder en Cataluña. Eso les ha permitido movilizar a todos sus simpatizantes, tal y como ha quedado de manifiesto en las últimas celebraciones de la Diada. El dato de que Artur Mas ha convocado tres elecciones en cinco años, además de ser la prueba del fracaso de su proyecto político, habla a las claras del escenario de tensión que ha pretendido y logrado instalar en la sociedad catalana. Ese es el clima que le convenía a su plan rupturista.

Así las cosas, ningún separatista se quedará en casa el domingo. Creen que es la gran oportunidad para lograr su objetivo. Y no es aventurado asegurar que no tendrán otra coyuntura más favorable para tratar de hacer valer su posición.

Hay argumentos de sobra para rebatir a los independentistas. De entrada, es un movimiento que brota de la insolidaridad. Los partidarios de la secesión revisten sus intenciones con conceptos vagos como “dignidad” o “derecho a decidir”, pero de lo que se trata en el fondo es de que la comunidad más próspera de España se quede con todos sus recursos para utilizarlos en su propio beneficio. Por completar la caricatura, lejos de ser una rebelión de opresores contra oprimidos es una insurrección de ricos contra pobres. ¿Solicitarían la independencia si el PIB de Cataluña estuviera a la cola del país, o entonces primarían valores tan elevados como el de la igualdad y la fraternidad?

Hay, sobre todo, razones históricas y sociales que son las que han configurado una situación de hecho. Como dijo Julián Marías, “nada hay más anticatalán que el intento de despojar a Cataluña de sus raíces, de sus hermandades”. Nadie ha impuesto que Cataluña sea España. Todos los españoles, también los catalanes, hemos constituido un Estado de Derecho con unas normas que son garantía de nuestros derechos a la par que establecen nuestras obligaciones.

Sin embargo, todos los motivos que pueden aducirse en pro de la unidad y la convivencia han sido y son despreciados por los independentistas. Incluso los de orden pragmático, como los perjuicios que para la economía tendría una hipotética secesión.

Precisamente la habilidad que han tenido los separatistas ha sido la de que la campaña se haya jugado en su terreno, con unos políticos que, para defender la unidad, han dado pábulo a la idea de que la independencia unilateral de una parte de su territorio es una posibilidad real. Esa torpeza encontró su máxima expresión en el debate que el ministro de Asuntos Exteriores mantuvo, de igual a igual, con uno de los líderes del movimiento secesionista. Los independentistas no podían encontrar mayor reconocimiento a sus aspiraciones por parte del Estado que pretenden destruir.

El Gobierno y el PP han contribuido a la ceremonia de la confusión en la que se crece el soberanismo, ora dando a entender que el Estado desamparará a los catalanes si el batiburrillo por la independencia consuma sus amenazas, ora intentando traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pararle los pies al presidente de la Generalitat.

El primer partido de la oposición, el PSOE, parece no haber aprendido nada del pasado y ha seguido jugando al juego de las equidistancias. Su ingenuidad le ha llevado a tratar de seducir a los separatistas con nuevas concesiones bajo el manto de un confuso federalismo.

A la izquierda del PSOE, ICV y Podemos, unidos en la plataforma Catalunya Sí que es Pot, aún bailan la yenka: lo mismo afirman que no quieren que Cataluña se independice que se adhieren al “derecho a decidir” que lo facilita.

Tampoco los independentistas de Junts pel sí tienen de qué presumir. Han articulado su campaña en torno a mentiras, manipulaciones, ocultaciones y medias verdades. Sus candidatos han mentido sistemáticamente acerca de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y hasta deportivas que tendría una declaración unilateral de independencia. Afirmaciones como que en una Cataluña independiente no habría corrupción y la gente sería más feliz son tan ridículas que se califican por sí solas.

Llegados a este punto, es muy importante que este domingo acudan a votar aquellos catalanes que no tienen intención de dejar de ser españoles; no porque peligre su condición de tales, sino para que quienes pretenden romper la legalidad ni siquiera tengan la oportunidad de intentarlo. Cuanto más apoyo obtengan las fuerzas constitucionales más claramente verán frustradas los independentistas sus vanas intenciones de imponer el trágala a todos los catalanes y al resto de los españoles.

Pero que nadie se lleve a engaño. El 27-S no es un plebiscito. Sólo se han convocado unas elecciones autonómicas. Y la misma ley y el mismo Estado que han permitido que se celebren en tiempo y forma, garantizan que sus resultados -sean cuales sean- sirvan exclusivamente para aquello para lo que están concebidas.