TRIBUNALES

Demandan a Abengoa y su excúpula directiva por mentir a los inversores españoles

Se trata de una acción civil del despacho Cremades & Calvo Sotelo contra la empresa y sus antiguos gestores por “la falta de veracidad de la información vertida al mercado sobre sus cuentas”.

Manuel Sánchez Ortega, ex consejero delegado de Abengoa

Manuel Sánchez Ortega, ex consejero delegado de Abengoa Getty Images

Nuevo frente judicial para la compañía sevilla de energías renovables. El despacho Cremades & Calvo Sotelo ha presentado una demanda en los juzgados de Sevilla, a la espera de que sea admitida a trámite, en la que se acusa a Abengoa de vulnerar el artículo 124 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), reformado a finales de octubre.

“La presente demanda tiene por objeto solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por mi mandante como consecuencia de la falta de veracidad de la información vertida al mercado por Abengoa y su órgano de administración durante los últimos meses, que no ha reflejado la imagen fiel de la sociedad según exige la legislación española, como principal protección de los inversores”, señala la demanda que ha sido presentada hoy en Sevilla.

En concreto, según la demanda, la compañía dio información a los inversores que, "en absoluto, hicieron prever la entrada en preconcurso", que se produjó el pasado 25 de noviembre. Según la empresa sevillana, la caída en esa situación se produjo después de que se abortase la inversión de Gonvarri (Gestamp) en la empresa. El potencial inversor iba a inyectar unos 400 millones de euros en la empresa, aunque lo condicionó al análisis (due dilligence) de los activos y cuentas de la Abengoa. Esa radiografía no salió del todo bien y provocó la espantada de Gonvarri.

Según consta en la demanda, los administradores de Abengoa "deberán responder como consecuencia de la vulneración de las obligaciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) en cuanto a sus obligaciones de desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad".

En los mismos términos se ha posicionado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusa a Felipe Benjumea (expresidente) y a Manuel Sánchez (exconsejero delegado) por administración desleal y uso de información privilegiada, además de considerar que las indemnizaciones que recibieron los dos directivos por objetivos cumplidos también vulneran la ley.