La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado al Gobierno una reunión urgente para modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de modo que se adapte a la sentencia del Tribunal Constitucional adelantada por este diario. En su auto, el TC determina que el tributo, conocido popularmente como impuesto de plusvalías, obliga a contribuir a todos los ciudadanos que vendan o donen un suelo urbano aunque su precio haya caído. Esto significa que grava un acto sin capacidad económica, algo que va en contra de la Constitución Española. Un tributo que, además, ha disparado su recaudación durante la crisis.

La FEMP ya advirtió en 2015 sobre esta cuestión al Gobierno. Los municipios y provincias reunidos en Pleno en septiembre de 2015 firmaron una resolución en la que solicitaban al Ejecutivo "la aprobación con carácter urgente" de determinadas medidas, entre las que se incluía el impuesto de plusvalías. En esta resolución, la Federación alertaba de que el impuesto tal y como estaba diseñado atentaba contra el principio constitucional de capacidad económica ya que "exige mayores esfuerzos contributivos a quienes carecen de capacidad económica". [¿Cómo reclamar el impuesto de plusvalías?]

También trasladaron esta petición al Gobierno el pasado 6 de febrero cuando los representantes de la Federación se reunieron con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La reacción del Ejecutivo es bien conocida: la legislación de Haciendas Locales no se modificó y ahora el TC señala su inconstitucionalidad.

Obedecemos leyes, nosotros no decidimos; seguimos y seguiremos las indicaciones del legislativo; es el legislador quien tiene que entrar al fondo de esta cuestión

Para enmendar la situación, la FEMP ha solicitado al Gobierno una reunión urgente para modificar los aspectos técnicos del tributo que obligan a pagar a las personas que tuvieron pérdidas en el valor de su suelo urbano. Abel Caballero, presidente de la FEMP, ha asegurado que los municipios y las provincias "vamos a estar del lado de los ciudadanos".

Pero la voluntad no es suficiente, ya que todas las administraciones locales tienen que actuar de acuerdo con la ley. "Obedecemos leyes, nosotros no decidimos", ha recordado Caballero, "seguimos y seguiremos las indicaciones del legislativo; es el legislador quien tiene que entrar al fondo de esta cuestión". La sentencia del Constitucional, que de momento se ciñe a la normativa foral de Gipúzcoa, será quien determine que el Ejecutivo tiene que cambiar la normativa para no gravar un acto que no tiene capacidad económica. "Tienen que ser técnicos, juristas y el Legislativo quienes decidan cómo proceder con las plusvalías", ha indicado Caballero.