La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha sacado a la luz el último agujero de las gestiones de los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella en el Ayuntamiento: Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Esta empresa municipal creada en 1998 se convirtió a partir de 2006 en la inmobiliaria del Consistorio, con la que conseguían financiar obras y proyectos y que creó finalmente un agujero total de 431 millones de euros.

Además de las obras a medio realizar, la depreciación de sus inmuebles y la gestión económica deficiente, la Cámara de Cuentas ha sacado a la luz los contratos inflados y entregados a la carta que realizó la empresa pública en su último año y medio de vida, antes de liquidarse en 2013. En ese periodo, que coincide con el mandato de Botella, la empresa acumuló pérdidas cercanas a los 100 millones (74 millones en 2013 y 24 en 2012). La fiscalización de sus operaciones pone de manifiesto que Madridec realizaba una contratación que “se caracteriza por una limitación de la libre concurrencia por abusar de criterios de solvencia excesivos en relación al objeto de los contratos”, denuncia la Cámara de Cuentas.

El resultado es evidente: “Provoca que sólo algunas grandes empresas puedan acceder a la licitación”, señala el organismo. Esto es, los contratos se acotaban para que sólo grandes empresas pudiesen cumplir los requisitos de la oferta, lo que “contraviene lo establecido en el artículo 22,2 TRLCSP [Ley de Contratos del Sector Público]”, que determina que los organismos públicos deben promover la participación de las pymes en los contratos públicos.

Se caracteriza por una limitación de la libre concurrencia por abusar de criterios de solvencia excesivos en relación al objeto de los contratos

Además, la Cámara de Cuentas denuncia que el mismo técnico realizaba la valoración de las ofertas económicas y de los criterios de adjudicación, lo que “contradice los principios de transparencia y objetividad”. En otras palabras, contratos que se elaboraban a la carta para algunas pocas grandes empresas

Por último, la Cámara de Cuentas detectó durante la fiscalización dos contratos que la empresa pública no había comunicado. Uno para la instalación y explotación de un centro deportivo en la Caja Mágica y otro para la instalación y explotación de quioscos con terraza en la Casa de Campo.

El ‘dedazo’

La Cámara de Cuentas ha fiscalizado los 38 contratos realizados en este periodo, que incluyen los dos que la empresa no incluyó entre su documentación. El estudio en detalle de estas operaciones pone blanco sobre negro la denuncia del organismo: las operaciones se hacen sin permitir la libre concurrencia y con contratos inflados sin justificación.

Un buen ejemplo es un contrato de asesoría fiscal que “se adjudica directamente a un despacho de abogados sin que se haya producido una mínima licitación”, señala la Cámara de Cuentas. Los responsables de Madridec justificaron este dedazo argumentando que ese mismo despacho de abogados ya estaba realizando otras operaciones con el ente público, que además conocía las actividades fiscales que realizaba y que tenía una conocida reputación. Con estas razones sobre la mesa, la empresa pública adjudicó el contrato por 45.000 euros (53.100 con IVA). “La adjudicación directa del contrato supone una vulneración del principio de concurrencia”, remarca la Cámara de Cuentas.

Se adjudica directamente a un despacho de abogados sin que se haya producido una mínima licitación

Otro ejemplo es el contrato de explotación de la cafetería-restaurante del Palacio Municipal de Congresos, así como servicios de catering y restauración de eventos realizados en otras instalaciones propiedad de Madridec. Para este contrato, la compañía establece que cualquier empresa que quiera acceder a la licitación tiene que acreditar una cifra de negocio que alcance los 1,2 millones de euros durante los tres años anteriores y un patrimonio neto mínimo de 10 millones de euros. Unas condiciones que sólo están al alcance de una gran empresa. El resultado fue que sólo una compañía se presentó a la licitación y ganó el concurso.

Posteriormente, la actividad económica derivada de este contrato fue inferior a la que la empresa adjudicataria estimaba y consiguió que Madridec modificara las condiciones del contrato para hacerlo más ventajoso para la empresa privada. Esta modificación es irregular, según denuncia la Cámara de Cuentas, ya que “el no cumplimiento de las previsiones de facturación que hizo el adjudicatario no se encuentra en los supuestos contemplados”.

Además de atentar contra la libre competencia, otros contratos están inflados sin justificación. Un ejemplo son las tres licitaciones de la seguridad de tres de sus propiedades, la Caja Mágica, el Recinto Ferial de la Casa de Campo y Montera 25-27; el Palacio de Congresos y el edificio Apot. Todos ellos se adjudicaron elevando un 20% las horas ejecutadas en 2010 y 2011 “sin que se justifique adecuadamente las razones de dicho incremento”.

Además, hay otros tres contratos en estos mismos recintos en los que se encarga su limpieza y adecuación en los que el precio se calcula a partir del coste de 2011. En 2012 la empresa pública decide aumentar los servicios a contratar y, por consiguiente, el precio de la operación, pero sin ninguna justificación que argumente este incremento.