Han pasado casi dos años desde que Comisiones Obreras y UGT pusieron en marcha su proyecto para conseguir una renta mínima para las personas sin ingresos y, después de recoger casi 700.000 firmas, este jueves entrará en el Congreso de los Diputados. Lo hará con el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular y Ciudadanos, según ha podido saber este periódico. Unos apoyos que garantizan que será aprobada su tramitación en el Pleno de este jueves y, a partir de ahí, comenzará a debatirse para su aprobación definitiva como ley o su rechazo.

Los representantes de CCOO y UGT se reunieron el lunes con Unidos Podemos y el martes con el PSOE, PNV, Bildu y PDCat. Las reuniones fueron fructíferas para los sindicatos, ya que se fueron del Congreso con la garantía de que todos ellos apoyarán su Iniciativa Legislativa Popular, por lo que conseguirán salvar la tramitación y empezar el periodo de enmiendas. El escollo más difícil para UGT y CCOO era conseguir el respaldo del PNV, que es quien tiene más dudas sobre la viabilidad de la medida.

El escollo más difícil para UGT y CCOO era conseguir el respaldo del PNV, que es quien tiene más dudas sobre la viabilidad de la medida

El Partido Popular baraja abstenerse ante esta Iniciativa Legislativa Popular debido al amplio respaldo social con el que se presenta en la Cámara, aunque posteriormente intentará frenar la medida, debido a que supone un gran esfuerzo para las arcas públicas. De hecho, el Gobierno se guarda la potestad para frenar normativas que supongan un esfuerzo para las arcas públicas y esta medida podría costar hasta 11.000 millones de euros. Por su parte, Ciudadanos se opone a la medida y, salvo decisión de última hora, votará en contra de su tramitación.

El proyecto, tal y como está presentado por los sindicatos, incluye una renta mínima de 426 euros mensuales para todos los residentes en España (el 80% del Iprem) que tengan ingresos que no alcancen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es, 530,7 euros al mes. Los únicos requisitos son que las personas tengan entre 18 y 65 años, que no cobren ninguna otra prestación pública (ni contributiva ni asistencial), salvo en los casos en los que cobren ayudas a la dependencia, a la infancia o de emergencia social. Tampoco cobrarán la renta las personas que vivan en hogares donde los ingresos superen el 75% del SMI para todos los miembros de la familia.

La resolución está lejos

La tramitación de la ILP está garantizada con el apoyo de los partidos de la izquierda y los autonómicos, sin embargo, la aprobación de una ley para crear una renta mínima está muy lejos de hacerse realidad. Las diferencias entre los partidos que aprobarán su entrada en el Congreso auguran unas negociaciones complicadas. A esto se añade el agravante de que es necesario que todos los partidos que están a favor de su tramitación se pongan de acuerdo, ya que la oposición del PP y Ciudadanos está garantizada y entre los dos suman 169 escaños.

Las diferencias de criterio son, a día de hoy, notables. Por ejemplo, Unidos Podemos confía en aumentar la cuantía de la renta mínima hasta los 600 euros mensuales. Además, quiere incorporar una renta complementaria para los salarios bajos que garantice que todos los trabajadores ganan 950 euros al mes. Una exigencia que choca con la prudencia que mantiene el PNV, que duda de la idoneidad de aprobar la renta mínima.

Unidos Podemos confía en aumentar la cuantía de la renta mínima hasta los 600 euros mensuales

Precisamente el martes ha iniciado un ciclo de conferencias el Instituto 25M, fundación vinculada a Podemos, sobre la renta básica incondicional. Jorge Moruno, responsable de discurso de Podemos, explica que “es el momento de repensar el bienestar de las sociedades europeas”, ya que “hay una incapacidad estructural de dar empleo a toda la población y, además, el 65% de la gente que está en riesgo de exclusión no deja de estarlo aunque encuentre un empleo”.

Por este motivo, desde la formación se insiste no solo en crear una renta básica, sino también complementar los salarios para eliminar la figura del trabajador pobre. “El desarrollo de la renta básica es una realidad, en unos años el debate no será de sí o no, sino que versará sobre qué tipo de renta básica queremos”, señala Moruno.

Moruno defiende que la ayuda sea incondicional, esto es, que la reciban todos los residentes en España, independientemente de si están apuntados al paro, si estudian o si rechazan empleos. En su opinión, si los trabajadores cuentan con una renta mínima para subsistir, pueden rechazar trabajos precarios, con lo que se conseguirá mejorar la calidad del empleo.

Este programa tendría un coste de 15.000 millones de euros, según estimó el equipo de Podemos en su programa electoral. Esto es, se comería la mitad del déficit que puede tener España este año. Un esfuerzo considerable ante la situación de desfase en las cuentas públicas y la abultada deuda pública del país, por lo que sería necesario subir los impuestos para poder ser financiado.